By El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, amplió este martes sus argumentos tras interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el artículo 234 reformado de la Constitución y varios artículos de la Ley Especial del Juicio Político.
Ochoa sostuvo que la normativa actual no garantiza el debido proceso, la tutela judicial efectiva ni el derecho a la defensa, señalando que el juicio político en su contra ya inició con “prejuzgamientos” públicos por parte de diputados del oficialismo. Indicó que solicita la inaplicación preventiva del artículo 234 y que se instruya al Congreso Nacional a realizar reformas tanto constitucionales como legales para adecuar la figura a estándares mínimos de garantías.
El consejero afirmó que el proceso en su contra obedece a dos razones principales. La primera, aseguró, es que es “el único testigo directo y presencial” de un supuesto fraude en las elecciones generales de noviembre de 2025. Según detalló, hubo presuntas manipulaciones externas —incluyendo injerencias atribuidas al gobierno de Donald Trump, así como participación de maras, pandillas y narcotráfico— y también irregularidades internas en el CNE.
En ese sentido, afirmó que dejaron de contarse más de 300 actas en el nivel presidencial, más de 1,800 en corporaciones municipales y más de 2,300 en el nivel de diputados. Sostuvo que, como consecuencia, fueron declarados electos funcionarios que —según su versión— no habrían ganado legítimamente los comicios.
La segunda razón, indicó, es que su salida del órgano electoral facilitaría eventuales aspiraciones políticas del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), a quien calificó como “narcotraficante convicto”, asegurando que buscaría inscribirse en las elecciones de 2029.
En relación con audios que han circulado públicamente, Ochoa manifestó que no se opone a que sean periciados y enviados a instancias técnicas especializadas. “El audio tiene que periciarse”, expresó, asegurando que se trata de un “documento histórico” que evidenciaría la planificación de irregularidades.
Asimismo, cuestionó aspectos operativos del proceso electoral, como la contratación del transporte, la demora en la divulgación de actas del sistema de transmisión de resultados preliminares y la supuesta instrumentalización de organizaciones de sociedad civil para moldear la narrativa pública. En ese contexto, mencionó a Gabriela Castellanos, señalando que su nombre aparecía en los audios como parte de esa estrategia.
Ochoa comparó la situación con el ejemplo de un robo en una vivienda donde, según dijo, en lugar de investigar a los responsables se pretende procesar al denunciante. Añadió que su recurso también se fundamenta en antecedentes internacionales, incluyendo referencias al caso Gutiérrez Naval de 2023 y un amicus curiae presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por clínicas jurídicas vinculadas a la Universidad de Notre Dame, donde —según indicó— se cuestiona el diseño actual del juicio político en Honduras.
La Sala de lo Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisión del recurso y determinar si procede un análisis de fondo, en medio de un clima político marcado por señalamientos cruzados y alta polarización institucional.
