By La activista hondureña Marcela Caro hizo un llamado público al Estado de Honduras para que cumpla con su obligación legal de brindar protección consular efectiva a los ciudadanos detenidos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, Caro enfatizó que la protección consular “no es un favor político, es un mandato legal”, amparado en normas internacionales y en la propia Constitución.
En su mensaje, señaló que actualmente hay hondureños recluidos en cárceles y centros de detención migratoria, varios bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), e incluso algunos enfrentando procesos judiciales que podrían derivar en condenas severas, sin el acompañamiento adecuado de las autoridades consulares.
Caro recordó que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en su artículo 36, establece que todo nacional detenido en el extranjero tiene derecho a comunicarse con su consulado, y que el Estado receptor está obligado a notificar sin demora a la oficina consular correspondiente. Asimismo, subrayó que entre las funciones consulares están proteger los intereses de los nacionales, velar por el respeto al debido proceso, supervisar condiciones de detención, servir de enlace con las familias y facilitar el acceso a asistencia legal.
La activista aclaró que los consulados no tienen facultades para detener deportaciones ni modificar sentencias judiciales, pero sí deben apersonarse a los procesos, verificar que se respeten las garantías procesales y asegurar que ningún hondureño enfrente solo un procedimiento que incluso pueda poner en riesgo su vida.
“Lo que falta no es base legal. Es activación real del servicio exterior”, expresó, al tiempo que destacó la importancia de la diáspora hondureña en Estados Unidos y otras partes del mundo, calificándola como una parte esencial del país.
Finalmente, Caro dirigió un llamado a la canciller Mirella Agüero y al nuevo gobierno para que asuman con seriedad las funciones constitucionales y convencionales del Estado en materia de protección consular. “No más consulados pasivos, no más indiferencia y no más abandono institucional”, concluyó.
El pronunciamiento reabre el debate sobre el papel del servicio exterior hondureño en la defensa de los derechos de sus ciudadanos fuera del territorio nacional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de asistencia y acompañamiento legal en el extranjero.
