By La Comisión Liquidadora informó que se requerirán más de 207 millones de lempiras para cubrir el pago de prestaciones laborales a cerca de 1,997 empleados de siete instituciones estatales que fueron suprimidas como parte del proceso de reestructuración del aparato público.
El miembro de la comisión, el abogado Leonel Núñez, explicó que el equipo técnico ya concluyó el levantamiento de información en estas entidades y actualmente trabaja en un diagnóstico individual para determinar cuáles dependencias serán adscritas a otras instituciones del Estado y cuáles entrarán en un proceso de liquidación definitiva.
Según detalló, los auditores revisan las obligaciones registradas en el sistema financiero F-01 para confirmar que cada deuda tenga el respaldo documental correspondiente antes de autorizar los pagos. También se analizan contratos de alquiler y otros compromisos financieros para evitar erogaciones innecesarias durante el proceso de cierre o reorganización de las instituciones.
Núñez aseguró que el gobierno ha instruido garantizar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores que resulten cesanteados, incluyendo el pago total de sus prestaciones. Asimismo, indicó que algunas obligaciones detectadas deberán ser verificadas por instancias como el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público.
El funcionario agregó que se espera avanzar durante marzo en la cesantía de al menos 737 empleados vinculados a una de las secretarías involucradas en el proceso. Paralelamente, el Estado mantiene negociaciones para suspender contratos de alquiler de edificios próximos a vencer, con el objetivo de reducir gastos mientras se ejecuta la reorganización institucional.
