By Un tribunal estatal de Florida ordenó este jueves a las autoridades divulgar los documentos relacionados con la operación del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami, en respuesta a una demanda interpuesta por organizaciones ambientalistas.
La decisión del Segundo Circuito Judicial del Condado de León concede un plazo de 21 días a la División de Gestión de Emergencias de Florida para entregar los registros solicitados por las organizaciones Friends of The Everglades y Earthjustice, quienes exigen conocer los términos del acuerdo entre el estado y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para el funcionamiento de la instalación.
Las agrupaciones denunciaron que el Gobierno estatal incumplió la Ley de Transparencia Gubernamental al retener información clave, con el argumento de evadir obligaciones ambientales federales durante la construcción del centro y el uso de fondos públicos.
Eve Samples, directora de Friends of The Everglades, sostuvo que desde su creación el centro estuvo marcado por la falta de claridad y por intentos de esquivar responsabilidades legales destinadas a proteger el ecosistema de los Everglades, una de las reservas naturales más importantes del país.
Samples advirtió que, ante la negativa de las autoridades a entregar información pública de manera voluntaria, resulta necesario recurrir a los tribunales para exigir rendición de cuentas.
El fallo se produce mientras sigue abierto un proceso judicial independiente que busca el cierre definitivo del centro, inaugurado en julio de 2025 y considerado uno de los símbolos de la política migratoria restrictiva impulsada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. La instalación ha sido objeto de múltiples denuncias por daños ambientales y presuntos abusos contra personas migrantes.
En septiembre pasado, el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones suspendió temporalmente una orden judicial que exigía el cierre del centro antes de octubre de 2025, mientras se analiza el fondo del caso. Una nueva audiencia está programada para abril próximo.
Las organizaciones demandantes sostienen que el complejo fue construido sin un estudio de impacto ambiental adecuado, pese a estar ubicado en una zona que alberga numerosas especies endémicas en peligro. También cuestionan la opacidad en torno al número real de personas detenidas en el lugar.
“La negativa del estado a liberar estos documentos demuestra cómo se coordinó con el gobierno federal para levantar un centro de detención masiva en los Everglades, ignorando las leyes ambientales y de acceso a la información”, afirmó Tania Galloni, abogada principal de Earthjustice en Florida.
