By Un reciente articulo publicado por InSight Crime, revela información sobre la relacion del expresidente Juan Orlando Hernández y el Gobierno de los Estados Unidos.
Hernández, quien ocupó la presidencia de Honduras durante dos mandatos consecutivos, desde 2014 hasta 2022, mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos. Durante este período, se destacó por su colaboración en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado, especialmente en iniciativas anticorrupción y reformas policiales.
Sin embargo, mientras el gobierno de Hernández cooperaba estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra ecrimen, las autoridades estadounidenses estaban construyendo silenciosamente un caso en su contra por tráfico de drogas.
La Administración de Control de Drogas (DEA) comenzó a investigar a Hernández en 2013, justo antes de que asumiera su primer mandato presidencial.
JOH trataba de mantener una imagen de luchador contra el crimen, según el articulo publicado, hay documentos judiciales estadounidenses que sugieren que Hernández podría haber estado implicado en el tráfico de drogas desde mediados de la década de 2000.
Aún cuando en Honduras, se rumoreaba de sus nexos con el tráfico de drogas, el Gobierno de los Estados Unidos no podía actuar con base en la evidencia recopilada debido a su postura política de ese momento.
Al no poder asumir la presidencia en un tercer mandato a principios del 2022 Juan Orlando Hernández fue detenido y enviado a extradición.
«Cuando perdió la presidencia, perdió cualquier utilidad que tuviera para el gobierno de EE. UU.», dijo a InSight Crime Orlando Pérez, profesor de relaciones entre EE. UU. y América Latina en la Universidad del Norte de Texas en Dallas
El juicio de Hernández está programado para febrero de 2024, a las 9: 30 a.m , marcando así el punto culminante de una investigación que abarca varios años.
Esta situación refleja la complejidad de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados, especialmente cuando se enfrentan a acusaciones de corrupción y delitos graves.}
Análisis de InSight Crime
Después de haber pasado años acusando a Hernández de estar involucrado en el tráfico de drogas en otros casos, incluyendo el de su hermano, los fiscales estadounidenses parecen estar a punto de presentar su caso contra el expresidente en la corte.
«Sería un error solicitar la extradición de un expresidente con un caso débil, así que supongo que el Departamento de Justicia cree que el caso es muy fuerte», le dijo a InSight Crime un exfuncionario estadounidense con conocimiento de Honduras, que pidió su anonimato porque no estaba autorizado para hablar.
La solicitud de extradición se produce después de más de dos años de casos y documentos judiciales en los que los fiscales estadounidenses han acusado repetidamente al expresidente de aceptar sobornos de traficantes y participar en la red de drogas de su hermano.
En 2019, un jurado federal condenó a su hermano, el excongresista Juan Antonio “Tony” Hernández, por cargos de narcotráfico. En dicho juicio, el presidente fue nombrado como un coconspirador no acusado. Los fiscales también alegaron que el hermano de Hernández aceptó un millonario soborno del capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a instancias del presidente.
Los fiscales también presentaron evidencia de un libro de contabilidad confiscado a un narcotraficante, en el que supuestamente se detallaban cargamentos de cocaína distribuidos por Tony Hernández, y en el cual había una línea que señalaba un pago de US$440.000 para “JOH y su gente”. Las iniciales “JOH” se han utilizado durante mucho tiempo para referirse al expresidente.
En marzo de 2021, Hernández volvió a cobrar protagonismo en un juicio en Estados Unidos, esta vez contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez. Los fiscales hicieron varias acusaciones contra Hernández, nuevamente como coconspirador no imputado; por ejemplo, que había recibido un soborno de US$25.000 por parte del acusado para proporcionar protección legal y política para las operaciones de narcotráfico. Este acuerdo supuestamente le dio a Hernández acceso a un laboratorio de drogas que producía cientos de kilos de cocaína al mes en el norte de Honduras.
Entre las pruebas más contundentes del juicio se encuentra el testimonio del excontador de Fuentes Ramírez, quien afirmó que estuvo presente en una reunión de la que el expresidente salió con un maletín lleno de efectivo. En los documentos de sentencia de Fuentes Ramírez, los fiscales mencionaron a Hernández más de 50 veces, acusando al entonces presidente de vínculos de larga data con grupos narcotraficantes.
Hernández ha refutado estas acusaciones durante años, a menudo sacando a relucir su historial de extraditar a los principales traficantes, incluidos los miembros de los clanes de drogas Los Valle y Los Cachiros.
Hernández llegó al poder en 2014 y fue presentado como modelo de los aliados de Estados Unidos que le hacían frente al narcotráfico en Centroamérica. Sin embargo, las acusaciones en su contra comenzaron a acumularse en 2018, después de que su hermano fuera detenido en noviembre de ese año. A pesar de esto, Hernández conservó su estatus como socio clave durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le preocupaba más el hecho de que Honduras impidiera que los migrantes llegaran a la frontera con Estados Unidos. Pero poco después de que Joe Biden llegara a la presidencia en 2021, los funcionarios comenzaron a darle la espalda a Hernández, aunque se hicieron pocas declaraciones formales.
En los últimos meses de su presidencia, Hernández fue incluido en una lista de actores centroamericanos corruptos, elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, su aparición en la lista solo se hizo pública pocos días antes de la solicitud de extradición.
Ahora que Estados Unidos lo ha pedido en extradición, los legisladores estadounidenses no solo van tras Hernández, sino que además se las tienen que ver con el apoyo que por mucho tiempo le ofreció Washington.
“A lo largo de los últimos ocho años de decadencia, depravación e impunidad, las sucesivas administraciones estadounidenses mancharon nuestra reputación al tratar a Hernández como un amigo y socio”, dijo el senador estadounidense Patrick Leahy en un comunicado. “Al poner excusa tras excusa para un gobierno que no tenía legitimidad y que funcionaba como una empresa criminal, los funcionarios estadounidenses perdieron de vista lo que defendemos y olvidaron que nuestro verdadero socio es el pueblo hondureño».
La representante estadounidense Norma Torres ha acusado a Hernández de duplicidad durante mucho tiempo, y pidió la acusación y extradición de Hernández al final de su mandato.
Irónicamente, como jefe del Congreso Nacional en 2012, Hernández lideró la aprobación de una reforma constitucional que permitió la extradición de hondureños acusados de narcotráfico, terrorismo o crimen organizado.
Y ahora parece que está tratando de evadir ese destino, dado su rápido nombramiento en el Parlamento Centroamericano.
Pero según Joaquín Mejía Rivera, experto en derechos humanos y derecho internacional, la vinculación de Hernández al Parlamento Centroamericano le ofrece poca protección. Rivera le dijo a InSight Crime que a los miembros del Parlacen se les otorga el mismo nivel de inmunidad que a los funcionarios del Congreso de su país de origen. En el caso de Honduras, los representantes del Congreso no tienen inmunidad contra los cargos de narcotráfico, señala el experto.
«Juan Orlando Hernández no tiene ninguna protección», afirma Rivera.
Los cargos contra Hernández lo hacen parte de un deshonroso club. Recientemente, en marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcotráfico y narcoterrorismo, entre otros presuntos delitos.
Y unas décadas antes, en 1988, el Departamento de Justicia acusó al entonces gobernante militar de Panamá, Manuel Antonio Noriega, de vínculos con el contrabando ilegal de narcóticos. Noriega fue derrocado durante una invasión estadounidense en 1989. Tres años después fue sentenciado a 40 años de prisión por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión.
