By Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
La política de seguridad ciudadana emprendida por la oligarquía familiar Zelaya-Castro es frágil y no logra solucionar la lamentable situación que crea en la sociedad hondureña, el poder ilícito que tienen el crimen organizado y las maras. Mientras no se aplique una política de seguridad integral, entendida como un enfoque multisectorial, preventivo, centrado en derechos humanos y sostenido institucionalmente más allá de los ciclos políticos, en el país prevalecerán las condiciones que permiten la violencia común y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de asegurar el orden.
La gobernanza castromelista insiste en sostener un abordaje fragmentado de la seguridad. Se han encerrado en un circulo de respuestas reactivas y represivas caracterizadas por la militarización de la seguridad pública, estados de excepción, operativos focalizados, y promesas demagógico populistas con mano dura. Este modo de actuar, solo demuestra que no tienen un plan coherente de largo plazo, ni diagnósticos técnicos, sino un puro interés político de vista corta, que responde a fines electorales y distracciones que alejen la atención de los ciudadanos de los escándalos de corrupción.
Con intensificar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, mantener estados de excepción y suspender garantías constitucionales en territorios de alta criminalidad, sin resolver los factores que originan y alimentan la violencia, como el desempleo, la ausencia de políticas de desarrollo cultural para los jóvenes, favorecer la impunidad judicial, caer en la indiferencia ante la corrupción policial y la falta de oportunidades; la militarización es un proceso irremediable y la institucionalidad civil será minimizada, en consecuencia, los procesos preventivos no tendrán cabida.
La ausencia de una política de seguridad integral conduce al debilitamiento sistemático de las instituciones encargadas de diseñar y ejecutar dicha política institucional y a la politización de la policía tanto civil como militar. Lo cual significa que, mantener al Ministerio de Seguridad, sin autonomía técnica y presupuesto suficiente para liderar un cambio estructural. En consecuencia, el sistema de justicia -fiscalía, tribunales y defensoría pública, tenderán a prolongar la aguda crisis de confianza y eficiencia. Y, además, continuará la desarticulación interinstitucional operativa entre seguridad, salud, desarrollo social, cultura y juventud. En otras palabras, el no tener una plataforma común de trabajo preventivo y tampoco darle una verdadera participación a la ciudadanía, la construcción de la seguridad integral es imposible.
Las consecuencias sociales de una seguridad fragmentada, son sostener a la sociedad hondureña atrapada entre el miedo y la impunidad, seguir con tasas de homicidio arriba del promedio latinoamericano y vivir intimidados bajo el sistema de dominación paralelo ilícito que tienen las estructuras criminales y, que les permite, aplicar “impuestos mareros” o de extorción que ahogan a los microempresarios y desplazan el comercio informal, ocasionando migraciones forzadas irregulares y la ruptura del tejido social. Igualmente, al dar preferencia a los estados de excepción y el abuso de autoridad, se producen violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y el oprobio a jóvenes pobres. En otros términos, le dan prioridad al enfoque punitivo, desigual y clasista que reproduce el rechazo social que anuncian combatir, en vez de desarrollar una política de seguridad integral.
En conclusión, fallan por no aplicar una política de seguridad integral para contrarrestar los altos índices de violencia y el deterioro agudo de la convivencia democrática.
