By Honduras recibió un fuerte llamado de atención internacional durante su cuarto Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Más de 90 países expresaron preocupaciones por tres puntos críticos: la prolongación del estado de excepción, la independencia de los órganos electorales y la falta de protección a la prensa y a defensores de derechos humanos.
El ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, encabezó la delegación hondureña y calificó la sesión como el “primer examen bajo un gobierno legítimo”, una afirmación que fue interpretada como una descalificación de las administraciones anteriores y que generó incomodidad entre varias delegaciones.
Estado de excepción y derechos fundamentales
Desde diciembre de 2022, Honduras mantiene un régimen de excepción que, según países como Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Austria y Corea del Sur, viola principios básicos del derecho internacional. Los Estados recordaron que estas medidas deben ser temporales, proporcionales y fiscalizadas por el poder judicial, y advirtieron que su uso prolongado restringe libertades fundamentales y puede afectar la igualdad de condiciones en las próximas elecciones del 30 de noviembre.
Injerencia política en los órganos electorales
La independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) fue otro de los puntos más señalados. Países como España, Canadá, Brasil, Australia y Reino Unido subrayaron la necesidad de mantenerlos libres de presiones políticas, mientras que Alemania y Austria recordaron que la Constitución hondureña prohíbe la participación militar en los procesos electorales, en referencia a denuncias de intervenciones indebidas por parte de las Fuerzas Armadas.
Riesgos para periodistas y defensores
La libertad de prensa también fue motivo de severas observaciones. Noruega, Suiza, Países Bajos, Canadá y Francia pidieron reforzar el Mecanismo Nacional de Protección con autonomía y presupuesto suficiente. Lituania e Islas Marshall expresaron su preocupación por los niveles de violencia contra comunicadores, mientras que Reino Unido, Australia y Eslovenia instaron a detener la criminalización de voces críticas y a garantizar investigaciones efectivas ante amenazas y ataques.
El mensaje de la comunidad internacional fue contundente: la legitimidad democrática de Honduras no depende únicamente de celebrar elecciones, sino del respeto a las libertades, la separación de poderes y la protección a quienes defienden los derechos humanos.
