By La exmagistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosalinda Cruz Sequeira, una de las cuatro destituidas en diciembre de 2012 y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Honduras por ese suceso, celebró la decisión judicial y dijo que el país tuvo repercusiones nefastas en los últimos 11 años.
– “Nunca el Estado de Honduras pudo presentar una tan sola razón legal para sustentar nuestra destitución”, expresó.
– Se nos dijeron cosas fuertes como que estábamos ligados con el crimen organizado, pero nunca lograron probaron esas falsas acusaciones, dijo Cruz Sequeira.
Dijo que recibió “con mucha alegría y mucha paz” porque considera que se hizo justicia en el caso de la destitución ilegal de ella y tres magistrados de la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2012.
“Es una sentencia histórica, no sólo para Honduras, sino para América Latina porque el fallo contiene elementos que no se habían abordado en sentencias anteriores como ser el hecho que se hagan reformas legales en el sistema hondureño que proteja la institucionalidad del Estado, especialmente la independencia del Poder Judicial y la inamovilidad de los funcionarios judiciales”, manifestó.
Agregó que la sentencia de la CorteIDH “da ha lugar” los derechos y garantías que les fueron violentados al ser destituidos ilegalmente como ser: las garantías constitucionales, el principio de legalidad, derechos políticos y derecho a la protección judicial, así como el derecho al trabajo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló este lunes que el Estado es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los destituidos -hace 12 años- fueron: José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.
La exmagistrada Cruz Sequeira indicó que “esto fue un hecho histórico negativo para el Estado de Honduras, que trajo implicaciones severas para el Estado hondureño porque se empezó a desinstitucionalizar las instituciones y se violó flagrantemente el principio de separación de poderes”.
Recordó que la destitución ocurrió el 12 de diciembre de 2012 y la denuncia se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de febrero de 2013, aun cuando habían presentado un recurso de amparo ante la CSJ, la cual fue denegada de manera ilegal y absurda.
Citó que luego de ser destituidos se puso en peligro sus vidas e igualmente la familia sufrió los embates de esta decisión tomada por la Cámara Legislativa.
Cruz Sequeira rememoró que para argumentar las destituciones el Congreso Nacional pretendió investigar los actos administrativos que realizaba la CSJ, pero raramente se escogió a la Sala de lo Constitucional, pese a que con base a la Ley del Consejo de la Judicatura esa oficina ya no tenía funciones administrativas, ya que habían sido turnadas al presidente de ese poder del Estado.
“Se dijo que estábamos atentando contra la seguridad del Estado. Había un proyecto de ley que se había aprobado en el Congreso sobre la depuración de la Policía Nacional, y nosotros encontramos que en la redacción de ese texto había una cantidad de violaciones a la Constitución de la República y contra los derechos humanos”, hiló.
Fue así que la Sala de lo Constitución determinó que la ley era parcialmente inconstitucional y se señalaban los artículos que violentaban la Constitución. El falló no fue por unanimidad porque hubo un voto en contra de Óscar Fernando Chinchilla, recordó.
El Congreso Nacional -citó- decidió destituirnos de forma ilegal, no se nos permitió defendernos y tampoco se nos notificó sobre las destituciones y nos enteramos por la televisión.
Los magistrados destituidos estaban reunidos en la CSJ y pidieron hablar con el titular de ese poder, Jorge Rivera Avilés, pero se les informó que éste estaba en el Congreso. Luego fueron notificados que se retiraran porque iba un contingente de las autoridades para arrestarlos.
“Cada uno de nosotros se fue a sus casas. Seguidamente integraron la corte de tal manera que fueran de las personas que iban a aprobar nuestra destitución. Luego presentamos el recurso de reposición que tampoco tuvo ningún efecto y se nos dijo que ningún tribunal en Honduras podría fallar nuestro recurso a favor”, confesó.
Puntualizó que las destituciones de los cuatro magistrados tuvieron repercusiones nefastas para Honduras y siguió la remoción del Fiscal General, y la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Perfil
Rosalinda Cruz es socia de las áreas de propiedad intelectual, industrial y derecho audiovisual y dispute resolution: litigación y arbitraje, mercantil, público y regulatorio en ECIJA Honduras.
Reconocida profesional en el sector financiero, bancario y de seguros, es pionera en materia de fusiones y adquisiciones y muy activa en el área de Derechos Humanos.
Rosalinda ha participado en la elaboración de leyes tales como la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Seguros y Reaseguros, Ley del Sistema Financiero, Ley del Banco Central de Honduras, entre otras.
Docente durante más de 25 años, Rosalinda ha impartido asignaturas de grado y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Tecnológica Centroamericana y la Universidad Católica de Honduras, en materias como Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Mercantil, Propiedad Intelectual, Derecho Administrativo y Derecho de Seguros.
Rosalinda fue elegida por el Congreso Nacional como Magistrada a la Corte Suprema de Justicia de Honduras en el año 2009 y ha ejercido el cargo de Magistrada de la Sala Constitucional hasta el 2012 cuando fue destituida de forma ilegal y arbitraria.
Doctorado en Derecho Mercantil por la Universidad de Buenos Aires en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y licenciada en Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Rosalinda es miembro del Colegio de Abogados de Honduras y arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.
