By El Ministerio Público de Honduras anunció que iniciará diligencias investigativas contra el juez Francisco Álvarez, luego de que diera trámite a la carta de libertad a Iván Abad Velásquez Castro, imputado en el denominado caso Koriun.
A través de un comunicado oficial, el ente acusador expresó su desacuerdo total con las resoluciones emitidas recientemente durante audiencias de revisión de medidas en al menos tres casos distintos, entre ellos el relacionado con Koriun Inversiones.
El MP señaló que dichas audiencias, en su criterio, no debieron realizarse, y advirtió que las decisiones adoptadas no corresponden a la gravedad de los delitos imputados ni al riesgo procesal que representan los acusados.
Cuestionamientos por medidas sustitutivas
En el caso específico de Iván Velásquez, el Ministerio Público detalló que la defensa propuso como caución la presentación de tres bienes inmuebles valorados en más de 15 millones de lempiras, además de un depósito en efectivo de dos millones de lempiras.
No obstante, la institución reiteró su oposición a la medida sustitutiva otorgada, al considerar que existe un evidente riesgo de fuga, por lo que anunció la interposición de los recursos legales correspondientes para evitar que el imputado recupere su libertad.
Investigación contra el juez
Como parte de las acciones, el Ministerio Público confirmó que, ante la revocatoria de medidas de prisión preventiva en casos de alta complejidad, se abrirá una investigación a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia.
El objetivo será determinar si existen responsabilidades legales en la actuación del juez Francisco Álvarez, particularmente por haber dado trámite a la carta de libertad del imputado.
Contexto y presión institucional
Este anuncio se da en medio de crecientes tensiones entre operadores de justicia, luego de que el Poder Judicial de Honduras también ordenara revisar las actuaciones en este tipo de casos, en respuesta a cuestionamientos públicos sobre decisiones judiciales recientes.
El caso Koriun ha tomado relevancia nacional debido a las implicaciones económicas y legales que involucra, así como por el debate en torno a la aplicación de medidas cautelares en delitos de alto impacto.
Postura oficial
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de ejercer acciones en defensa de la legalidad, la transparencia y el interés público, y aseguró que no descarta presentar requerimientos fiscales si se comprueba alguna irregularidad en el actuar de los funcionarios judiciales.
Con estas acciones, la institución busca frenar decisiones que, a su criterio, podrían debilitar la correcta aplicación de la justicia y afectar la confianza ciudadana en el sistema judicial del país.
