By La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), presidida por Jorge Aldana, adjudicó mediante el mecanismo de contratación directa un contrato valorado en USD 199.5 millones (aproximadamente L. 5,000 millones) para la construcción de la Represa Jinigüare, según consta en documentación oficial del proceso de compra pública.
El contrato fue otorgado a la empresa brasileña AG Construções e Serviços S/A, de acuerdo con el expediente CDE-001-AMDC-014-2024, publicado en la plataforma estatal HondurasCompras. La información oficial indica que la compañía fue el único oferente en el proceso, situación que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia, la competencia y los mecanismos de control en una de las adjudicaciones más cuantiosas realizadas por la municipalidad en los últimos años.
Contratación directa y un solo oferente
Los registros del proceso detallan que la modalidad utilizada fue contratación directa, financiada con recursos nacionales, y que el proceso fue declarado adjudicado pese a la ausencia de competencia. El contrato establece un plazo de ejecución de 30 meses para la obra, cuyo monto total asciende a USD 199,577,988.07, sujeto a la materialización de financiamiento internacional.
Especialistas en contratación pública señalan que, en proyectos de infraestructura de gran escala, la ausencia de competencia efectiva suele considerarse un factor de alto riesgo, ya que limita la comparación de precios, reduce incentivos de eficiencia y debilita los controles preventivos frente a sobrecostos y prácticas irregulares.
Documentación oficial y firma del contrato
Una comunicación oficial de la AMDC, fechada el 2 de febrero de 2024, notifica la adjudicación del contrato al representante legal de AG Construções e Serviços S/A, estableciendo los pasos administrativos para la suscripción contractual y la presentación de garantías conforme a la Ley de Contratación del Estado de Honduras.
La validez de la adjudicación quedó condicionada al cumplimiento de gestiones relacionadas con el financiamiento internacional del proyecto, conforme a un Memorando de Entendimiento suscrito entre las partes, con respaldo de entidades financieras internacionales.
Antecedentes que generan cuestionamientos
La adjudicación ha cobrado mayor relevancia pública debido a los antecedentes internacionales asociados a la empresa beneficiada. AG Construções e Serviços S/A ha sido vinculada en el pasado a investigaciones por sobornos, colusión y prácticas irregulares en Brasil, en el marco del conocido caso Lava Jato, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina.
Asimismo, registros internacionales señalan que la compañía fue sancionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por pagos indebidos y fraude, y ha sido catalogada en distintos informes como un actor de riesgo en procesos de contratación pública, antecedentes que han encendido las alarmas entre sectores de la sociedad civil y analistas anticorrupción.
Contexto financiero y críticas públicas
La controversia surge en un momento particularmente sensible para la capital hondureña, marcada por limitaciones presupuestarias, reclamos por falta de recursos para el pago de salarios, y múltiples problemas de infraestructura urbana. Diversos sectores cuestionan que, en ese contexto, se haya priorizado una adjudicación de tal magnitud bajo un esquema excepcional y sin competencia abierta.
Críticos del proceso consideran que la decisión podría comprometer las finanzas municipales a largo plazo y exigen explicaciones claras sobre los criterios técnicos, financieros y legales utilizados para optar por la contratación directa y aceptar un único oferente con antecedentes controversiales.
Llamados a transparencia y rendición de cuentas
Hasta el momento, la Alcaldía del Distrito Central no ha emitido un pronunciamiento detallado que responda a las críticas sobre la falta de competencia ni sobre los antecedentes de la empresa adjudicataria. Organizaciones de transparencia y actores políticos han solicitado que el proceso sea revisado por los entes de control correspondientes, incluyendo auditorías técnicas, financieras y legales.
El caso vuelve a poner en el centro del debate público la gestión de los grandes proyectos de infraestructura, la aplicación de mecanismos excepcionales de contratación y la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, especialmente en contratos de alto impacto económico y social.
