By Un reciente informe de la firma internacional Powerful Countries reveló que Honduras ocupa el primer lugar en percepción de corrupción policial a nivel mundial, con un puntaje promedio de 8.32 en una escala del 1 al 10. La encuesta consultó directamente a la población sobre el nivel de corrupción percibido en sus fuerzas del orden.
El ranking, que monitorea países con mayores problemáticas de corrupción institucional, suma a Honduras junto a otras naciones con puntajes muy cercanos, como Venezuela y Uganda (8.05), Guatemala (8.00), México (7.97), entre otros.
Según el estudio, los encuestados hondureños perciben que la policía está profundamente penetrada por redes de influencia criminal, lo que agrava la sensación de impunidad y debilita la confianza ciudadana.
Corrupción y percepción ciudadana en alza
Estos hallazgos coinciden con indicadores internacionales. El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional ubica a Honduras en el puesto 154 de 180 países, con una puntuación de 22 sobre 100 (donde 0 representa corrupción extrema y 100 ausencia total de corrupción) Según un sondeo reciente, alrededor de el 40 % de la población tiene poca o ninguna confianza en la policía.
Impacto en la seguridad pública
Expertos destacan que este nivel de corrupción agrava la crisis de seguridad en Honduras. La cercanía entre la policía y estructuras del crimen organizado facilita prácticas como extorsión y protección a redes ilícitas, debilitando la efectividad de las políticas públicas en materia de justicia.
Necesidad de reformas urgentes
Organismos civiles y analistas coinciden en que, sin una depuración efectiva de la fuerza policial y reformas estructurales que garanticen transparencia y vigilancia ciudadana, será difícil romper el ciclo de corrupción. Iniciativas pasadas, como la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), fueron desmanteladas, lo que ha limitado la capacidad de investigación independiente.
La ciudadanía exige ahora respuestas reales y mecanismos efectivos que permitan recuperar la confianza en las instituciones responsables de protegerla.
