By La ciudadanía hondureña ya no es la misma de antes, reconoce su poder en el voto, caracterizándose como una población democrática, que reconoce como le afecta la negligencia o eficacia de los gobiernos en su vida y la de su familia.
La responsabilidad humana y democrática de la clase política hondureña no puede seguir reduciéndose a un contacto oportunista y superficial con la ciudadanía cuando los procesos electorales están a punto de comenzar. Durante décadas, el patrón ha sido el mismo: promesas, discursos emotivos y visitas repentinas a comunidades históricamente olvidadas, seguidas de largos períodos de silencio una vez obtenida la cuota de poder. Este comportamiento no solo debilita la confianza pública, sino que erosiona la esencia misma de la democracia.
Una ciudadanía hondureña diferente está emergiendo. Es una ciudadanía más informada, crítica y consciente de que el voto no es un favor concedido al político, sino un derecho humano fundamental y una herramienta legítima de transformación social. Cuando la clase política ignora esta realidad, desconoce que el ejercicio democrático no se activa únicamente el día de las elecciones, sino que se construye mediante una relación constante, transparente y respetuosa entre representantes y representados por muchos años.
La democracia no se sostiene con campañas, sino con ciudadanía. Y para que exista una ciudadanía activa, se requiere atención ciudadana temprana y permanente. Escuchar las demandas sociales, atender las problemáticas estructurales y generar canales reales de participación debe ser una práctica continua, no una estrategia electoral. La política responsable exige presencia antes, durante y después de los comicios, especialmente en contextos donde la desigualdad, la exclusión y la desconfianza institucional han sido históricas.
Esta responsabilidad se vuelve aún más urgente cuando se analiza la situación de la diáspora hondureña en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, conocido simbólicamente como el departamento 19. Millones de hondureños contribuyen de manera decisiva a la economía nacional mediante remesas, pero continúan siendo invisibilizados en el ejercicio de sus derechos políticos. En este contexto, la falta de acceso al derecho humano a la identificación se convierte en una barrera directa para el ejercicio del sufragio.
Negar o dificultar la identificación de las personas no es un problema administrativo menor; es una violación grave de derechos humanos. Sin identidad legal no hay reconocimiento ciudadano, y sin reconocimiento no hay posibilidad real de participación democrática. Obstaculizar el voto de la diáspora equivale a negarles su condición de sujetos políticos, reduciéndolos a simples fuentes de ingreso económico para el Estado.
La clase política hondureña tiene la obligación ética y jurídica de garantizar que los derechos políticos se ejerzan en igualdad de condiciones, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Esto implica fortalecer los mecanismos de identificación, modernizar los sistemas consulares, eliminar prácticas burocráticas excluyentes y asumir un compromiso real con la democracia transnacional. El voto de los hondureños en el exterior no debe ser simbólico ni condicionado, sino efectivo y respetado.
Asimismo, es indispensable reconocer que una ciudadanía consciente no se construye solo desde el Estado, sino también desde la educación cívica y el acceso a información veraz. Cuando las personas comprenden el valor de su voto, dejan de ser utilizadas como instrumentos electorales y se convierten en actores políticos con capacidad de exigir rendición de cuentas. Esta transformación incomoda a quienes han basado su poder en la apatía y el clientelismo, pero fortalece a la democracia.
La responsabilidad humana de la clase política no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en dignificar la relación con la ciudadanía. Honduras necesita liderazgos que comprendan que el poder emana del pueblo para ser administrado por el gobierno y que el voto es una expresión de dignidad, no una mercancía. Atender de forma permanente a la ciudadanía, respetar el derecho a la identidad y garantizar el sufragio efectivo son condiciones mínimas para una democracia auténtica.
Hoy más que nunca, la ciudadanía hondureña —dentro y fuera del país— exige ser escuchada, reconocida y respetada. Ignorar esta demanda no solo es políticamente irresponsable, sino profundamente antidemocrático. Por ello es el tiempo de los hechos sostenibles en favor de las mayorías, para hacer realidad la garantía de los derechos humanos tan indefensa e inexistente actualmente. ¡Clase Política el pueblo ya despertó y necesita ser respetado!
