By En una sorpresiva decisión judicial, el juez natural que conoce el caso por el millonario fraude al Estado hondureño concedió ayer la medida de arresto domiciliario a los siete imputados, entre ellos el diputado nacionalista Nelson Márquez, quien evita continuar en prisión mientras avanza el proceso penal por el desvío de más de 3,000 millones de lempiras.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el cambio de medidas fue aprobado luego de que la Fiscalía solicitara la modificación del régimen cautelar, estableciendo que los acusados deberán permanecer en arresto domiciliario bajo vigilancia policial a partir del miércoles 6 de agosto.
“Los imputados serán trasladados por el Instituto Nacional Penitenciario para cumplir con los trámites de excarcelación y comenzar la medida de arresto domiciliario. El juez ordenó que esta se ejecute con supervisión policial, como fue solicitado por la Fiscalía y la Procuraduría”, declaró Silva.
Durante la audiencia también se interpusieron recursos de reposición tanto por parte del Ministerio Público como de las defensas. Sin embargo, todos fueron declarados sin lugar por haber sido presentados fuera del plazo legal. Silva confirmó que pese al cambio de medidas, el proceso judicial continuará y que la audiencia inicial se reanudará el próximo martes a las 9:00 de la mañana.
Por su parte, el abogado defensor Hermes Ramírez consideró que el fallo fue equilibrado y ajustado a derecho, señalando que el juez mantuvo la aplicación constitucional del debido proceso y reconoció la complejidad del caso. “Hay más de 90 medios de prueba, peritajes y documentación técnica. La audiencia debe desarrollarse en varias etapas”, dijo Ramírez, quien confirmó que los acusados —incluido Márquez— saldrán este mismo día de prisión.
El caso gira en torno a una supuesta red de corrupción mediante la cual se habrían sustraído más de 3 mil millones de lempiras del Estado, en contratos fraudulentos derivados de un laudo arbitral no homologado por la Corte Suprema de Justicia. Los implicados enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos y prevaricato judicial.
