By La organización de derechos humanos Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció este jueves su cierre de operaciones en El Salvador tras casi 37 años de existencia, a raíz de la «inseguridad jurídica» e insostenibilidad que genera la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).
«Dicha normativa constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos. Bajo esa normativa esas actividades bien se vuelven imposibles o se ven reducidas a su mínima expresión, quedando en tela de juicio la razón de ser de las organizaciones que se dedican a ello», indicó en un comunicado.
«Ante esa realidad, como FESPAD hemos tomado una decisión dolorosa pero coherente: disolver nuestro carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal», sostuvo la organización.
Fespad es la segunda organización que anuncia públicamente el cierre de sus operaciones en El Salvador a raíz de la referida ley en el contexto de la defensa de derechos humanos en el país; anteriormente lo hizo Cristosal, que también denunció una «escalada represiva» contra los defensores de derechos humanos.
De acuerdo con Fespad, la LAEX «genera inseguridad jurídica ante la posibilidad de aplicar -a personas u organizaciones- un régimen de prohibiciones ambiguo y de manera discrecional, con posibles multas confiscatorias de hasta 250 mil dólares e incluso responsabilidades penales».
Indicó que «vuelve insostenible financieramente a cualquier institución que no sea excluida del pago del impuesto del 30 %» de los recursos que reciba de la cooperación internacional, además de «impedir cumplir libremente con la finalidad y misión institucional que cada organización se plantee en favor de los derechos humanos».
Fespad es reconocida en El Salvador por su trabajo en materia de derechos humanos, apoyo a familiares de personas desaparecidas, investigaciones sobre la violencia, análisis de coyunturas y reformas legales, además de llamados constantes al diálogo intersectorial en diversas materias.
A finales de julio pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que el clima para la defensa de los derechos en El Salvador está «deteriorado».
«Bajo el interminable estado de excepción y con la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros, el clima para la defensa y promoción de los derechos humanos en el país se ha deteriorado significativamente. Insto a las autoridades a que cambien de rumbo», publicó Lawlor en X, donde etiquetó a la cuenta oficial de la Cancillería salvadoreña.
En este contexto, las organizaciones humanitarias han denunciado ante instancias internacionales que unos 130 activistas y periodistas han tenido que salir del país para resguardar su integridad, de las que 80 personas ha salido en los últimos tres meses: 33 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas.
También se ha registrado la detención del líder comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, la abogada anticorrupción Ruth López, y el abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya, también de portavoz de una organización, Fidel Zavala. EFE
