By El director ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Luis Sosa, reveló que al menos diez individuos desconocidos utilizaron el avión presidencial adquirido durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández en 2014 para actividades no oficiales.
Estas personas no son reconocidas públicamente y no están asociadas con figuras conocidas a través de los medios de comunicación, según declaraciones de Sosa.
“Esos nombres no pertenecen, así, a gente que uno a través de los medios de comunicación haya oído”, detalló.
Ante esta situación, la Dirección Nacional de Bienes del Estado presentó una solicitud al Ministerio Público para que investigue la identidad, ocupación y motivaciones de estas personas que utilizaban el avión presidencial de manera no autorizada. El objetivo es determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el uso indebido de un activo del Estado para fines particulares.
Luis Sosa destacó que, una vez finalizadas las investigaciones, el Ministerio Público tomará medidas para interrogar a los implicados sobre cualquier alteración en los protocolos de uso del avión presidencial. Esto incluirá indagar si existió algún tipo de modificación o desviación de los fines para los cuales estaba destinada la aeronave.
“Una vez concluidas las investigaciones procederá el Ministerio Público a requerir a quien corresponda sobre si ha habido alguna alteración sobre para qué se podía ocupar o se debía ocupar este avión”, indicó.
La solicitud de investigación se enmarca en el compromiso de la Dirección Nacional de Bienes del Estado de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la transparencia en la gestión de activos gubernamentales. El avión presidencial es un bien de alto valor y su utilización inapropiada representa un mal uso de los recursos del Estado.
Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener un control riguroso sobre los activos del Estado y de investigar cualquier irregularidad en su uso. La colaboración entre instituciones como la Dirección Nacional de Bienes del Estado y el Ministerio Público es fundamental para asegurar la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio del poder público.
