By Al concluir el período presidencial de Xiomara Castro, Honduras llega al cierre de esta administración sin que se haya concretado la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), uno de los compromisos más reiterados durante la campaña electoral de 2021 y en los primeros discursos oficiales del actual gobierno.
Han transcurrido 1,460 días desde que Castro asumió la Presidencia el 27 de enero de 2022 y, pese a los anuncios iniciales y a las negociaciones con organismos internacionales, la instalación de la CICIH no logró materializarse. El tema se convirtió con el tiempo en un símbolo del desgaste entre las expectativas ciudadanas y los resultados concretos en materia de lucha contra la corrupción.
La propuesta de una comisión internacional tomó fuerza en Honduras a partir de las protestas ciudadanas de 2015, tras el escándalo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), que dio paso a la creación de la MACCIH bajo el respaldo de la OEA. La salida de ese mecanismo en 2020 dejó un vacío que fue capitalizado políticamente por diversas fuerzas, entre ellas el partido Libre, que ofreció retomar un modelo similar con apoyo de la ONU.
Durante su campaña y al inicio de su mandato, la presidenta Castro aseguró que la CICIH sería instalada en los primeros meses de gobierno. En diciembre de 2022, el Ejecutivo firmó un memorándum de entendimiento con Naciones Unidas para avanzar en ese objetivo, iniciando un proceso que se prolongó por más de tres años sin resultados definitivos.
El acuerdo preliminar con la ONU fue prorrogado en cinco ocasiones, mientras se discutían reformas legales consideradas indispensables para el funcionamiento del mecanismo, entre ellas cambios al Código Penal y la aprobación de leyes complementarias. Sin embargo, las diferencias políticas en el Congreso Nacional y la falta de consensos impidieron avanzar con la normativa requerida.
Incluso un intento de aprobar una ley especial para la CICIH en 2025 fracasó por no alcanzar la mayoría calificada, lo que terminó por estancar el proceso en su fase final. Organismos de sociedad civil y analistas señalaron entonces que el proyecto se alejaba de los estándares exigidos por Naciones Unidas.
Desde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), su directora Gabriela Castellanos recordó en reiteradas ocasiones que el Congreso era una pieza clave para habilitar cualquier misión internacional, subrayando que sin voluntad política y reformas profundas no era posible combatir estructuralmente la corrupción.
Con el cambio de gobierno en marcha, voces como la de la exvocera de la MACCIH, Ana María Calderón, advirtieron que el país enfrenta nuevamente el riesgo de relegar el combate a la corrupción dentro de las prioridades del nuevo período presidencial, pese al deterioro sostenido en los indicadores de transparencia.
El cierre de esta administración deja así una de las principales banderas políticas sin cumplirse. Para amplios sectores de la ciudadanía, la ausencia de la CICIH resume la distancia entre las promesas de transformación y los límites reales del poder político en Honduras, un desafío que vuelve a colocarse sobre la mesa para el próximo gobierno.
