By Por: Sandra Ponce
Abogada experta en derechos humanos
El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones generales de 2025 ha colocado sobre la mesa un problema que Honduras no puede seguir ignorando: la persistente violencia política contra las mujeres y las consecuencias que esta tiene para la calidad de nuestra democracia.
El informe recuerda que Honduras forma parte de los principales instrumentos internacionales en materia de igualdad de género, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. Estos instrumentos obligan al Estado a garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y a actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género.
Sin embargo, la misión observa una profunda brecha entre la igualdad jurídica formal y la participación efectiva de las mujeres en la vida política hondureña.
Las cifras son elocuentes. Aunque las mujeres representan el 52,3 % del censo electoral nacional, tras las elecciones generales de 2025 ocupan aproximadamente 37 de los 128 escaños del Congreso Nacional, es decir, alrededor del 29 %. La disparidad es aún más evidente en el nivel municipal: apenas el 10,96 % de las candidaturas a alcaldías correspondieron a mujeres, pese a tratarse de los cargos que concentran mayor poder político y ejecutivo en el ámbito local.
La misión identifica varias causas estructurales de esta situación: lagunas en la legislación electoral, desigualdades socioeconómicas, menor acceso al financiamiento político, resistencia dentro de los partidos y, de manera particularmente preocupante, la persistente violencia política de género.
En este contexto, el informe recoge un hecho particularmente revelador. Las dos consejeras del Consejo Nacional Electoral denunciaron formalmente haber sido objeto de violencia política de género, incluyendo campañas de difamación, ataques coordinados en redes sociales y amenazas de violencia y de muerte.
Más que un episodio aislado, el informe lo presenta como un indicador de la gravedad del fenómeno. Si incluso mujeres que ocupan uno de los cargos institucionales más altos del sistema electoral hondureño han sido objeto de este tipo de agresiones, queda en evidencia que ninguna mujer que participa en la vida pública está completamente a salvo de estas prácticas.
Las consejeras solicitaron investigaciones efectivas y medidas de protección. Sin embargo, según el informe de la misión, las autoridades estatales no adoptaron ninguna acción al respecto.
Este dato tiene implicaciones profundas desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la obligación de los Estados de garantizar recursos efectivos frente a las violaciones de derechos. La CEDAW exige asegurar la protección efectiva de las mujeres contra toda forma de discriminación. Y la Convención de Belém do Pará reconoce expresamente que la violencia contra las mujeres impide y anula el ejercicio de sus derechos políticos.
Cuando estas obligaciones no se cumplen, la violencia no solo queda sin sanción: se instala la impunidad.
Y la impunidad produce revictimización.
La mujer que denuncia agresiones no solo enfrenta el ataque inicial, sino también la indiferencia institucional que le sigue. El mensaje que recibe es que la violencia que sufrió no merece una respuesta efectiva del Estado.
Pero la impunidad tiene efectos que van mucho más allá de los casos individuales.
La misoginia —entendida universalmente como el desprecio, hostilidad o discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres— adopta en la política formas específicas: campañas de descrédito basadas en estereotipos de género, cuestionamientos sistemáticos a la legitimidad de las mujeres en cargos de autoridad, acoso en redes sociales, amenazas, difamación y estrategias destinadas a silenciarlas o expulsarlas del espacio público.
Cuando estas conductas no reciben una respuesta institucional clara, la señal que se envía es peligrosa. Se transmite la idea de que el sistema político tolera estas prácticas.
Y esa tolerancia tiene consecuencias institucionales profundas. La misoginia en la política no solo agrede a las mujeres que participan en ella; también contribuye a perpetuar una realidad en la que las decisiones fundamentales siguen siendo tomadas mayoritariamente por hombres.
Si la impunidad prevalece, el mensaje que se proyecta es aún más grave: que la exclusión de las mujeres del ejercicio real del poder no es un accidente del sistema político, sino una opción tolerada —e incluso preservada— por quienes tienen hoy la responsabilidad de tomar decisiones.
Este tema me toca personalmente. Me toca como mujer, pero también como madre de una mujer defensora de derechos humanos. Sin embargo, esta reflexión no nace de una experiencia individual ni de una afinidad personal con las consejeras que han denunciado estos hechos. Es, ante todo, una preocupación institucional.
La violencia política contra las mujeres no es un problema sectorial. Es un problema democrático.
Cuando las mujeres son hostigadas, desacreditadas o amenazadas por ejercer funciones públicas, la democracia se empobrece. Se priva a la sociedad de la contribución de más de la mitad de su población y se envía a las nuevas generaciones el mensaje de que la política sigue siendo un territorio hostil para ellas.
Este debate adquiere hoy una dimensión particularmente relevante. Honduras discute en estos días la eventual promoción de un juicio político contra altos funcionarios del Estado. Las decisiones que se adopten en torno a este proceso —los acuerdos, los cálculos y las responsabilidades institucionales— descansan principalmente en manos de hombres: legisladores y dirigentes políticos que tienen hoy la posibilidad de marcar un precedente.
No se trata únicamente de un debate jurídico o institucional. Se trata de la señal que el Estado hondureño enviará frente a la violencia política contra las mujeres y frente a la impunidad que la rodea.
En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la reflexión es inevitable.
Remover la impunidad frente a la violencia política contra las mujeres no es solamente un acto de justicia para quienes han sido agredidas. Es una condición necesaria para evitar su revictimización y, sobre todo, para asegurar que estos hechos no se repitan.
La impunidad frente a la violencia política contra las mujeres no solo revictimiza: degrada la democracia. El 8 de marzo Honduras tiene la oportunidad de marcar un precedente y demostrar que la misoginia no puede seguir dictando las reglas del poder.
