By En Honduras, el miedo no descansa. Ni siquiera en Semana Santa. Así lo denunció Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano, quien afirmó que los grupos criminales no solo mantienen sus exigencias de extorsión durante el asueto, sino que las adelantaron.
“Se fueron a Semana Santa con buen billete”, lamentó Cálix. En algunos casos, explicó, las estructuras delictivas cobraron doble cuota de extorsión antes de iniciar el feriado,
Esto obligó a los transportistas a pagar bajo amenazas, una vez más, para poder trabajar en relativa calma.
Un país con miedo
La extorsión sigue marcando la vida cotidiana en Honduras. Y los datos lo confirman: según la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), solo en enero de 2025 se recibieron 341 denuncias formales, más del doble de las registradas en el mismo mes de 2024.
Sin embargo, esta cifra apenas roza la superficie. La mayoría de víctimas guarda silencio por temor a represalias, perpetuando un ciclo de impunidad. Un ciclo donde el que paga no se salva, y el que no paga, tampoco.
Transporte, el rubro más golpeado
El sector transporte urbano es, quizás, el más vulnerable ante la extorsión. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que, en 2023, los transportistas pagaron aproximadamente 600 millones de lempiras.
En 2024, el monto se duplicó, alcanzando más de 1,200 millones, equivalentes a más de 100 millones de lempiras mensuales.
A pesar de los pagos, las muertes no cesan. Solo en 2024 se registraron 49 asesinatos de transportistas.
Y 2025 no promete mejor panorama: en las primeras semanas ya se reportan nuevos casos de homicidio ligados a este flagelo.
El desplazamiento forzado
La extorsión no solo cobra dinero y vidas: desarraiga. Miles de hondureños se ven obligados a cerrar sus negocios o abandonar sus hogares para huir de las amenazas constantes.
Este fenómeno impulsa la migración y el desplazamiento forzado, y profundiza la ya crítica situación humanitaria del país.
El reciente informe «Estado de País 2025: Seguridad y Justicia» de la ASJ documenta que más de 311 mil familias son víctimas de extorsión.
Se trata de una cifra demoledora, que refleja no solo la ineficacia de los planes de seguridad, sino la crudeza de vivir bajo el yugo del crimen.
Sin garantías de paz
La denuncia de Cálix pone de relieve una dolorosa verdad: las estructuras criminales operan con tal impunidad que incluso planifican sus cobros según el calendario festivo.
Y mientras las autoridades redoblan esfuerzos en carreteras, muchos barrios y rutas de transporte quedan desprotegidos, a merced de los extorsionadores.
Respuestas efectivas
En Honduras, la extorsión no es solo un delito: es una sentencia de miedo, empobrecimiento y muerte.
Las cifras, las denuncias y los testimonios coinciden en una verdad incuestionable: el crimen cobra y el Estado aún no paga su deuda de protección con la ciudadanía.
Urge una estrategia integral que no solo capture extorsionadores, sino que devuelva la confianza a las víctimas, rompa el ciclo del silencio y construya un país donde trabajar no signifique pagar por sobrevivir.
