By La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público al intentar presentar un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sin agotar previamente el proceso constitucional que exige un juicio político para funcionarios con rango especial.
Espinoza explicó que la defensa de los magistrados presentó una apelación que aún no ha sido resuelta y que, pese a ello, el Ministerio Público continúa avanzando hacia una audiencia de imputado, lo cual calificó como “improcedente” y una vulneración del debido proceso. Señaló que no se ha asignado un tribunal para conocer la apelación, dejando en suspenso una etapa clave del procedimiento y, aun así, se pretende judicializar a los miembros del TJE.
La diputada recordó que la Constitución establece que solo después de un juicio político puede abrirse una causa penal contra altos funcionarios del Estado, incluidos magistrados de órganos constitucionales. “Si se ignora este requisito, se estaría atropellando el orden jurídico y violentando las garantías de quienes ocupan estos cargos”, advirtió.
Espinoza alertó además que permitir un proceso penal sin juicio político abriría un precedente sumamente peligroso que podría aplicarse en el futuro a cualquier funcionario de alto rango. Mencionó que, siguiendo esa lógica, podrían quedar expuestos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la República, los designados presidenciales, así como el presidente del Congreso Nacional y su junta directiva.
“Con ese precedente, bastaría con que alguien acuse a todos para paralizar los poderes del Estado”, afirmó la parlamentaria, destacando el riesgo institucional que implicaría aceptar un procedimiento fuera del marco constitucional. Por ello insistió en que el juicio político es indispensable para garantizar el equilibrio democrático, asegurar el respeto a la separación de poderes y proteger la estabilidad del país.
Espinoza concluyó haciendo un llamado a respetar estrictamente los procesos constitucionales y advirtió que cualquier intento de saltarse estas normas podría generar una crisis institucional de grandes proporciones.
