By El Banco Central de Honduras (BCH) quedó en el centro del debate público luego de que el inversionista estadounidense Murray Paul Farmer denunciara que la institución habría cubierto el pago de la defensa legal de su presidenta, Rebeca Patricia Santos, en el marco de una demanda de carácter personal presentada en Estados Unidos.
A través de su cuenta en la red social X, Farmer aseguró que el BCH asumió los costos de representación legal de la funcionaria y adjuntó lo que calificó como prueba documental. En su publicación, también cuestionó si la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado una investigación sobre el eventual uso de fondos públicos para cubrir una defensa que, según él, corresponde a un proceso personal.
El inversionista etiquetó en su mensaje a la cuenta oficial del BCH y a funcionarios vinculados al ámbito jurídico y económico, solicitando transparencia sobre el manejo de recursos estatales en este caso.
Como respaldo, Farmer difundió un documento titulado “Aviso de Comparecencia Especial de J. Alexander Lawrence”, en el que el abogado notifica su representación legal de los demandados, entre ellos el Banco Central de Honduras y Rebeca Santos, identificados en el texto como parte demandada.
Rebeca Patricia Santos fue nombrada presidenta del BCH el 27 de enero de 2022, al inicio del gobierno de Xiomara Castro. Previamente se desempeñó como ministra de Finanzas durante la administración del expresidente Manuel Zelaya. Desde la titularidad del ente emisor ha estado a cargo de la conducción de la política monetaria y cambiaria del país.
Hasta el momento, ni el Banco Central ni la PGR han emitido un pronunciamiento oficial sobre el señalamiento. Tampoco se ha confirmado si existe una investigación formal relacionada con el supuesto uso de fondos públicos para la defensa legal.
El caso abre un debate sobre los alcances de la representación institucional en litigios internacionales y los límites entre responsabilidades personales y funciones oficiales, especialmente cuando se trata de altos cargos del Estado. Entretanto, sectores ciudadanos y analistas han pedido claridad y documentación oficial que permita determinar si la contratación de la defensa se realizó dentro del marco legal correspondiente o si, por el contrario, podría implicar responsabilidades administrativas o penales.
