By El exsecretario de Transparencia y exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, afirmó que la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) es inviable bajo el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro y también en el próximo periodo si los mismos diputados son reelegidos.
Durante una entrevista al noticiero Hoy Mismo de TSi, Orellana expresó que para que la CICIH sea una realidad en Honduras, es necesario excluir a ciertos diputados responsables de la aprobación de normativas que obstaculizan la lucha contra la corrupción.
“Hay unos que sí merecen ser reelegidos, pero aquellos que aprobaron el Código Penal de la Impunidad, los pactos de impunidad, que destituyeron a magistrados y prohibieron al Ministerio Público investigar, no pueden ser reelegidos”, subrayó.
Obstáculos para la lucha contra la corrupción
Según Orellana, la aprobación de leyes y reformas favorables a la impunidad ha permitido que casos de corrupción sean trasladados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en lugar de ser investigados por el Ministerio Público o juzgados por el Poder Judicial.
Además, cuestionó las amnistías políticas que, según él, han beneficiado a funcionarios acusados de corrupción sin pruebas concretas de motivaciones políticas. “Si realmente fue por motivación política, habría que preguntarse quién presentó la acusación con ese fin”, indicó.
Aprobar la CICIH podría implicar prisión para algunos diputados
El exsecretario de Transparencia afirmó que aprobar los mecanismos para la instalación de la CICIH en Honduras podría significar prisión para ciertos diputados. “Aprobar lo concerniente a la CICIH implica que algunos de estos diputados vayan a la cárcel. En cambio, aprobar el presupuesto les garantiza subvenciones para su reelección”, relacionó.
Según Orellana, los diputados reciben subvenciones mensuales que pueden ser utilizadas para fortalecer sus campañas políticas, dándoles una ventaja sobre otros candidatos.
Cuestionó el papel de la Unidad de Política Limpia, la cual, según él, debería denunciar estas prácticas ante el Ministerio Público.
“El uso de bienes públicos para obtener ventaja electoral podría constituir un delito, y es algo que el Ministerio Público debería investigar”, concluyó.
