By En las comunidades más pobres de Honduras y Guatemala, los primeros años de vida no comienzan en aulas ni con materiales didácticos, sino en condiciones precarias, sin maestros, sin espacios adecuados y con gobiernos que miran para otro lado, según el informe “Políticas y Programas para la Atención y Educación de Primera Infancia en Honduras y Guatemala”.
El informe fue publicado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), junto a aliados regionales como la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), el Foro Dakar y el Colectivo de Educación para Todos y Todas.
Retrocesos peligrosos
El documento lanza una advertencia clara: el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para la primera infancia está en retroceso.
Las cifras son tan alarmantes como reveladoras. No solo hay una baja inversión histórica, sino una tendencia decreciente en el financiamiento público destinado a la educación inicial.
Esta desatención tiene rostro y territorio: niñas, niños indígenas, afrodescendientes, y habitantes de zonas rurales son los más afectados.
La falta de escuelas adecuadas, de docentes capacitados, de programas con enfoque intercultural y de género hacen que muchos menores nunca lleguen a pisar un aula antes de los seis años.
Las 5As del derecho humano a la educación en crisis
El análisis se estructura desde el marco de las 5As del derecho humano a la educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas.
En cada uno de estos pilares, Honduras y Guatemala fallan de manera sistemática.
- Disponibilidad: escasa oferta educativa para la primera infancia
- Accesibilidad: la pobreza, la distancia y la discriminación impiden que miles accedan a centros de educación temprana
- Aceptabilidad: contenidos poco relevantes para contextos culturales diversos
- Adaptabilidad: currículos que no responden a las realidades de niñas y niños
- Accountability (rendición de cuentas): ausencia de transparencia en las políticas públicas del sector.
Pandemia, privatización y desigualdad
El impacto de la pandemia de COVID-19 exacerbó los problemas ya existentes. La digitalización sin inclusión dejó atrás a quienes no tenían conexión ni dispositivos.
A esto se suma el avance de la privatización educativa, que lejos de resolver, profundiza la desigualdad: solo quienes pueden pagar acceden a servicios adecuados.
El informe no solo expone, también interpela. Insta a los gobiernos a asumir su responsabilidad, aumentar la inversión pública y asegurar el carácter gratuito y universal de la educación en la primera infancia.
La esperanza en la organización comunitaria
Pese a este panorama, la esperanza persiste en las comunidades organizadas que, con pocos recursos, crean espacios alternativos para la educación infantil.
Organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y colectivos educativos ven en este informe una herramienta de lucha para exigir una educación transformadora, democrática y emancipadora.
“El informe da la pauta de una realidad que se vive en las comunidades postergadas y es hora de tomar acciones”, revela Cristina Aragón, docente de Copán.
Honduras y Guatemala enfrentan una deuda histórica con su infancia. Y no se trata solo de presupuesto: se trata de voluntad, de romper con modelos excluyentes y construir sistemas educativos que abracen todas las realidades.
Porque cuando se niega la educación desde el inicio de la vida, no solo se trunca el futuro de un niño: se fractura la posibilidad de un país más justo.
