By Por: Julieta Castellanos
Para junio de 2025, Libre atravesaba su propia ‘tormenta’. Koriun, esa “cosa” que sigue sin nombre, porque ni la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) ni el Ministerio Público (MP) se mete con ella; silencio e impunidad que apuntan al poder. El 23 de junio, desde sus entrañas, se filtra un video en el que conversan dos funcionarios y exponen las formas y estrategias de cómo se apropiaron de fondos institucionales para la campaña de las elecciones primarias del 09 de marzo. La investigación de ICN-TV evidenció la red de diputados que se benefician del nuevo fondo departamental, ahora Fondo Social, con trato preferencial a diputados, unos recibieron 37 millones de lempiras, y otros, 19, 13 y 3.5 millones, respectivamente. Esta distribución de fondos revive la fractura del 09 de marzo, el M28 arrasó y dejó en el camino a diputados de otras corrientes y colocó en buenas posiciones a diputados desconocidos o recién llegados que vienen del Partido Salvador de Honduras (PSH), “redondistas”; los más beneficiados con el Fondo Social quedaron en primeros lugares, exceptuando Silvia Ayala, quien no llegó ni a la posición 20 en Cortés. Y más atrás, Libre carga con el nepotismo, el narco video, el incumplimiento en instalar la CICIH y el asesinato del ambientalista Juan López. Libre no necesita enemigos externos, la cohesión hasta ahora ha sido posible por los equilibrios generosos en la distribución de prebendas, fondos y empleos que hace la coordinación del Partido dentro del núcleo más concéntrico de poder partidario.
La crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) opacó la crisis en Libre. El sabotaje a las elecciones generales de noviembre continuó el 7 de junio, cuando Libre, utilizando los colectivos, impide a las empresas la entrega de ofertas para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP); avanzó al 9 de junio, cuando el consejero Marlon Ochoa informa que no asistirá a las sesiones del CNE, y se profundizó con el quiebre de la consejera Ana Paola Hall respecto al TREP y con la renuncia condicionada presentada días después; un disparo al pie del Partido Liberal. Y desde ese momento, los liberales se convierten en protagonistas y acompañantes de Libre en la construcción y salida de la crisis; someten al Partido Liberal al trauma que le hemos visto y que aún no termina. Difícil dejar de ver una alianza entre el sector de poder fáctico del Partido Liberal con el partido Libre, alianza sustentada en los negocios. Se reviven las desconfianzas y se ahondan las fisuras, y la pregunta se reinstala: ¿a quién representa Ana Paola Hall en el CNE?
El Partido Nacional trató de aprovechar para su campaña la disrupción Liberal en el CNE, pero no pudo sostenerlo, rápido le recordaron su reciente pasado. Y Libre sabe cómo meter en la agenda al Partido Nacional; pocos creen que la imputación del MP al diputado Nelson Márquez y cinco personas más, capturados y privados de libertad, acusados de fraude por 3 mil millones de lempiras, fue una acción eminentemente legal; el hecho fue una exhibición efectiva de cómo utilizar las instituciones del sistema de seguridad y justicia en el proceso electoral. El lunes 04 de agosto ya estaban resueltos los términos de referencia del sistema TREP, y el martes 05 los Tribunales, a petición del MP y la Procuraduría General de la República (PGR), resuelven medidas sustitutivas a la prisión para los seis imputados. Tres mil millones son nada.
Ahora, pasada esta ‘tormenta’, continúa en la agenda de Libre cómo detener o debilitar la caminata convocada por la iglesia católica y la Confraternidad Evangélica para el 16 de agosto. A los argumentos de Libre para descalificar la caminata se han unido algunas voces desde la izquierda, unos advirtiendo la intromisión y otros desafiando la invitación. Ante los argumentos, vale recordar hechos y momentos memorables y trágicos que vivió, aplaudió y sufrió nuestra generación de izquierdas:
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El 22 de junio de 1979, Miguel D’ Escoto Brockmann, sacerdote nicaragüense, ocupando la silla que le cedió el gobierno de Panamá en la OEA, denunció las atrocidades genocidas de la dictadura de Anastasio Somoza. Esta Sesión marca el inicio de la última fase de la dictadura, la huida del dictador y el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 1979, el gobierno revolucionario nombró al Sacerdote D’ Escoto, Canciller, cargo que ostentó hasta 1990.
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Ernesto Cardenal, nicaragüense, sacerdote, teólogo de la Teología de la Liberación y poeta, reconocido revolucionario y luchador social fue nombrado por el gobierno revolucionario del FSLN ministro de Cultura desde 1979 hasta 1987.
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En El Salvador, el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en marzo de 1980 y la masacre de sacerdotes Jesuitas y dos de sus empleadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 1989, incluyendo al rector Ignacio Ellacuría, intelectual y teólogo de la Teología de la Liberación, fue por su compromiso con la Doctrina Social de la iglesia y su compromiso con los derechos humanos.
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La izquierda hondureña, y no dudo que la izquierda de Centroamérica, discrepó y censuró la recriminación pública que con dedo acusador le hiciera el Papa Juan Pablo II a Ernesto Cardenal el 04 de marzo de 1983, cuando el sacerdote arrodillado hacia reverencia al Papa en aquella visita a Nicaragua. En 1984 el Papa prohibió a Ernesto Cardenal administrar los Sacramentos, derechos restituidos por el Papa Francisco en 2019. Cardenal falleció en 2020.
La “izquierda” que gobierna en Centro América, que se benefició, llegó al poder e integró a los espacios de gobierno a sacerdotes que le acompañaron en la lucha y la denuncia nacional e internacional, algunos de ellos con el sacrificio de sus vidas, ha desatado su furia y persecución contra iglesias y universidades.
Y la izquierda hondureña vinculada a Libre, está utilizando la delgada línea que hay entre la defensa de los derechos civiles y derechos políticos con la actividad política partidaria. Los derechos civiles y los derechos políticos son inherentes a las personas, inalienables, irrenunciables e intransferibles; preceden a las organizaciones políticas, y no son patrimonio de los partidos políticos.
