By Tegucigalpa, Honduras. La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras que conoce el juicio político contra el suspendido fiscal general Johel Zelaya continuó este martes con la fase de testimonios, en la que varios comparecientes denunciaron presuntas irregularidades, persecución política y violaciones a sus derechos durante su gestión. “Hay muchos servidores afectados que no pueden hablar por miedo. Yo soy la voz de ellos”, declaró uno de los testigos.
Entre los testimonios más destacados se encuentra el de Raúl Amílcar Rivera Montoya, empleado del Consejo Nacional Electoral de Honduras, quien aseguró haber sido expuesto públicamente por el fiscal sin un juicio previo, afectando su presunción de inocencia y provocándole la pérdida de su empleo. Rivera explicó que las comisiones técnicas del CNE, en las que participó, tenían funciones estrictamente técnicas y que las responsabilidades que se le atribuyeron respecto al transporte de urnas no le correspondían.
Dennis Emilio Hércules Rosa denunció haber sido víctima de un proceso sin garantías legales por supuestos delitos relacionados con las elecciones primarias de 2025. Según su testimonio, las acusaciones carecían de fundamento y eran resultado de una “justicia selectiva”, ya que solo se investigó a exfuncionarios del CNE mientras otros actores clave quedaron fuera del proceso.
Por su parte, Fabricio Perdomo, auxiliar fiscal, relató que durante la gestión de Zelaya sufrió descensos laborales, reducción salarial y medidas administrativas sin sustento legal, presuntamente para presionarlo a abandonar su cargo. Advirtió además que estas prácticas podrían generar demandas millonarias contra el Estado y que no se trataba de casos aislados dentro del Ministerio Público.
La fase de testimonios forma parte de la etapa investigativa del juicio político, en la que la comisión especial recopila pruebas antes de emitir un informe que será sometido a votación en el pleno del Congreso. Las declaraciones de los testigos podrían ser determinantes para la decisión final sobre la permanencia o destitución del fiscal general, en medio de un ambiente de alta tensión política.
