By La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional, informó que en cumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la seguridad ciudadana, la protección de los bienes públicos y privados, el orden público y el derecho a la libre circulación, procederá a la aplicación de las medidas legales pertinentes para prevenir y neutralizar cualquier acción que atente contra el Estado de derecho y la estabilidad social, particularmente aquellas que impliquen la obstrucción de vías de comunicación esenciales para el desarrollo económico del país.
Ante la información recabada sobre planes para la paralización de las principales carreteras hacia el norte del territorio nacional y la región oriental (Danlí), se han dispuesto medidas preventivas y de documentación mediante registros fotográficos y audiovisuales para la debida identificación de los responsables de estas acciones, a fin de deducir las responsabilidades conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
Se enfatiza que el ejercicio del derecho a la manifestación debe desarrollarse dentro del marco de la legalidad y en respeto irrestricto a los derechos humanos de los demás ciudadanos y extranjeros en el país. La libertad de expresión y reunión no puede interpretarse como una licencia para vulnerar el derecho fundamental a la movilidad, ni para afectar el orden público y la economía nacional.
En los casos en que se identifique la participación de individuos en la comisión de actos que constituyan ilícitos penales, y en caso de no ser posible su detención en flagrancia, se procederá a la solicitud de las respectivas órdenes de captura ante las instancias judiciales competentes, conforme al procedimiento establecido en el Código Penal y el Código Procesal Penal.
La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, el estricto cumplimiento de la normativa legal y la aplicación de los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, racionalidad y temporalidad en el uso de la fuerza, conforme al Manual del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. Asimismo, garantiza que todas sus acciones se desarrollan en observancia de los principios democráticos y del Estado de derecho, asegurando la paz y la estabilidad social en el país.
