By Por: Ángela Sosa
La permanencia democrática en Honduras es estratégica y necesaria, pero hay que trabajarla, y el voto de la diáspora hondureña en el exterior se vuelve decisiva para alcanzar esta misión. Los consulados representan la presencia del Estado para el migrante hondureño, por tanto, deben operar como la primera línea de garantía de derechos de la ciudadanía migrante. Su función trasciende la gestión documental; implica orientación, acompañamiento y atención ciudadana con enfoque de seguridad humana y democrática.
La democracia hondureña enfrenta uno de sus mayores desafíos estructurales fuera de su propio territorio: la exclusión del Gobierno saliente fue un hecho significativo para la ciudadanía residente en el exterior. Los hondureños que viven en los Estados Unidos comúnmente identificados como el departamento 19 contribuyen de forma decisiva al sostenimiento económico y social del país, pero continúan enfrentando obstáculos sistemáticos para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos.
El derecho humano a la identidad constituye la puerta de entrada al ejercicio de todos los demás derechos civiles y políticos en el país de origen y en el extranjero incluso. Sin identificación válida y accesible, la participación democrática se convierte en una promesa vacía. Por medio de este espacio propongo una ruta institucional, ética y técnicamente viable para atender esta problemática desde una lógica de Estado y visión de país.
Históricamente, la relación entre la clase política hondureña y la ciudadanía ha estado marcada por prácticas reactivas, concentradas en períodos electorales, con una débil cultura de atención ciudadana permanente. Esta situación se profundiza en el caso de la diáspora hondureña, donde la distancia geográfica, la precariedad migratoria y la debilidad institucional generan una exclusión silenciosa del sistema democrático.
En los Estados Unidos, numerosos hondureños enfrentan dificultades para obtener o renovar documentos de identidad debido a limitaciones operativas, falta de información, barreras logísticas y ausencia de acompañamiento comunitario. Esta realidad vulnera estándares internacionales de derechos humanos y debilita la legitimidad de los procesos electorales nacionales.
El enfoque de seguridad humana reconoce el derecho a la identidad como un derecho habilitante, la participación política como un derecho fundamental, no condicionado a la ubicación geográfica, la obligación del Estado de garantizar igualdad de acceso a los derechos, incluyendo a su población en el exterior.
Desde esta perspectiva, los consulados deben ser concebidos no solo como oficinas administrativas, sino como plataformas de garantía de derechos y de construcción de ciudadanía democrática a través de Identificar los principales obstáculos que enfrenta la diáspora hondureña para acceder a documentos de identidad, fortalecer las capacidades de los consulados como espacios de atención ciudadana con enfoque de deberes y derechos humanos, promover mecanismos de acompañamiento comunitario que generen confianza institucional, documentar buenas prácticas que puedan ser replicadas en futuros procesos democráticos, diseñar e implementar un modelo de atención ciudadana temprana y permanente para hondureños residentes en los Estados Unidos, orientado a garantizar el derecho a la identidad y fortalecer su participación democrática, mediante la acción coordinada de los consulados y el acompañamiento de organizaciones comunitarias.
Los consulados no deben convertirse en becas personales ni plataformas de realización individual: su razón de ser es el servicio ciudadano. Son extensiones del Estado en el exterior, llamadas a garantizar derechos, ofrecer protección, fortalecer la democracia y dignificar la experiencia migratoria. Aunque es legítimo que el personal consular dedique tiempo a su superación profesional o académica en su vida privada, ello no puede ser excusa para desatender sus funciones públicas ni para convertir el servicio exterior en un espacio de privilegio o comodidad. El compromiso consular implica asumir con ética, vocación y responsabilidad su rol de garantes, especialmente frente a comunidades vulnerables que muchas veces ven en el consulado su único puente con el país de origen. Servir no es una opción: es un deber. Y la dignidad ciudadana no debe postergarse frente a intereses personales ni ante agendas ajenas al bien común.
Finalmente la esperanza de la diáspora hondureña en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos de América, esta puesta en las autoridades del nuevo gobierno, que desde ya se desmarcan del tradicionalismo al anunciar acciones austeras y diferentes al momento de tomar posesión para gobernar, con una política de Estado enfocada en el trabajo y en la seguridad humana.
