By La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró este 9 de diciembre que las elecciones generales del 30 de noviembre quedaron “viciadas de nulidad”.
Durante un discurso en Catacamas (departamento de Olancho), Castro denunció lo que calificó como un “golpe electoral en curso”, acusando de “injerencia directa” en los comicios al expresidente de Estados Unidos Donald J. Trump —quien apoyó al candidato Nasry Asfura— y a lo que definió como una “oligarquía aliada”.
Castro afirmó poseer pruebas —incluyendo lo que llamó “26 audios”— que evidencian “amenazas, coacción, manipulación del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) y adulteración de la voluntad popular”.
Además anunció que llevará las denuncias ante organismos internacionales como Organización de los Estados Americanos (OEA), la Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Según la mandataria, estos señalamientos no son ocasionales, sino la evidencia de un plan deliberado para “subvertir la voluntad democrática del pueblo hondureño”.
La elección del 30 de noviembre de 2025 —que incluía presidencia, Congreso, corporaciones municipales y Parlacen— atrajo a millones de votantes habilitados. ([Once No Entre los principales contendientes estuvieron Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y la candidata oficialista Rixi Moncada (partido de gobierno, Libertad y Refundación.
Desde los primeros conteos, Moncada denunció manipulación del sistema TREP y una supuesta “injerencia extranjera” en el proceso, especialmente tras los mensajes públicos de respaldo de Trump a Asfura.
Tras un primer corte con ~34 % de actas contabilizadas, Asfura lideraba con ~40.6 %, seguido por Nasralla (~38.8 %) y Moncada (~19.6 %).
Sin embargo, el proceso de conteo sufrió interrupciones tras fallas del sistema, lo que generó demoras y la retención de miles de actas, provocando que el resultado final siga sin definirse.
Postura del oficialismo y reacción de Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Tras los sucesivos cortes de resultados, la candidata Rixi Moncada y su partido declararon que no reconocerán los resultados y convocaron movilizaciones nacionales, asambleas departamentales y protestas, alegando un “TREP fraudulento”.
No obstante, la UNAH advirtió que pedir la nulidad de unas elecciones sin presentar pruebas de fraude estructural podría atentar contra la seguridad democrática del país. Para la universidad, una nulidad sin evidencia vulneraría la estabilidad institucional.
Según los últimos reportes, el recuento preliminar coloca a Nasry Asfura liderando con cerca del 40.5 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla con alrededor de 39.2–39.5 %. Rixi Moncada estaría en tercer lugar, con cerca del 19.2–19.3 %.
Sin embargo, un porcentaje importante de actas —entre 14 % y 15 % según diferentes fuentes— muestra inconsistencias y será revisado en un conteo especial con la presencia de observadores, representantes de los partidos y autoridades electorales. Esa fase es considerada clave, ya que podría alterar el resultado.
Por lo pronto, Honduras permanece en un escenario de incertidumbre: no hay presidente electo confirmado, y reclamos de nulidad, denuncias de injerencia externa y movilizaciones populares mantienen al país en tensión.
¿Qué implicaría declarar la nulidad y los retos institucionales?
Si finalmente se anulase la elección —como demanda el oficialismo—, se abriría una crisis institucional: no habría un presidente electo claro, lo que podría derivar en prórrogas, vacíos de poder o gobernabilidad limitada. Esa posibilidad ha generado alarma entre sectores académicos, la sociedad civil y observadores internacionales.
Pero para que una nulidad sea legítima, se requieren pruebas claras y verificables de fraude masivo, manipulación sistemática o violaciones significativas al proceso electoral. Hasta ahora, aunque hay denuncias y acusaciones, no ha habido anuncio público de pruebas definitivas que sean aceptadas universalmente.
Además, la demora en el escrutinio genera desconfianza, pero también agrava la polarización política y social, lo que podría poner en riesgo la estabilidad democrática del país.
