By Una investigación reciente muestra que el gobierno de Daniel Ortega ha aumentado la entrega de permisos de explotación minera, incluyendo áreas bajo protección ambiental y territorios indígenas, lo que ha generado preocupación entre ambientalistas y comunidades locales.
La expansión de la minería a gran escala ha avanzado rápidamente, especialmente con la autorización de nuevas concesiones a empresas extranjeras, entre ellas firmas con capital chino, que operan en regiones ecológicamente sensibles.
Organizaciones ambientales y defensores de derechos de pueblos originarios han alertado sobre los riesgos de estas decisiones, que implican la explotación de recursos naturales en áreas protegidas legalmente y territorios tradicionales de comunidades indígenas.
Este incremento en las concesiones ocurre en un contexto donde la minería ha cobrado un papel importante en la economía nicaragüense, pero también ha aumentado las tensiones entre el desarrollo extractivo y la protección del medio ambiente y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La medida ha sido criticada por grupos sociales que señalan la falta de consulta previa y la posible vulneración de normativas ambientales e indígenas, aunque el gobierno nicaragüense sostiene que dichas concesiones forman parte de su estrategia de crecimiento económico.
