Polémica por adjudicación directa de casi 716 millones en el IHSS: denuncia por posible conflicto de interés queda fuera de resolución

Polémica por adjudicación directa de casi 716 millones en el IHSS: denuncia por posible conflicto de interés queda fuera de resolución

A pocos días de cerrar el año, la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) adjudicó de manera directa contratos por un monto total de L716,317,248.82 para la compra de equipos médicos y radiológicos, en un proceso que hoy genera un escándalo nacional por la ausencia de criterios claros y la falta de respuesta a denuncias previas por posibles conflictos de interés.

La Contratación Directa No. CD-005-2025, formalizada mediante la Resolución N.º CI-IHSS-051-2025-IV el 29 de diciembre de 2025, benefició principalmente a tres empresas: Seijiro Yazawa Iwai Honduras, S.A. —mayor adjudicataria con L447,600,399.00—, Equimedic Ingeniería, S. de R. L., con L224,324,600.00, y MACC Medical, S. de R. L., con L44,392,248.82. Los contratos abarcan desde TAC, resonancias magnéticas y angiógrafos digitales hasta mamógrafos, ultrasonidos y sistemas RIS/PACS.

El proceso se encuentra marcado por una denuncia presentada el 4 de abril de 2025 por la empresa INEQ Médica, S. de R. L. de C.V., en la que se señalaba a Walter Alejandro Martínez Matamoros, funcionario público, de recibir pagos por honorarios, comisiones y viáticos entre 2020 y 2021, documentados con transferencias bancarias, cheques y recibos autenticados. La denuncia solicitaba su separación de cualquier proceso de contratación, invocando la Constitución de la República, el Código de Conducta Ética del Servidor Público y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, la resolución de diciembre no hizo referencia alguna a estos señalamientos ni explicó cómo se resolvieron antes de la adjudicación.

La adjudicación generó reacciones políticas inmediatas. La diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, calificó el proceso como “inaceptable” y exigió a la Junta Interventora abstenerse de seguir ejecutando fondos, además de preparar una transición ordenada que garantice el respeto a la población asegurada y pensionada. “Casi 800 millones de lempiras adjudicados de forma directa, sin criterios claros ni verificación. Esto no es gestión, es un atentado contra las finanzas del Seguro Social. El IHSS no es botín político”, expresó la parlamentaria en su cuenta de X.

La polémica plantea dudas sobre la transparencia del IHSS en sus procesos finales de contratación antes de concluir el periodo de la Comisión Interventora y subraya la urgencia de mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas para proteger los recursos de la institución y garantizar la atención a los asegurados.

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