By Por: Hernán Argüello
A medida que Honduras se aproxima al proceso electoral de 2025, crecen las señales de alarma sobre la integridad del sistema democrático. Lo que en otros contextos serían simples tensiones institucionales, en el caso hondureño reflejan un patrón preocupante: el avance silencioso pero sostenido hacia un modelo de dominación electoral hegemónica, inspirado en manuales ya aplicados en Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
En los últimos meses ha circulado información —no desmentida— sobre la llegada de asesores electorales procedentes de gobiernos autoritarios de izquierda en la región, supuestamente para “cooperar” en materia electoral. La experiencia venezolana muestra que esta cooperación suele incluir manipulación institucional, tecnificación del fraude y construcción de un marco legal que favorece al partido en el poder. Venezuela capturó el CNE, inhabilitó candidatos opositores, eliminó partidos y utilizó las Fuerzas Armadas como instrumento político. En Honduras, el oficialismo avanza peligrosamente en una dirección similar.
Uno de los focos de mayor tensión dentro del CNE ha sido el rol del consejero Marlon Ochoa, quien es una figura alineada políticamente al oficialismo. Su negativa a asistir a sesiones claves del pleno ha sido interpretada como una maniobra para entorpecer el funcionamiento del órgano colegiado, en medio de una etapa crítica del proceso electoral.
Aunque no existe una propuesta formal para subordinar el CNE al Congreso, persiste la preocupación de que se estén gestando reformas o estrategias que, bajo el argumento de garantizar mayor transparencia o eficiencia, terminen debilitando su independencia funcional. La polarización interna, sumada a la presión externa de actores políticos con intereses partidarios, amenaza con convertir al árbitro electoral en un instrumento al servicio del poder, en lugar de ser garante neutral del proceso democrático.
El intento de debilitar la autonomía del CNE rompería con los frágiles equilibrios democráticos establecidos desde la crisis de 2009. Si se concretan mecanismos para neutralizar la función técnica e imparcial del árbitro electoral, el oficialismo podría terminar controlando las reglas del juego, la definición de candidaturas, la participación opositora y la manipulación de resultados con apariencia de legalidad. Esta no sería una democracia auténtica, sino una fachada democrática sin alternancia: un voto sin opciones reales, legitimado por una estructura institucional previamente condicionada para producir siempre el mismo resultado. El riesgo no es solo electoral, sino estructural: una vez socavada la autonomía del CNE, se abriría la puerta a un modelo de dominación prolongada donde las elecciones se convierten en rituales vacíos y la voluntad ciudadana queda subordinada a intereses partidarios enquistados en el poder.
La situación se agrava con el alineamiento político de las Fuerzas Armadas, que han expresado simpatía institucional hacia la presidenta Xiomara Castro. Esta subordinación viola el principio de neutralidad militar e imita el modelo venezolano, donde el control castrense facilitó el fraude, la represión a opositores y la disuasión de protestas civiles.
Durante las elecciones internas recientes, el Partido Libre no publicó resultados transparentes y hubo denuncias de exclusión de aspirantes por maniobras internas. También el “extravío” de ciertas urnas durante el proceso llevado a cabo en marzo causa aún más suspicacias sobre la posible manipulación militar del proceso electoral. Esto deja una señal clara: la manipulación del sistema desde adentro ya comenzó.
La exconsejera Ana Paola Hall renunció por presiones políticas y amenazas. Representaba un contrapeso técnico dentro del CNE. Desde su salida, la independencia del órgano se ha erosionado sistemáticamente. En palabras de la consejera actual Cossette López, vía redes sociales: “Es insostenible continuar trabajando en el CNE en un ambiente sin garantías legales ni democráticas.” “Denuncio públicamente la conspiración y el accionar sistemático para debilitar y desmantelar al Consejo Nacional Electoral.”
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente. Exigimos a la OEA, la Unión Europea y el Departamento de Estado de EE. UU. que activen observación permanente del proceso electoral, verifiquen amenazas institucionales al CNE y emitan advertencias claras frente a intentos de captura electoral. La congresista estadounidense María Elvira Salazar lo ha denunciado públicamente: “El gobierno liderado por el comunista Manuel Zelaya está utilizando al ATIC para intimidar al CNE y manipular el proceso democrático. Todo indica que intentarán robarse las elecciones.”
Honduras está en una encrucijada histórica: puede consolidar un sistema democrático abierto y competitivo, o permitir la instalación de un modelo de partido único, con represión dosificada y legalidad manipulada. Por ello proponemos conformar una Red de Defensa de la Democracia Electoral, integrada por ciudadanos vigilantes, observadores nacionales, medios libres, juristas y veedores internacionales.
Las señales están claras: funcionarios ideologizados, reformas que debilitan la institucionalidad, un poder legislativo que busca cooptar al árbitro electoral y unas Fuerzas Armadas politizadas y no neutrales. Honduras aún está a tiempo… pero el reloj avanza. La democracia no muere con un solo golpe, sino con una secuencia de maniobras vestidas de legalidad. Hoy no basta con tener elecciones: hace falta que sean verdaderamente libres, competitivas y transparentes.
