Tegucigalpa, Honduras. A pesar de estar implicados en un presunto boicot al proceso electoral de 2025, varios oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras no han sido sancionados, y algunos incluso han sido promovidos dentro de la institución, según investigaciones internas y testimonios de militares.
La legislación castrense prohíbe a los miembros involucrarse en política y establece sanciones claras para quienes actúen con dolo o desobediencia. Sin embargo, los oficiales señalados de obstaculizar las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 no enfrentaron procesos disciplinarios ni judiciales, ni por la justicia militar ni por el Ministerio Público.
Fuentes dentro del Estado Mayor Conjunto señalan que, tras la salida de Roosevelt Hernández como jefe militar, su mano derecha, el general Héctor Benjamín Valerio Ardón, asumió el cargo sin tomar medidas en contra de los oficiales involucrados. De hecho, algunos de ellos fueron asignados a posiciones de mayor responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, mientras que quienes denunciaron irregularidades siguen relegados.
Entre los implicados estaría el teniente coronel Ubaldo Rodríguez Chinchilla, visto en actos de apoyo político, ahora destacado en la Armería de las FFAA Informes de la Inspectoría General también señalaron a otros oficiales por su actuación en la distribución de material electoral, pero tampoco se conocen procedimientos sancionatorios.
Militares críticos de la actual cúpula aseguran que esta falta de castigo impacta negativamente en la credibilidad de la institución castrense y en el respeto al marco constitucional que rige el carácter apolítico de las Fuerzas Armadas.
