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Bueso coincide con otros analistas en que Honduras debe derogar la medida de excepción y adoptar una política pública de seguridad que establezca “los caminos a seguir” para combatir la pobreza, la violencia, crear oportunidades de empleo y garantizar una educación y salud de calidad.
“Si algo no ha dado resultado, no tiene sentido, ya debió suspenderse y que los entes del Estado se sienten a elaborar una política pública desde cero”, enfatizó el analista.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha registrado 440 denuncias contra policías y militares “por abusos”, y al menos 60 masacres que han dejado 260 personas muertas, en el marco del estado de excepción.
Desmilitarizar la seguridad
La medida se ha “desnaturalizado” y otorga a policías y militares “amplias facultades” para determinar los criterios para detener a una persona y allanar una casa sin una orden judicial, señaló a EFE el abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía.
La recurrencia de la medida genera “una grave preocupación” porque pone en “riesgo la vida, la integridad y todos los derechos” de la población ante la supuesta implicación de policías y soldados en casos de homicidios, narcotráfico y otros delitos, enfatizó Mejía.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el pasado jueves su “preocupación” por la participación de militares en tareas de seguridad tras la adopción del régimen de excepción.
En su informe sobre la “visita in loco” que hizo a Honduras en 2023, divulgado la semana pasada, la CIDH instó a las autoridades a implementar un plan de relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y adoptar una política pública nacional de seguridad integral con enfoque de derechos humanos. EFE
