By Desde mi posición como Consultor Político Internacional y Politólogo, quiero expresar públicamente mi profunda preocupación ante los alarmantes hechos que han sacudido a Honduras en los últimos meses, y especialmente en los últimos días.
Los denominados colectivos del oficialismo —vinculados al partido Libre— han protagonizado una serie de actos que no pueden llamarse de otra manera: un asalto violento a las instituciones democráticas del país. El ingreso forzado a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Congreso Nacional, bloqueando sus funciones y alterando su normal funcionamiento, representa un ataque directo al corazón del sistema republicano.
Lo más grave es que impidieron —de forma organizada y con clara intención política— que las empresas interesadas en operar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) presentaran sus propuestas técnicas. Esta maniobra es peligrosa y deliberada: busca sabotear los mecanismos de transparencia electoral de cara al proceso previsto para el próximo 30 de noviembre.
Esto no es un hecho aislado. En los últimos tres años, y en distintas conversaciones mantenidas con líderes políticos, empresariales y eclesiásticos del país, advertí con claridad cuáles serían los pasos que se irían ejecutando. No por especulación, sino porque se viene siguiendo, a rajatabla, el guion ideológico del Foro de São Paulo, un proyecto geopolítico que ha demostrado —en toda América Latina— que no respeta instituciones, elecciones ni libertades fundamentales.
El oportunismo político de Libre los ha llevado a abrazarse a lo más oscuro del socialismo del siglo XXI, reproduciendo las mismas tácticas utilizadas en Cuba, Venezuela, Nicaragua, y más recientemente en Colombia y Brasil. El objetivo es claro: instaurar un régimen autoritario y perpetuarse en el poder a toda costa.
Hoy, la amenaza tiene un nombre: Smartmatic. Una empresa internacional sumamente cuestionada por su rol en procesos electorales dudosos en distintas partes del mundo. La intención de imponerla sin licitación abierta ni competencia técnica es una señal más de que se busca manipular el proceso electoral desde su base misma.
La Ley Electoral ha sido violentada, y lo que ocurre no es sólo un acto político: es un delito que debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público, sin demora ni titubeos.
El pueblo hondureño no debe permitir que le roben la democracia. Si Libre se queda en el poder no será por un periodo constitucional más. Será, como ya ha ocurrido en tantos países, el principio de una dictadura disfrazada de legalidad, que puede durar décadas.
Es el momento de que los sectores democráticos del país —partidos, empresarios, iglesias, medios y ciudadanía organizada— comprendan que lo que está en juego no es una elección. Lo que está en juego es la libertad.
