By Por: Ángela Sosa
Cada diciembre el mundo conmemora dos fechas que deberían ser faros éticos para toda sociedad democrática: el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) y el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre). No es casualidad que ambas efemérides estén separadas apenas por un día. Los derechos humanos y la lucha contra la corrupción son vasos comunicantes: cuando la corrupción se normaliza, los derechos se debilitan; cuando se respeta la dignidad humana, la corrupción encuentra resistencia y límites éticos.
Este año, estas fechas llegan en un momento particularmente sensible para Honduras. El proceso electoral aún no se ha finalizado y, más allá de las afiliaciones políticas, el retraso y la incertidumbre generan un clima que afecta directamente el derecho ciudadano a elegir y ser elegido, así como la confianza en las instituciones que deben garantizar transparencia, legalidad y resultados verificables. El país vive un compás de espera que tiene implicaciones profundas en materia de derechos humanos.
Los derechos humanos no son abstractos; se concretan en la vida cotidiana. Cuando un proceso electoral se estanca, no solo se atrasan decisiones políticas: se afecta la estabilidad de la nación, la confianza ciudadana, la seguridad jurídica y la participación democrática. El derecho al voto —tan básico y, al mismo tiempo, tan poderoso— se ve menoscabado cuando las instituciones electorales no logran ofrecer claridad, certeza y prontitud.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es clara: “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”. Esa voluntad solo puede expresarse mediante elecciones auténticas, periódicas, libres y transparentes. Cuando la ciudadanía percibe que su voto se administra con opacidad o lentitud injustificada, se erosiona la legitimidad estatal y se abre la puerta a tensiones que luego pueden traducirse en violaciones a la dignidad, a la paz social y al ejercicio de libertades civiles. Por eso, hablar del proceso electoral pendiente no es hablar de política partidista; es hablar de derechos humanos.
La corrupción es una forma de violencia institucional. No dispara armas, pero dispara consecuencias: pobreza, desigualdad, deterioro institucional y pérdida de confianza. La corrupción roba oportunidades, distorsiona decisiones públicas y afecta de manera directa a las poblaciones más vulnerables. Por eso, el Día Internacional contra la Corrupción es un recordatorio de que este fenómeno no solo es un delito: es una amenaza real contra el desarrollo, la justicia y la dignidad humana. En contextos electorales, la corrupción adquiere formas especialmente peligrosas: manipulación o compra de voluntades, opacidad en el conteo, influencias indebidas, desinformación, abuso del aparato estatal, uso clientelar de programas públicos, o simplemente la incapacidad de cumplir obligaciones legales por falta de independencia o voluntad.
Cuando cualquiera de estas prácticas se instala, la ciudadanía deja de confiar, el Estado pierde legitimidad y la democracia se convierte en una formalidad vacía. En un país donde la polarización avanza, donde la población joven se siente cada vez más desvinculada del sistema político y donde la migración sigue reflejando la ausencia de oportunidades reales, diciembre debe convertirse en un llamado urgente a la reflexión y a la acción.
El 9 y 10 de diciembre no son fechas para discursos vacíos; son fechas para evaluar cómo estamos cumpliendo —o incumpliendo— con los principios que definen una sociedad justa: Transparencia como antídoto contra la corrupción, debido proceso como garantía para que la voluntad popular sea respetada, instituciones independientes que respondan al Estado de derecho, no a actores políticos, ciudadanía empoderada, porque sin participación crítica y vigilante, la democracia se vuelve rehén de intereses particulares.
Honduras tiene ante sí una oportunidad para demostrar que los derechos humanos y la lucha contra la corrupción no son conceptos decorativos, sino compromisos reales.
Un proceso electoral claro, transparente y finalizado con prontitud no es solo un acto administrativo: es una garantía de paz social, de respeto a la ciudadanía y de dignidad nacional.
En este diciembre —un mes asociado al cierre de ciclos, la reflexión y la esperanza— debemos recordar que la democracia solo florece donde hay luz, no sombras; donde hay transparencia, no incertidumbre; donde hay ética, no complicidad. El desafío está planteado: defender la dignidad humana y combatir la corrupción, empezando por exigir un proceso electoral íntegro y culminado. Honduras merece instituciones que honren la confianza del pueblo. Y el pueblo merece la verdad.
