El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Francisco Assis, presentó este martes el informe final sobre las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, concluyendo que no hubo fraude electoral y que el actual presidente de la República, Nasry Asfura, fue el ganador legítimo de los comicios.
Durante la presentación del documento en la capital hondureña, Assis afirmó que el único compromiso de la misión fue con la verdad y subrayó que, tras el análisis del proceso, “no ha habido fraude electoral”. Añadió que aceptar los resultados es parte esencial de la vida democrática y descartó que se haya producido un “golpe electoral” o constitucional.
La MOE UE desplegó 138 observadores en todo el país, quienes evaluaron las distintas etapas del proceso, desde la conformación del censo hasta la validación final de los resultados, en coordinación con el Congreso Nacional de Honduras y actores de la sociedad civil.
No obstante, el informe reconoce que el proceso se desarrolló en un contexto de alta polarización política que afectó el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). También señala preocupaciones por la presunta instrumentalización de la Fiscalía General y la injerencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas durante el período electoral.
Aunque la jornada de votación transcurrió en términos generales de manera pacífica y con amplia participación ciudadana, el escrutinio estuvo marcado por acusaciones de fraude, protestas, actos de violencia y tensiones institucionales. El informe menciona amenazas contra consejeras y magistrados electorales, así como un clima de intimidación que obligó a las autoridades a trabajar en condiciones excepcionales.
En cuanto al entorno mediático, la misión observó que periodistas y medios de comunicación operaron en un ambiente hostil, con campañas de desprestigio y acciones legales contra comunicadores críticos.
Recomendaciones
El informe final incluye 24 recomendaciones dirigidas principalmente al Congreso Nacional para impulsar una reforma integral del marco legal electoral antes de los próximos comicios. Entre ellas, destaca la necesidad de fortalecer la independencia del CNE, crear un sistema propio y auditado de transmisión de resultados y mejorar la comunicación institucional para reducir la desconfianza ciudadana.
Asimismo, la misión recomendó garantizar la aplicación efectiva de la paridad de género en las candidaturas y establecer mecanismos que sancionen la violencia política contra las mujeres. También instó al Estado a proteger la libertad de prensa y asegurar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo durante los procesos electorales.
