By Como “manotadas de ahogado” de un régimen herido, Manuel Zelaya y el cuestionado Luis Redondo pretenden hoy asestar un golpe a la voluntad popular.
En una sesión convocada a la fuerza, el oficialismo busca desesperadamente anular las elecciones generales, ignorando de forma grosera que el CNE ya emitió una declaratoria oficial irreversible.
Sin argumentos jurídicos y con el rechazo total de la comunidad internacional, Redondo —cada vez más aislado y servil a los intereses de Libre— intentará presentar un informe que carece de valor legal.
Juristas advierten que esta maniobra es un ataque frontal a la ley, ya que los resultados del 30 de noviembre son definitivos y ninguna pataleta legislativa puede borrarlos.
El ambiente es de máxima tensión: mientras la oposición se atrincherará en sus curules para frenar otra ilegalidad, los colectivos de Libre han sido movilizados para intimidar al Congreso.
Es un escenario de confrontación provocado por una cúpula que se niega a soltar el poder, a pesar de que la propia Xiomara Castro prometió una transición pacífica.
La jugada de Zelaya y Redondo no solo es jurídicamente nula, sino políticamente peligrosa. Al intentar revertir un proceso ya validado, el oficialismo demuestra su pánico a la alternancia, poniendo en riesgo la paz del país por el simple capricho de perpetuarse en cargos que el pueblo ya les quitó en las urnas.
