By La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) admitió un Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Partido Liberal de Honduras (PLH) en contra del decreto que dio origen a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), entidad encargada de administrar bienes sujetos a procesos de privación de dominio por origen ilícito.
De acuerdo con el planteamiento del recurso, si la Sala de lo Constitucional resuelve a favor del partido político, podrían quedar sin efecto las facultades otorgadas a la OABI por la ley, lo que impactaría el marco legal bajo el cual opera la institución.
El diputado liberal Alberto Cruz calificó la admisión como “un paso importante”, al considerar que la normativa vulnera garantías fundamentales, entre ellas el derecho a la defensa y el debido proceso. Señaló que, según su postura, la ley permite que un instituto político sea señalado por acciones individuales, lo que —afirmó— contraviene principios constitucionales.
El legislador agregó que el partido se mantendrá a la espera de la resolución de fondo por parte de la Sala Constitucional, con la expectativa de que se declare la inconstitucionalidad de la normativa impugnada.
