By La salida de Luis Redondo de la presidencia del Congreso Nacional se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos y balances negativos. Su gestión, correspondiente al período 2022–2026, queda asociada a señalamientos de ilegalidades, falta de transparencia y un progresivo deterioro de la imagen del Poder Legislativo, que para amplios sectores terminó distanciado de las demandas ciudadanas y con una credibilidad seriamente erosionada.
El inicio de su mandato ya estuvo rodeado de controversia. La juramentación con la que asumió la presidencia fue ampliamente cuestionada por analistas y actores políticos, al considerarse carente de consensos y con vicios de origen. Ese episodio marcó el tono de una administración caracterizada por decisiones unilaterales, tensiones constantes y un manejo del hemiciclo que, según críticos, relegó el diálogo plural y fortaleció la imposición política.
En el ámbito internacional, el impacto fue significativo. Evaluaciones del World Justice Project situaron al Congreso hondureño entre los peor calificados a nivel mundial en materia de corrupción, un indicador que proyectó una imagen negativa del país y del funcionamiento de su Poder Legislativo, al reflejar debilidad institucional y escasos controles internos.
La limitada actividad legislativa fue otro de los puntos más señalados. De acuerdo con datos de la Asociación para una Sociedad más Justa, el Congreso celebró únicamente 147 sesiones en cuatro años, incumpliendo alrededor del 65 % de las jornadas que establece la ley. Pese a ello, el gasto en salarios superó los 1,724 millones de lempiras, generando críticas por la desproporción entre el uso de recursos públicos y los resultados obtenidos.
Las cifras de producción legislativa también evidencian un bajo rendimiento. De más de 1,400 iniciativas presentadas durante el período, apenas 270 se convirtieron en ley, lo que representa una efectividad cercana al 19 %. Además, la mayoría de las normas aprobadas provinieron del Poder Ejecutivo, lo que reforzó la percepción de un Congreso con escasa iniciativa propia y un rol predominantemente reactivo.
El manejo financiero terminó de profundizar el desgaste institucional. Informes de Transparencia Internacional, capítulo Honduras, indican que entre 2022 y 2025 el Congreso ejecutó más de 5,900 millones de lempiras, de los cuales 785 millones correspondieron a subvenciones legislativas, concentradas principalmente en los últimos años de la administración.
El Consejo Nacional Anticorrupción advirtió una opacidad total en el uso de esas subvenciones, al no existir liquidaciones públicas ni informes detallados que permitieran la fiscalización. Para el CNA, el Congreso operó sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, cerrando el acceso a la información sobre el destino de los fondos.
El balance final que deja la presidencia de Redondo es, para muchos analistas, profundamente negativo en términos institucionales. El Congreso saliente queda marcado por cuestionamientos de corrupción, baja productividad y uso discrecional de recursos, lo que plantea a la próxima legislatura el reto urgente de recuperar la confianza ciudadana, impulsar reformas internas, eliminar privilegios y restablecer el papel del Parlamento como un espacio de representación y debate democrático.
