By Con el cambio de mando en Casa Presidencial, la familia Zelaya Castro entra en una etapa marcada por interrogantes políticas y legales. Analistas coinciden en que, al perder el paraguas del Ejecutivo, su círculo más cercano enfrenta un panorama de mayor escrutinio público, eventuales procesos judiciales y presiones tanto internas como externas.
El cierre del ciclo gubernamental deja atrás cuatro años de alta confrontación y decisiones controvertidas. Entre ellas, nombramientos de última hora en entidades clave del Estado que desataron críticas de sectores empresariales, civiles y académicos, al considerar que reproducían prácticas que el propio oficialismo había prometido erradicar.
Ya fuera del poder, la expresidenta se incorporó al Parlamento Centroamericano (Parlacen), una instancia regional que otorga ciertas prerrogativas a sus miembros y que, desde hace años, es cuestionada por su efectividad. Para algunos observadores, esta movida responde más a una estrategia de protección política que a una agenda de integración regional.
Sin embargo, el traslado al Parlacen no despeja del todo los riesgos legales. Especialistas subrayan que posibles investigaciones nacionales e internacionales no dependen de cargos regionales, y que el nuevo contexto político podría acelerar revisiones pendientes sobre decisiones adoptadas durante el último cuatrienio.
En paralelo, la figura de Manuel Zelaya Rosales continúa siendo central en el tablero político. Aunque sin un cargo ejecutivo, su influencia se proyecta hacia el Congreso Nacional, donde la reconfiguración interna del partido oficialista sugiere un liderazgo disperso, pero coordinado, que buscaría mantener capacidad de maniobra legislativa.
Otro frente sensible es el internacional. La relación con Estados Unidos y el debate en torno a la extradición vuelven a escena, ahora sin el respaldo directo del Ejecutivo. Abogados consultados señalan que el fin del mandato abre un periodo de mayor exposición para exfuncionarios y aliados cercanos.
Voces críticas advierten que el discurso refundacional que impulsó al oficialismo se diluyó con el paso del tiempo, dejando una herencia política frágil y un legado en disputa. La narrativa de cambio, sostienen, terminó chocando con prácticas tradicionales del poder.
Así, el posgobierno para la familia Zelaya Castro se perfila entre la reorganización política, la vigilancia judicial y la presión de una opinión pública que exige cuentas. El capítulo que se abre no está escrito y dependerá, en buena medida, de cómo responda el nuevo gobierno y de la fortaleza de las instituciones para procesar el pasado reciente.
