By La estabilidad democrática del país se encuentra en un punto crítico tras trascender que el Fiscal General de la República, Joel Zelaya, habría librado requerimientos fiscales contra las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López. Esta persecución política, disfrazada de legalidad, marca un peligroso precedente donde el Ministerio Público es utilizado como una herramienta de presión directa contra el máximo organismo electoral, justo cuando se define el futuro del país.
Bajo una fuerte presencia institucional, el Ministerio Público ejecutó este miércoles el secuestro de documentos e inspecciones en las bodegas del CNE. Aunque la narrativa oficial justifica estas acciones en la revisión del sistema TREP, el trasfondo real apunta a una acusación dirigida contra la declaratoria oficial de las elecciones. Este movimiento busca validar la postura del partido Libertad y Refundación, que intenta deslegitimar los procesos que no se alinean con sus intereses políticos.
La agresiva estrategia del Ministerio Público es interpretada como la pieza clave en el plan de José Manuel Zelaya Rosales para forzar una anulación del proceso electoral. El objetivo de fondo sería garantizar la permanencia en el poder y mantener un blindaje jurídico absoluto ante la posibilidad de que un cambio de gobierno active investigaciones judiciales contra su círculo cercano y su familia, quienes ven en la alternancia de mando una amenaza directa a su impunidad.
Esta intervención en el CNE no es un hecho aislado, sino una embestida frontal contra la autonomía de las funcionarias Hall y López, quienes hoy enfrentan la criminalización de sus cargos. Al atacar la validez de sus decisiones, el oficialismo intenta sembrar incertidumbre y caos administrativo, preparando el terreno para desconocer cualquier resultado que les resulte adverso, sacrificando la transparencia electoral en favor de la supervivencia política del clan gobernante.
Lamentablemente la acción contrasta con la convocatoria ilegal de Luis Redondo en el Congreso Nacional para discutir un análisis jurídico sobre la declaratoria de elecciones, mientras, se mantienen las amenazas de colectivos de LIBRE para presionar y amedrentar a la oposición política que asistirá a la convocatoria para proteger su derecho en el legislativo
