By Por: Marcio Sierra
Lecturas Políticas
INDICE
PREÁMBULO………………………………………………………………………………………………….. 5
PRIMERA PARTE……………………………………………………………………………………………. 7
EL ASCENSO Y EL HORIZONTE………………………………………………………………….. 7
El contexto político que dio origen al castromelismo…………………………………………………. 7
Crisis del bipartidismo tradicional…………………………………………………………………………. 10
La figura de Xiomara Castro y el retorno de Manuel Zelaya……………………………………… 14
La narrativa refundacional es mentirosa y afecta a la ciudadanía………………………………… 18
El Partido Libre protege el castromelismo, no edifica una democracia socialista…………… 21
Lo menos que son los castromelistas es ser “Socialistas Democráticos”……………………… 22
El Frente de Resistencia Popular contribuye a distorsionar la refundación socialista……… 25
SEGUNDA PARTE………………………………………………………………………………………… 27
MALA GOBERNANZA CON PODER……………………………………………………………. 27
Refundación económica: entre demagogia y supeditación…………………………………………. 27
Soberanía condicionada y vínculos externos sin perspectiva de desarrollo nacional ……… 30
Refundación política sin gobernabilidad económica ………………………………………………… 33
Política fiscal obstinada y promovida con finalidad política ventajista…………………………. 37
El trasfondo político e ideológico de la controversia sobre la tributación……………………. 40
El castromelismo: una oligarquía socialista con rostro familiar …………………………………. 41
Poder oligárquico familiar con nepotismo e
impunidad ……………………………………………………………………………………………………….. 43
Oligarquía familiar opresiva y represiva…………………………………………………………………. 45
Oligarquía familiar con seguridad en aprietos y derechos humanos amenazados ………….. 49
Gobernanza catromelista sin política de seguridad integral………………………………………. 53
En vez de refundación hay militarización
subordinada………………………………………………………………………………………………………. 56
Programas sociales utilizados para lograr control político…………………………………………. 59
Promesas rotas: Decepciones en Salud y Educación………………………………………………… 61
Lucha silenciada: desmantelamiento sindical y ausencia de políticas sostenibles……………. 64
Regresión institucional y fuga de talentos: la tragedia callada…………………………………….. 68
TERCERA PARTE………………………………………………………………………………………….. 71
EL PODER COMO FAMILIA Y DOCTRINA…………………………………………………. 71
Dominación populista, caudillista, clientelista y poder concentrado…………………… 71
El poder real de MEL…………………………………………………………………………………………. 75
El mandato presidencial de Xiomara Castro
decepciona………………………………………………………………………………………………………… 77
El Partido Libre y la consolidación de un Estado oligárquico familiar corrupto……………. 82
Las otras formas de dominación socialistas…………………………………………………………….. 84
CUARTA PARTE……………………………………………………………………………………………. 87
SOCIEDAD, OPOSICIÓN Y RESISTENCIA…………………………………………………. 87
División ideológica y lucha política………………………………………………………………………. 87
Oposición democrática sin integración estratégica es débil para luchar políticamente……. 91
Socialistas en medio de una narrativa de cambio falsa y una dominación despótica………. 95
Resistencia democrática desde adentro en Honduras: clamores, contiendas e ilusiones….. 98
QUINTA PARTE………………………………………………………………………………………….. 102
APRECIACIÓN…………………………………………………………………………………………….. 102
Realidad estructural inalterada……………………………………………………………………………. 102
La Indecencia destella día a día…………………………………………………………………………… 104
La Seguridad pública es ineficiente……………………………………………………………………… 108
Ausencia de una política económica integral…………………………………………………………. 109
Legado reprobado de la refundación prometida por Xiomara Castro……………………….. 113
SEXTA PARTE……………………………………………………………………………………………… 116
NO HAY CAMBIO REAL EN HONDURAS, SINO FRACASO, CONTINUIDAD Y POST-CASTROMELISMO TENEBROSO……………………………………………………………….. 116
La ilusión del cambio: Promesas vs. Realidades…………………………………………………….. 116
Indicadores clave del fracaso del enfoque político refundacional……………………………… 117
Del castromelismo al post-castromelismo: horizonte dudoso………………………………….. 118
Sucesión, reelección encubierta y riesgos
autoritarios……………………………………………………………………………………………………… 118
Oportunidades para la oposición democrática………………………………………………………. 119
¿Refundación o restructuración despótica?…………………………………………………………… 119
PREAMBULO
Honduras ha vivido, a lo largo de su historia reciente, numerosas transiciones frustradas y promesas de cambio que no llegaron a consolidares. Sin embargo, pocas veces se ha proyectado con tanta fuerza discursiva una refundación nacional como la que prometió el Partido Libre al postular a Xiomara Castro para presidente en las elecciones generales de 2021 y ganarlas.
Aclamada por una alianza popular fatigada de la corrupción y el autoritarismo conservador del pasado reciente, el nuevo régimen de dominación castromelista levantó la bandera del “socialismo democrático”, el clamor feminista, la justicia social y el rompimiento con la oligarquía tradicional “Juan Orlandista”. Pero el resultado, después de las tres cuartas partes del total del periodo presidencial, ha sido peor al del periodo oligárquico anterior: bajo la dominación oligárquico familiar Zelaya-Castro se produce una combinación paradójica de retórica libertaria con prácticas despóticas, concentración nepotista del poder y una incapacidad evidente para transformar las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población.
En este libro se presentan y proponen lecturas políticas que desenmascaran la naturaleza real de la gobernanza castromelista: una que, lejos de refundar el Estado, lo ha manipulado para profundizar un nuevo modelo de dominación disfrazado de socialista democrático. Se descubren los signos evidentes de esa desviación política: la regresión institucional, el deterioro de los servicios públicos, la militarización subordinada, la represión simbólica y mediática, el fracaso económico y el desencanto social de los sectores que una vez creyeron en la promesa de transformación.
La demagogia ha sido el instrumento y la dominación familiar el objetivo. Bajo un manto de victimismo histórico, el poder se ha concentrado en un círculo cerrado, férreamente controlado por interés personales y partidistas, y sostenido mediante redes de amigos y parientes bien remunerados, propaganda asesorada por técnicos extranjeros y la manipulación de los símbolos de lucha social.
Este esfuerzo literario no solo es una crítica. Es también un testimonio. Reúne voces, cifras, hechos y análisis que pretenden documentar con rigor lo que significan los años de gobierno castromelistas. Al mismo tiempo, plantea una advertencia y una contribución al debate público: para que la memoria no sea amnésica, para que la ciudadanía comprenda los mecanismos sutiles del nepotismo, y para que la democracia, aun herida por torturas políticas, encuentre en la verdad el camino de su recomposición.
Porque cuando un gobierno se apropia del lenguaje de la justicia para ejercer injusticia, es deber de los ciudadanos y los intelectuales recuperar la palabra, la memoria y la razón critica. Este libro es parte de ese empeño.
PRIMERA PARTE
EL ASCENSO Y EL HORIZONTE
El contexto político que dio origen al castromelismo
La llegada al poder del Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezado por Xiomara Castro en 2022, no fue un accidente político ni un simple giro electoral. Fue el resultado de una profunda crisis del sistema político hondureño, una ruptura histórica originada por décadas de exclusión, corrupción sistémica y perdida de legitimidad de los partidos tradicionales. ¿Qué contexto sociopolítico posibilitó el surgimiento del castromelismo como fuerza de poder, entendiendo este fenómeno como una corriente que mezcla caudillismo, narrativa refundacional, populismo progresista y control familiar del aparato estatal? La realidad nos demuestra que es la erosión del sistema bipartidista lo que definitivamente contribuyó a su aparición.
Por más de tres décadas, Honduras ha sido gobernada por los partidos liberal y nacionalistas, bajo una estructura que aparentaba estabilidad democrática pero que reproducía prácticas clientelares, corrupción impune y concentración de poder. Esta estructura entró en crisis en la primera década del siglo XXI, cuando sectores ciudadanos comenzaron a percibir el agotamiento del modelo liberal representativo. Según el informe de latino barómetro (2020), solo el 25% de los hondureños confiaba en los partidos políticos, mientras que la percepción de corrupción se ubicaba entre las más altas de América Latina (Transparencia Internacional, 2019). La “democracia representativa” se convirtió en una fachada para redes de poder que no respondían al interés colectivo.
La salida forzada del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009 marcó un antes y un después. Independientemente de las razones legales esgrimidas por los sectores liberales y nacionalistas, la salida forzada de Mel, representa la ruptura del orden institucional vigente y da la señal de que las elites políticas y económicas no permitirían reformas redistributivas ni cambios en el modelo neoliberal. Este hecho es lo que da origen a un proceso de politización de amplios sectores sociales -jóvenes, movimientos indígenas, obreros, mujeres organizadas- que desembocaron en la creación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y posteriormente en el Partido Libre. Según Barahona (2010), “la resistencia al golpe produjo un nuevo sujeto político: el ciudadano indignado, dispuesto a disputar el poder desde la calle y la urna”.
El Partido Nacional, que asumió el poder en las elecciones realizada el 27 de enero de 2010, tras la salida forzada del expresidente Mel, si bien facilitó el retorno del expresidente liberal y creo las condiciones para recuperar la estabilidad institucional, a lo largo de 12 años continuos de gobernanza, realizaron un mandato tecnocrático imperativo, bastante enérgico durante los ocho últimos años de gobierno. Entre el 2014 y el 2021, se produjeron escándalos de corrupción que aumentaron el descontento social y las manifestaciones en contra del Partido Nacional y su gobernanza, percibida como una administración corrupta al servicio de redes narcotraficantes criminales, gracias a una efectiva campaña de difamación política promovida por el Partido Libre.
Es bajo este contexto político coyuntural que, se propicia una opción refundacional socialista democrática, para limpiar el sistema.
Y es cuando presentan a Xiomara Castro como la alternativa opuesta al modelo tecnocrático imperativo del Partido Nacional. Una mujer, políticamente catalogada como víctima de la expulsión forzada de su esposo y defensora emblemática del enfoque político refundacional que propone el Partido Libre y utilizada como el símbolo del socialismo democrático por este partido. Una vez en el poder, al haberlo conquistado por la vía electoral en noviembre de 2021, su marido Manuel Zelaya, asume la conducción del gobierno y coordina políticamente al Partido Libre.
Ante lo cual, la crítica opositora democrática, lo califica como un “Gran Engaño” político (Sierra,2022). Dado que, quien ejerce el poder, es Mel desde el trasfondo político como el caudillo-jefe del Partido Libre. De tal suerte, que Mel Zelaya pasa de ser víctima a estratega, convirtiéndose en el personaje más influyente en el nacimiento del castromelismo. Fue capaz de aglutinar las fuerzas de la sociedad civil con el apoyo del FNRP y atraer movimientos indígenas, iglesias populares, sectores liberales desplazados y juventudes indignadas.
MEL al reinventarse como estratega tejió alianzas, organizo estructuras paralelas, y sobre todo, mantuvo el control de Libre como un partido de obediencia vertical. Aunque públicamente adoptó la fachada de asesor consejero, en la práctica fue y sigue siendo el arquitecto del poder castromelista.
Las elecciones de 2021, más que demostrar ser una competencia electoral, fueron unas elecciones emocionales, en las que, el pueblo votó no tanto por el proyecto refundacional que Xiomara prometía sino por el hartazgo que sentía ante los mandamases nacionalistas.
Votaron en contra del “juanorlandismo”, contra la pobreza, contra la corrupción y contra la bufonada. Xiomara ganó popularidad prometiendo algo distinto. Se convirtió en la primera mujer presidente, con un discurso de justicia social, feminismo popular y soberanía. Lo que significó para muchos la posibilidad de un cambio real. Sin embargo, todo ese capital simbólico que la llevó al poder, a lo largo de su gobernanza, pronto lo convirtieron en su principal vulnerabilidad política.
Concluyendo, el castromelismo no nació de un triunfo ideológico, sino de un vacío de representación. Su ascenso si bien fue legitimo al conquistar el Partido Libre el poder, a través de elecciones generales, su nacimiento evidencia la presencia de un sistema político bipartidista extenuado, de una ciudadanía traicionada demasiadas veces, y de la manifestación de una narrativa refundacional que prometió redención. Sin embargo, lo que plantaron en el suelo fértil del descontento ciudadano, en menos de cuatro años muestran resultados amargos. El castromelismo no ha logrado ni alcanza a lograr la transformación del sistema, sino que cae en una burda imitación con otros nombres y familias, de las viejas prácticas que, con ahínco emocional, criticaron en la campaña electoral del 2021. Lo que el pueblo creyó, que con Xiomara Castro se iba a iniciar una nueva etapa democrática, en realidad, se ha convertido en una tiranía reprobable que ahora la mayor parte de la ciudadanía quiere erradicar.
Crisis del bipartidismo tradicional
El sistema bipartidista formado por el Partido Nacional y el Partido Liberal a lo largo del siglo XX y principios del XXI, hizo posible el sostenimiento de una alternancia política que permitió darle cierta estabilidad democrática al sistema político.
Se pudo moldear la vida institucional de Honduras, pero también contribuyó a establecer el clientelismo político, como mecanismo necesario para sostenerse en el poder.
Bajo la dominación política bipartidista, encubrieron una estructura de poder excluyente, clientelar e insondablemente corrupta. Las dos primeras décadas del siglo XXI evidenciaron un progresivo colapso de la hegemonía compartida, en medio de escándalos de corrupción, crisis institucionales, deterioro social y la ebullición de una ciudadanía cada vez más consciente y decantada.
En otras palabras, el bipartidismo tradicional, no implicó imprescindiblemente, la reconfiguración del poder que evitase la concentración de la riqueza, la polarización y el populismo. A lo largo de la dominación del sistema bipartidista, la alternabilidad logra una débil fortaleza institucional, el tutelaje militar y una incidencia de intereses extranjeros. Ambos partidos se embrollaron en ideologías difusas y se nutrieron con prácticas clientelares que tejieron interacciones con las elites económicas cuestionables.
Entre 1982 y 2021, el bipartidismo contribuyó poco a mejorar la baja calidad de la democracia. Las propuestas ideológicas diferenciadas y el fortalecimiento de canales reales de representación ciudadana brillaron por su ausencia. El bipartidismo funcionó más como un sistema político de rotación de elites que como un sistema competitivo, basado en visiones alternativas de desarrollo del país. Entrado el siglo XXI, el afloramiento del desgaste bipartidista se hace evidente en los partidos tradicionales, debido principalmente, a factores que inciden en su deterioro político y generan desconfianza ciudadana, entre los cuales destacan:
- La corrupción estructural, evidenciada en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el desvío de fondos públicos como el caso Pandora y en el uso indebido del poder de algunos legisladores y funcionarios públicos, de ambos partidos, al realizar acciones ilegales asociadas con el narcotráfico.
- La desigualdad social y la pobreza persistente, que demostraban la inefectiva modernización y un crecimiento económico que no lograban aumentar y expandir el bienestar social, por tanto, tampoco reducir sustancialmente la pobreza, la exclusión ni la desigualdad estructural. Igualmente, la marginalización en las zonas rurales y los sectores populares incidían en generar recelo ciudadano.
- La expulsión forzada del presidente Manuel Zelaya, marcó un antes y un después, demostró la división que existía en la sociedad y provocó el surgimiento del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) que aprovechó el malestar ciudadano, para darle entrada a lideres políticos de izquierda e intensificar la protesta social.
Dinamizaron la lucha política de resistencia aglutinando a los movimientos indígenas, feministas, estudiantiles, ambientalistas y anticorrupción, en contra del bipartidismo tradicional, los intereses corporativos y extractivos. Las elecciones de 2013 y, especialmente las de 2021, marcan la quiebra definitiva del bipartidismo. Y establecen las condiciones políticamente apropiadas para conquistar el poder y lograr la victoria electoral de Xiomara Castro. Tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, cayeron en una crisis de legitimidad de la que aún luchan por recuperarse.
Los liberales buscan salir de la posición marginal en que se encuentran y el Partido Nacional trata de superar el debilitamiento que le causaron las acusaciones de narcotráfico y el encarcelamiento del expresidente Juan Orlando Hernández.
Aun así, con la conquista del poder por parte del Partido Libre y la caída del bipartidismo tradicional, no se logra la instauración de un sistema político democrático y plural. Por el contrario, surge una modalidad política de concentración del poder en torno al castromelismo, que suma nuevos rasgos clientelares, formas demagógicas populistas y autoritarias que, ponen en entredicho, el enfoque político refundacional del proceso.
Si bien con el Partido Libre dominando el sistema político y los partidos tradicionales en la llanura, se amplía el espectro político y se da entrada a actores sociales antes excluidos que, apoyan el discurso refundacional conectado a demandas históricas de justicia social, la gobernanza del Partido Libre mediante el manejo del clan político castromelista, genera efectos negativos. Tales como, la intensificación de la polarización excesivamente y la imposición de principios doctrinarios y posturas de políticas públicas, sin debates educados o civilizados, el debilitamiento institucional al concentrar el poder en el ejecutivo y la continuidad de prácticas clientelares instrumentalizando la contratación de funcionarios para lograr propósitos políticos partidaristas.
De modo tal que la cultura política democrática es amenazada al anular el pluralismo, la transparencia y la justicia. En fin, la crisis del bipartidismo tradicional es el resultado de la incidencia de factores históricos, sociales y políticos y no por una simple derrota electoral.
La figura de Xiomara Castro y el retorno de Manuel Zelaya
El triunfo del Partido Libre en las elecciones generales realizadas en noviembre 2021, se produce debido al colapso ético y estructural del sistema de dominación política neoliberal; el cual, pierde su razón de ser ante los ojos del pueblo. Y, en gran parte, explica la aparición del planteamiento refundacional basado en una doctrina socialista democrática, lo que se constituye en un hito histórico, porque por primera vez, los izquierdistas solapados en una estructura de células clandestinas, salen a la luz y logran que una mujer asuma el más alto cargo político en Honduras y, asimismo, devolverle el poder a Manuel Zelaya Rosales (Mel), que había sido forzado a dejar su cargo como presidente del país.
A partir del 2022, comienza un mandato presidencial encabezado por una fémina que la convierten en el símbolo del socialismo hondureño. Pero con funciones presidenciales manipuladas por el esposo, quien es el que dirige la pauta política que instauran en el Estado de Honduras.
A Xiomara Castro, la convierten en una figura política primordial a raíz de la caída obligada del presidente Mel en el 2009 y, a partir de ese suceso político, le crean las condiciones para que asuma funciones básicas en el movimiento de Resistencia Popular. No tanto, debido a que tuviese una carrera política como militante socialista, sino por ser considerada la pieza electoral clave, para atraer a la ciudadanía y poder difundir las aspiraciones que tenía la cúpula marxista del Partido Libre. Obviamente, dándole el entrenamiento pertinente que le hiciese fácil colocarla en la contienda electoral y difundir las consignas político electorales derivadas del Plan de Refundación que proponían los izquierdistas.
Manuel Zelaya, detrás de su esposa Xiomara Castro, asumió realmente la operatividad de la pauta izquierdista dada al Partido Libre por el Foro el Foro de Sao Paulo y, que se hace posible, gracias al desarrollo efectivo de una vinculación ente ambos actores políticos, a través de la “castromelización” del gobierno. Lo cual implica que, si bien es Xiomara la presidente, es Mel el actor decisivo al que le da poder el Partido Libre, para instrumentalizar los aparatos del Estado, incluyendo las estructuras del poder informal u organizaciones, grupos que no son reconocidos ni documentados en organigramas o políticas. A las que atraen mediante relaciones personales, redes sociales y normas culturales, ajenas a cargos oficiales.
De tal suerte, que a la sociedad hondureña la inducen a aceptar una oscuridad política, en donde se esconden, las verdaderas intenciones de la gobernanza castromelista. La esperanza que levantó Xiomara Castro, al asumir la presidencia de la república y prometer el socialismo democrático, se abandona en el transcurso de su periodo presidencial, porque en la realidad gubernativa que impulsa, lo que establecen, es una dinámica caudillista tiránica que tiende a concentrar riqueza en un grupo de familias leales, a Manuel Zelaya y a su esposa Xiomara Castro.
El retorno del expresidente Zelaya, en su condición de coordinador del Partido Libre y real patrón del gobierno, ha significado el desplazamiento de la presidente como la operadora política principal de la pauta marxista que sigue el gobierno. La presidente asume un papel emblemático que esconde el proyecto político refundacional, orientado a consolidar un socialismo dictatorial, alejado de la sociedad democrática, pero regida por el Estado y manipulada por el Partido marxista (Libre).
Con Mel de nuevo en el poder, se afecta profundamente el gobierno de la presidente Xiomara porque convierte la gobernanza en un sistema gubernativo controlado por dos cabezas simultáneamente. La presidente, solo es una figura política oportuna para atraer a la ciudadanía fingiendo ser una mandataria democrática, pero es Manuel Zelaya, el verdadero conductor de la operatividad táctica del proyecto refundacional, conduciendo el accionar de las bases ciudadanas socialistas y de los aparatos del Estado.
Mel es quien efectivamente dirige la gobernanza que ejecuta el gobierno refundacional. Y que conduce al sometimiento de la presidente y, por ende, de su autoridad presidencial. Es Mel, quien tiene la verdadera autoridad y el responsable de instituir el clan político castromelista o el modelo de poder familiar y personalista. Por tanto, el perturbador del enfoque político socialista democrático que pregonó Xiomara Castro, a lo largo de la campaña proselitista.
En vez de instaurar estructuras democráticas, tanto a lo interno del Partido Libre como en el gobierno, Mel ha creado redes de lealtades personales que anulan los contrapesos internos del oficialismo y del Estado, favoreciendo la concentración del poder al establecer una especie de sujeción política alrededor de él. De tal forma, que logra imponer agentas y controlar a la nueva candidata a la presidencia del Partido Libre, la señora Rixi Ramona Moncada Godoy. Una persona incondicional y seguidora fiel de la perspicacia de confrontación y venganza, basada en la narrativa antinorteamericana y las alianzas con gobiernos de estirpe autoritaria como lo son Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán, que pregona Manuel Zelaya Rosales.
Asimismo, promotora de odio o repulsa ante el sector privado, intelectuales y ciertos medios de comunicación y periodistas que critican el castromelismo.
Con Mel al mando del poder ejecutivo, la junta directiva del Congreso Nacional, considerada ilegal, realiza maniobras opacas o sin perspectiva ética, con el fin de colocar en cargos decisivos, a fiscales, procuradores, magistrados, jueces y ministros que respondan a los intereses personales o de su clan político familiar.
La incidencia política de Mel, disipa la figura de Xiomara Castro y la hace ver como silueta decorativa, restándole legitimidad a sus iniciativas y decepcionando a sectores sociales que esperaban de ella, un liderazgo propio, sobre todo mujeres y jóvenes, además, demuestra que se ha subordinado al caudillismo masculino que no busca avanzar hacia una cultura política equitativa.
La presidente Xiomara Castro personifica el autoritarismo de Mel lo que le dificulta atraer inversiones, le genera conflictos con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y otros órganos del Estado. Y, le aumenta, la generación de condiciones de crisis institucional debido a las constantes intervenciones sin cargo oficial. El poder de Mel, es como una guarizama de doble filo para el gobierno de Xiomara Castro. De poco le sirvió llevarlo al poder porque con su presencia excesiva ha debilitado la institucionalidad, opacado el liderazgo de la presidente y deteriorado la credibilidad del gobierno. En otras palabras, Manuel Zelaya sustituye el presidencialismo democrático por un proyecto de poder familiar, vertical y caótico: el castromelismo.
La narrativa refundacional es mentirosa y afecta a la ciudadanía
La refundación prometida por el Partido Libre durante la campaña electoral de Xiomara Castro y, con la que logran obtener el triunfo, levantó esperanzas en los sectores sociales, particularmente, en aquellos considerados históricamente excluidos. Sin embargo, lo que prometieron no lo han cumplido y, por lo contrario, se observa una gobernanza refundacional, que ya en sus días finales, vislumbra el fracaso político, tal como lo expresa el dicho popular: “no hay tal refundación sino una refundición”.
Frustraron las expectativas populares porque el gobierno refundacional de “doble cabeza”, más bien ha profundizado la brecha de la desigualdad social y puesto en práctica una demagogia política, que refleja la realidad gubernamental mentirosa, alejada del enfoque refundacional prometido.
La lucha contra la corrupción y la impunidad la han incumplido; puesto que, la instalación de la sonada Comisión Internacional contra la impunidad en Honduras (CICIH) con apoyo de la ONU, brilla por su ausencia. Pero, en su lugar, la corrupción existe en varios niveles del gobierno, el nepotismo se intensifica y el mal manejo de los fondos públicos, avergüenzan la gobernanza que ejerce Xiomara Castro.
Tampoco han logrado reducir el costo de vida. Por el contrario, mientras que el ingreso medio mensual de los hondureños en junio de 2024 ronda los 4,246 lempiras, la canasta básica de alimentos alcanza un costo de 12,249 lempiras para un hogar de cinco personas, experimentando un aumento en comparación con años anteriores (Statista, 2025).
No crean fuentes de empleo porque no diseñaron una política clara para generarlos y tampoco una estrategia para darle apoyo efectivo a las MYPIMES. Por consiguiente, el desempleo y el subempleo son altos. Lo que causa que muchos jóvenes emigren debido a la falta de oportunidades para quedarse en Honduras.
Por otra parte, han incumplido al no mejorar la infraestructura escolar, garantizar medicamentos y establecer un estado digno para el desenvolvimiento hospitalario. Los centros de salud por su parte, están desabastecidos y las escuelas públicas sobreviven es condiciones precarias. De ahí que se intensifican las huelgas de médicos y de docentes reflejando el malestar del sector. La seguridad ciudadana y el control del crimen organizado no logran instituirlo con efectividad y sostenibilidad, no obstante haber puesto el estado de excepción y la militarización interna, los homicidios y la extorsión tienden a aumentar su presencia.
En el 2023, se reportaron 3035 homicidios, que equivale a una tasa de 31 por cada 100.000 habitantes (Human Rights Watch). Mientras que en El Salvador ese mismo año registró 154 homicidios, resultando en una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cifra más baja en la historia moderna de este país (Voz de América).
A los pueblos indígenas, si bien le subsidian ingresos a una parte de la población, aun no les garantizan los derechos territoriales. Las comunidades siguen sufriendo el despojo de sus tierras y la criminalización. El Estado refundacional es indiferente o cómplice en muchos de estos casos. La promesa de gobernar con el pueblo organizado se convirtió en una cantaleta toxica, porque las decisiones, las toman en los nichos del castromelismo, ignorando a movimientos sociales y organizaciones que respaldaron el proyecto refundacional.
La independencia judicial y su fortalecimiento institucional es otra promesa incumplida, pero su instrumentalización política, es un proceso gubernativo que debilita la credibilidad del sistema judicial. El castromelismo promueve una narrativa refundacional que plantea una ruptura falsa y la continuidad en el poder.
Desde que asumieron el poder de Estado en 2022, la ciudadanía hondureña es objeto de manipulación ideológica mediante campañas digitales, radiales y televisivas que afirman van a cambiar los sistemas que reproducen procesos de exclusión y desigualdad. Sin embargo, la gobernanza castromelista, tras casi cuatro años de manipular el poder, demuestra que la “narrativa refundacional”, es una retórica de ruptura que esconde una profunda continuidad con los vicios del pasado, disfrazada de cambio estructural. Utilizan la narrativa refundacional progresista como instrumento de legitimación del poder socialista, mientras mantienen intactas las bases del nepotismo clientelar, el caudillismo centralista y la ineficacia estatal. El discurso oficial y la práctica política que han instaurado, es más una herramienta propagandística que un proyecto real de transformación democrática.
En vez de refundar el Estado lo han desestabilizado al punto de crear una crisis de legitimidad que debilita la soberanía, despoja derechos populares y establece el autoritarismo caudillista. El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha torcido su bandera política.
No han logrado erigir un proceso de cambio real y persiste la ausencia de una institucionalidad gubernativa que, es claramente sobornable, chantajista, extorsionadora y usa la persecución y la investigación para arrestar políticos selectivamente. Lo que demuestra una oscura brecha entre la narrativa y los hechos.
No se ve ninguna reforma estructural al sistema judicial, ni transformación de la economía, ni un rediseño de la arquitectura estatal. Mientras hablan de refundación, en los hechos mantienen o reciclan muchas de las prácticas políticas que criticaron y critican, que se producen en pasados gobiernos y ahora en el gobierno refundacional izquierdista.
Para mal de Honduras, en la actualidad tenemos una concentración del poder en un clan político dirigido por dos cabezas al mando, el esposo de la presidente y ella misma, que coordinan la gobernanza afectando la legitimidad institucional. Pues, desvalorizan el orden jurídico del Estado a su antojo personal y en función de sus propios intereses familiares.
El Partido Libre protege el castromelismo, no edifica una democracia socialista
Los refundacionales del Partido Libre fomentan una refundación sin cambios estructurales, es decir, crean un espejismo demagógico de defensa del pueblo, utilizando el discurso refundacional como componente fundamental del engaño castromelista, aplicando repetidamente la cantaleta “del gobierno honesto que lucha contra la oligarquía política burguesa conservadora o reaccionaria corrupta”.
Pero la verdad, es que manipulan a la ciudadanía para lograr validar las decisiones que toma la oligarquía familiar castromelista. El gobierno socialista, no tiene una visión clara del cambo institucional y mucho menos de un programa económico alternativo al modelo neoliberal y, manejan la administración pública, sin una rendición de cuentas objetiva. La refundación la han convertido en una mentira con el fin de sostenerse en el poder, sin ejecutar un verdadero proceso de cambio.
En Honduras, hemos caído en una oprobiosa situación política teñida de populismo irreverente que se evidencia en el discurso refundacional; el cual, no tiene relación precisa con la vida en la que sobrevive la ciudadanía en general.
Concluyendo, el Partido Libre y su gobierno castromelista, prometieron un cambio hacia un socialismo democrático que no han logrado ni siquiera comenzar a cimentarlo. Pero, sí repitieron y aumentaron los mismos vicios del pasado: clientelismo, concentración de poder, nepotismo caudillista, degeneración de la democracia, promesas incumplidas, exaltación y fanatismo al jefe político, propiciando, en consecuencia, una desconexión con las necesidades reales de la mayoría ciudadana, que hoy por hoy, sufre frustración social.
Lo menos que son los castromelistas es ser “Socialistas Democráticos”
Los dirigentes políticos castromelistas, ponen en entredicho su autoproclamación como socialistas democráticos, al dejar que, en Honduras, la gobernanza sea utilizada para establecer un sistema de dominación político tirano caudillista, clientelar, demagógico, mentiroso, maniobrero y concentrador del poder, en la oligarquía familiar Zelaya-Castro que, ejercen el despotismo y la exclusión social. No son socialistas democráticos porque no creen en el pluralismo político, irrespetan la institucionalidad, atacan las libertades individuales y buscan edificar un Estado manipulador que subordine a la sociedad bajo pautas políticas que establece un déspota que coordinada al Partido Libre.
El ascenso al poder de Xiomara Castro como presidente de la república, significó cederle el mando del poder ejecutivo a su esposo Manuel Zelaya Rosales y, este accionar, causa la imposición de una conducción gubernativa vengativa marcada por el odio.
Proclaman el socialismo democrático con irreverencia y desacato a las normas constitucionales y se esconden detrás es una máscara demagógica. O sea, cubren con hipocresía el modelo político oligárquico familiar Zelaya-Castro que concentra el poder en un clan político nepotista, cuyos intereses, no contribuyen a dar resultados políticos representativos de los intereses de la mayoría ciudadana en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Si fuesen socialistas democráticos, buscarían establecer un dialogo honesto con los empresarios y los trabajadores, a fin de corregir las estructuras injustas que propicia el capitalismo neoliberal, respetando la institucionalidad del Estado de derecho y sin imponer la voluntad del coordinador del Partido Libre.
El socialismo democrático se basa en el fortalecimiento de la pluralidad partidarista y el establecimiento de condiciones ciudadanas que contribuyan a desarrollar el respeto por los valores democráticos. No es concentrando el poder en cúpulas familiares subordinadas a la autoridad del coordinador del Partido Libre como Honduras va a lograr desarrollarse y aprender a convivir en una cultura que combine políticas socialistas con políticas de mercado, basadas en la libertad individual y la participación ciudadana, menos imponiendo un rumbo gubernativo subordinado basado en el fomento del odio social, la venganza y el autoritarismo despótico. Tampoco suprimiendo el balance de poderes como ocurre actualmente.
Al doblegar el juicio del presidente del Congreso Nacional, del fiscal general, de los magistrados, del jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA., y al utilizar fondos del erario público, sin transparencia creando fideicomisos oscuros e instrumentalizando los programas sociales con propósitos electorales, desmoralizamos a los ciudadanos en general y hundimos el país en la confusión y el desorden. Tampoco, ejerciendo la persecución política en contra de líderes opositores que promueven una cultura democrática se va a lograr la sociedad socialista democrática. Y menos al imponer la militarización selectiva en determinadas zonas del país, en vez de desarrollar un enfoque de seguridad ciudadana integral basado en derechos.
En otras palabras, a Honduras hay que enrumbarla por un camino democrático sin caer en un pragmatismo político impositivo que utilice el poder, para actuar de manera contradictoria a los principios democráticos. El país es conducido por un sendero equivocado que solo favorece a las mafias locales, a familias adineradas que usufructúan privilegios que les da el Estado y que desgasta las instituciones públicas.
El Partido Libre, con la asesoría de chavistas venezolanos, correistas ecuatorianos, castristas cubanos y hasta orteguitas nicaragüenses, hacen que los lideres castromelistas, conduzcan el país, sin tomar en consideración las especificidades del pueblo hondureño.
Difunden la ideología socialista en la masa social, con el fin de perpetuar el poder, el clan político castromelista y continuar reproduciendo el nepotismo, el despotismo, el caudillismo y el liderazgo que se basa en el control vertical del Estado.
El Frente de Resistencia Popular, contribuye a distorsionar la refundación socialista
El Frente de Resistencia Popular (FRP), es decir, la base política social del Partido Libre, permite que la refundación democrática socialista prometida, se convierta en un régimen de dominación política perverso y corrupto. Apoya que el Estado sea controlado por la oligarquía Zelaya-Castro y que se imponga el control político a través del clan político castromelista integrado por familias leales a Mel.
castromelismo autoritario y caudillista que lidera Manuel Zelaya Rosales; el cual, se aleja completamente del propósito principal de la postura refundacional, que es edificar la democracia socialista. En vez de establecer condiciones progresistas de desarrollo nacional, instauran un proceso que intensifica la ambición por el enriquecimiento ilícito y se lleva de encuentro, a los “prominentes” líderes de la cúpula que controla al Partido Libre.
De tal suerte que, hoy por hoy, los valores del socialismo democrático han sido desvirtuados y la lucha social que emprenden inicialmente, pierde el carácter ideológico original. El ideal socialista democrático, lo convierten en una dictadura solapada en la que no se práctica la pluralidad, sino la imposición de mandatos, dados por el coordinador del Partido Libre, cuya personalidad, gusta disfrutar la realización de actos vengativos de injusticia y evadir el pluralismo político.
Asimismo, aplican modalidades singulares de justicia social que, irrespetan la legalidad que establece el Estado de derecho. La refundación, ya no es una visión que contribuye a crear puentes de participación colectiva, sino condiciones rígidas de control político que limitan la autonomía de los movimientos sociales, la descentralización del poder y la rendición de cuentas.
Los líderes que integran la cúpula de Libre han perdido el rumbo doctrinario que esbozaron antes de conquistar el poder de Estado y se han subordinado con obediencia ciega, al liderazgo que ejerce Mel Zelaya. Asimismo, algunos de los principales líderes comunistas que controlan el partido, se aprecian como miembros del clan político familiar castromelista, evidenciando una participación en los procesos de enriquecimiento ilícito que Rixi Ramona, maneja hábilmente aprovechando su rol como candidata presidencial. La viveza política que naturalmente tiene Mel, se ha fortalecido al establecer contactos con los presidentes que dan vida al Foro de Sao Paulo, adquiriendo el poder político necesario para engatusar la cúpula que dirige al Partido Libre, quienes con sumisa militancia, le aceptan y le facilitan realizar copiosas y mal intencionadas acciones que instruye se emprendan. En consecuencia, el clan político castromelista utiliza al Partido Libre de blindaje, como una especie de “Rayo de Hierro”, para interceptar las críticas que reciben de las fuerzas opositoras democráticas. Es así que los izquierdistas, disque socialistas democráticos, en vez de obrar para desarrollar la democracia socialista, propician el retroceso político con pies sucios y cabeza torcida, siguiendo una agenda política desacertada para reducir la desigualdad estructural y desarrollar una participación ciudadana coordinada para lograr, la democratización y el acceso al poder de la comunidades sin depender de los vicios que son opacos, ni de procesos o programas sociales instrumentalizados para lograr perpetuar un sistema de dominación política corrupto y perverso.
La gobernanza castromelista que dirige Mel y su esposa Xiomara Castro, está siguiendo una ruta política tan viciosa o más que las gobernanzas pasadas y demuestran que el Partido Libre, juntamente con el castromelismo, son cómplices del malogro del proyecto de socialismo democrático en Honduras
SEGUNDA PARTE
MALA GOBERNANZA CON PODER
Refundación económica: entre demagogia y supeditación
En Honduras, los socialistas refundacionales no establecen procesos de cambio estructural. Pero sí, personalizan en Manuel Zelaya el poder, para ejercer la manipulación emocional del pueblo y la supeditación del país a los intereses de una gobernanza corrupta, alejada completamente de los procesos de cambio orientados a transformar las raíces del atraso.
No hay tal refundación económica, pero estamos atrapados en un círculo vicioso demagógico inconsistente que nos conduce, a perpetuar la dependencia estructural de países externos nada competentes para construir una economía democrática, productiva y soberana.
Ignoran cómo se hace para lograr la ruptura del modelo económico neoliberal, pero creen que eliminando ciertas inversiones privadas y estableciendo relaciones comerciales con países del bloque socialista, van a superar el neoliberalismo. Sin desarrollo y protección industrial nacional y promoviendo una subordinación a organismos financieros internacionales que no son confiables y menos favorables para endeudarse.
La gobernanza refundacional en lo económico es contradictoria e incongruente con la realidad que enfrenta, es decir, anuncian que van a realizar cambios estructurales, pero los hechos demuestran lo contrario.
En vez de transformar el atraso en que se encuentra el desarrollo económico, acentúan la pobreza, afectan las relaciones de producción, de la propiedad y del desarrollo tecnológico, dando prioridad al asistencialismo con propósitos políticos, aumentando el gasto improductivo sin contar con una visión económica de sostenibilidad y de inversiones estratégicas.
Utilizan la demagogia económica como táctica engañosa con el fin de conseguir el apoyo político, mintiendo al afirmar que tenemos estabilidad económica para largo plazo y prometiendo la aplicación de soluciones a problemas económicos complejos, apelando a las emociones y a los deseos de la gente, en lugar de basarse en investigaciones económicas concluyentes que orienten la aplicación de políticas juiciosas.
Pretenden impulsar el cambio estructural mediante subvenciones a lo largo y ancho del país, entregando bonos tecnológicos, alimentos y aumentando los salarios sin ningún respaldo de procesos productivos que generen bienestar sostenible y no un alivio temporal.
El ritmo de crecimiento económico, desde que se impone la dominación refundacional, apenas si alcanza a llegar al 3.3 por ciento. En el 2022 la tasa de 4.1 por ciento paso a 3.6 por ciento al cierre de 2023 y la cifras al cierre del primer trimestre de 2024, apunta que podría crecer apenas un 3.2 por ciento (datos de la Asociación de Bancos de Honduras). Ante este contexto económico, el gobierno refundacional apela a los préstamos internacionales y los aumenta vertiginosamente. Entre 2022 y 2024 la deuda externa se elevó a más de 2000 millones de dólares que, no se convierten en mejoras relevantes en infraestructura productiva ni educación técnica.
Y lo grave es que no se crean incentivos para impulsar el trabajo formal, aumentar la inversión privada nacional y desarrollar la cultura del empeño. Por el contrario, fomentan la subordinación a las regalías gubernamentales.
La refundación económica conducida por la gobernanza castromelista, con el apoyo del Partido Libre, fracasa porque no tienen la capacidad para delinear procesos idóneos que puedan sacar a Honduras del atraso estructural en el que se encuentra.
En los casi cuatro años de gobernanza castromelista a Hondura la mantienen enjaulada en el modelo primario-exportador y descuidan los procesos necesarios, para lograr desarrollar, la diversificación con industrialización que fortalecería el mercado interno. En otras palabras, la atención gubernativa no la tienen puesta en el cambio económico, sino en los mandatos políticos que reciben desde Venezuela y Cuba con la finalidad de continuar en el poder de Estado.
Mantienen el desarrollo nacional sujeto a lineamientos políticos internacionales que no contribuyen a superar la vulnerabilidad económica que tenemos y dejan a los exportadores abandonados, sin apoyo alguno, ante los precios internacionales de los pocos productos que se exportan tradicionalmente. Creyendo que, si atraen nuevas líneas crediticias de China, Rusia, Venezuela u otros países del bloque socialista, les va a ir mejor que con Washington y su red de agencias financieras, como el FMI, el Banco Mundial, el BID u otras instancias financieras del bloque capitalista. No les importa que, con los bancos de carácter socialista, puedan caer en negociaciones opacas o politizadas, que no garantizan transparencia y crean una sumisión económica, con menos impacto en el desarrollo de Honduras.
Buscan salir de la supeditación económica capitalista creyendo que con la financiación de países socialistas, van a lograr un mejor posicionamiento internacional, sin considerar que pueden caer en una relación financiera más perturbadora.
El problema de la gobernanza refundacional no es el haber ejecutado políticas económicas inefectivas y contradictorias, sino seguir una pauta equivocada de desarrollo y mantenerse en el poder de Estado mediante el autoritarismo que aplican, la imposición de políticas económicas de confrontación con las grandes empresas, aumentando la incidencia del Estado en el control de la economía y la intencionada crisis e inestabilidad (principio de anarquía marxista) que promueven, tolerando la corrupción y la falta de transparencia en la gobernanza.
Concluyendo, en Honduras la tal refundación económica no es mas que una consigna político partidarista demagógica que no pretende la transformación real, pero sí una estratagema política para continuar en el poder.
Soberanía condicionada y vínculos externos sin perspectiva de desarrollo nacional
La política exterior de Honduras, a lo largo del periodo de gobernanza castromelista, se percibe incoherente y endeble. No obstante que han asumido una refundación emocionalmente soberbia con sello político antiimperialista y antineoliberal, tejen relaciones diplomáticas de alineación política con países comunistas como Venezuela y China, simultáneamente, buscan empréstitos con organismos multilaterales de crédito doctrinariamente capitalistas neoliberales.
Ejercen una política internacional que evidencia un oportunismo cínico y contradictorio, porque aceptan condicionalidades del FMI y el Banco Mundial, pero al mismo tiempo, politizan las vinculaciones externas para crear conexiones políticas, que no contribuyen al fortalecimiento del desarrollo estructural de la economía, pero sí, al establecimiento de relaciones con países del bloque socialista, que no favorecen la institucionalidad democrática capitalista e inducen una soberanía que no promueve un derrotero de progreso nacional.
Le dan prioridad al establecimiento de vinculaciones políticas internacionales que les beneficien en la consolidación del Estado socialista y desestiman los esfuerzos para robustecer el desarrollo democrático de la base económica o el conjunto de actividades productivas que generen riqueza y empleo.
Por ejemplo, al romper relaciones diplomáticas con Taiwán y, en su lugar, darle entrada a China; igualmente, al inducir “la venezolanización’” en la ejecución de la pauta de dominación gubernativa, concretando acciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, cuyo propósito, es obtener asistencia técnica y política permanente. Con la mirada puesta en las elecciones generales inminentes en noviembre 2025 o instaurar una Asamblea Constituyente antes de realizarlas.
La política exterior, suma y no contribuye a disminuir el estancamiento económico e institucional en el que se encuentra Honduras. Por ejemplo, el giro hacia China comunista, lejos de convertirse en un aliado estratégico que beneficia el desarrollo económico, demuestra que tal viraje en la política internacional, no aporta contribución alguna en recursos, ideas o esfuerzos que, abonen a la acción de dar un salto cualitativo en el aumento de la producción o creación de riqueza.
La relación diplomática con China coloca al gobierno castromelista en una posición geopolítica incomoda con Estados Unidos y Taiwán y, afecta al país, respecto al apoyo comercial estratégico para el desarrollo de Honduras. Es un movimiento diplomático que, aunque abre el horizonte diplomático, sitúa a Honduras en un camino controversial de dudosos y contradictorios resultados concretos para el desarrollo nacional. Para una muestra un botón: no fuese China, el que sacara al país del apuro macroeconómico que enfrentaba el gobierno castromelista en 2023, sino el haber profundizado las relaciones internacionales con el FMI, el Banco Mundial y el BID, que son instancias internacionales liberales, con quienes hizo acuerdos que aún le sostienen el equilibrio macroeconómico.
La diplomacia castromelista, por un lado, se inclina hacia la China comunistas levantando la bandera anti liberal, pero, por otro lado, establecen acuerdos que fortalecen la economía neoliberal, al adquirir prestamos mayores a los 800 millones de dólares, orientados a realizar acciones que estabilicen la macroeconomía, tales como, reformas fiscales, control de gastos y mejoras en la transparencia; obviamente, para fortalecer el desarrollo económico capitalista. Y, que la ex ministra de Finanzas, calificó como un “instrumento de desarrollo responsable”, porque si no se lograban conseguir esos fondos, la economía nacional iba a enfrentar un déficit fiscal explosivo que les complicaba el pago de la deuda interna.
Dicho de otra manera, la política exterior del gobierno castromelista demuestra contradicciones ideológicas, porque se subordinan a prestamos condicionados que favorecen la continuidad del neoliberalismo, a la vez que, critican ferozmente en su narrativa política, la pauta del desarrollo neoliberal.
A tal punto han llegado, que la ambivalencia es la característica predomínate en la diplomacia refundacional de Honduras; lo cual, genera desconfianza al nivel político interno e internacional y reduce políticamente las posibilidades de enfrentar con mayores ventajas, la globalización y el rezago estructural en el que está Honduras.
En tanto no se defina una estrategia inteligente de política exterior, con un enfoque político coherente que contribuya a establecer condiciones para realizar transformaciones estructurales reales, no habrá desarrollo nacional. Se necesita una política exterior que contribuya al logro de inversiones en procesos de desarrollos tecnológicos que mejoren el posicionamiento económico de la nación ante una globalización extremadamente competitiva.
Refundación política sin gobernabilidad económica
La victoria electoral del Partido Libre y llevar a Xiomara Castro al poder de Estado como presidente de la república en enero 2022, significó para los hondureños, la entrada a una nueva etapa política llena de promesas refundacionales incumplidas.
Anunciaron con bombos y platillos la puesta en marcha de la refundación del Estado y el entierro del neoliberalismo, pero lo que han establecido, es una gobernabilidad que crea mayor injusticia económica y social. A casi seis meses para finalizar el período presidencial, o sea, 1285 días gobernando, no han demostrado que la gobernanza económica tiene la capacidad para desarrollar eficazmente la economía y promover el bienestar social.
Han sido ineficientes en la implementación de políticas económicas y no han tomado decisiones acertadas que impulsen el crecimiento y la estabilidad, tampoco han logrado garantizar los servicios básicos y las condiciones de vida adecuadas para la población. La ciudadanía continúa sobreviviendo bajo un marco institucional con leyes, regulaciones y mecanismos que no aseguran el buen funcionamiento de la economía, ni tampoco se salvaguardan los derechos de propiedad y se amenazan los contratos concebidos para desarrollar la infraestructura física y organizativa necesaria para potenciar el crecimiento económico.
Lo que han hecho no satisface las demandas sociales y, los desequilibrios económicos que afectan negativamente a la economía nacional, continúan sin soluciones efectivas, probablemente no quieren hacerlo, porque están siguiendo una pauta política que les indica mantener empobrecida la economía, por fines políticos estratégicos, necesarios para mantenerse en el poder de Estado.
Los economistas del régimen socialista castromelista, al no lograr estabilizar la inflación, perjudican los bajos ingresos de los ciudadanos que disponen de un trabajo remunerado, porque los precios de los productos no dejan de aumentar. Dan subsidios improvisados y no resuelven el deterioro social que ocultan. Endeudan el país comprometiendo a los hijos de los hijos que tendrán que pagarlo. Aparentemente, la gobernanza castromelista ha convertido el empobrecimiento, la subsidiaridad y el endeudamiento en los tres componentes de la economía o mecanismos de control político, que el gobierno maneja con la asesoría política de asesores comunistas del Foro de Sao Paulo.
Enfrentan una recaudación fiscal baja, una alta informalidad, una alta dependencia de las remesas y del endeudamiento permanente, sin embargo, a pesar de estos problemas, existe ausencia de reformas estructurales para superarlos, pero dan prioridad a la estrategia de validación política del populismo demagógico, es decir, a la utilización discrecional de los bienes públicos por las familias del clan castromelista, al aumentar las erogaciones públicas en subsidios y programas clientelares, financiados preferentemente con deuda externa y emisión interna.
A los hondureños, les imponen una racionalidad económica cortoplacista, porque al castromelismo le favorece como herramienta política para sostenerse en el poder e instaurar el sistema de dominación socialista caudillista y nepotista que los enriquece. De tal manera, que los objetivos que pretenden lograr se puedan cuantificar en el periodo de gobierno de Xiomara Castro, aplicando acciones cuyo valor político y sus resultados se cuantifiquen en el presente y no en el futuro.
A Mel lo que le importa es que sus decisiones políticas se ejecuten antes de las elecciones generales de noviembre 2025, puesto que su continuidad política, es incierta a futuro. Lo que vale para él, no son las acciones económicas estructurales, sino las acciones políticas con efectos inmediatos que creen ventaja proselitista; tales como: las de mantener la gasolina con precios bajos, la luz subsidiada, bonos a los agricultores, compensaciones monetarias por trabajos de naturaleza partidarista, realizar sobornos con fines proselitistas y todo lo que sume apoyo político al castromelismo.
De tal suerte que, a Mel, le interesa poco que la inflación sea “el enemigo del pobre”, que el arroz aumente de precio en un 35 por ciento a lo largo del periodo 2022-2024, el aceite vegetal un 50 por ciento, y la energía eléctrica un 28 por ciento para los que no gozan del subsidio (BCH, 2024). Son incrementos que presionan con fuerza las economías vulnerables de los sectores pobres, en los barrios urbanos marginados y en las comunidades rurales, lo que en la oratoria de los líderes del Partido Libre y su candidata presidencial, es enmascarado.
Los testimonios abundan, por ejemplo, el de Deysi Rodríguez, una madre soltera, de la colonia Los Pinos, de Tegucigalpa opinó lo siguiente: “Antes con 500 lempiras hacíamos mercado para la semana. Ahora no alcanza para tres días. Dicen que todo está caro por la guerra en Ucrania, pero aquí el problema es que nadie vigila a los grandes, y los pobres somos los que pagamos”.
O sea que, el castromelismo en lugar de establecer condiciones adecuadas para mejorar los sistemas de producción del país o normar la intermediación, atribuyen la culpa a circunstancias externas, evadiendo su responsabilidad local. Al implementar, solamente acciones políticas tácticas de control social intensificando los subsidios. En los hogares que consumen menos de 150 KWh les subsidian la energía, aplican congelamiento temporal de combustibles y reparten el “bono solidario” por doquier, presentándolos como realizaciones sociales positivas del gobierno. Obviando que existe un trasfondo más agobiante: la focalización es inadecuada y muchos subsidios llegan a sectores no pobres. Además, van creando la dependencia política al hacer entregas a través de plataformas territoriales vinculadas al Partido Libre.
Por lo tanto, los subsidios se vuelven fiscalmente incongruentes: en 2023 significaron más del 2.5 por ciento del PIB (SEFIN,2024). Luis Mejía, un jornalero en Comayagua decía: “El bono llega si apoyas las reuniones del partido. A veces piden nombres, fotos, asistencia. Si te quejas o no vas, no te vuelven a llamar. Es como una amenaza velada”. En otras palabras, los subsidios ocultan una nueva forma institucional de dar alivio económico condicionado a obtener lealtad política, sin realizar cambios en las causas fundamentales de la pobreza y apelando al aumento exagerado del endeudamiento que alcanza cifras históricas.
La transformación estructural en Honduras, es una promesa demagógica con fines electorales que los castromelistas promueven para continuar en el poder, haciéndole creer al pueblo que, harán las reformas profundas en el ámbito económico, institucional y fiscal, pero en realidad, las han postergado, bloqueadas o suavizadas por intereses políticos, presiones externas y las contradicciones que pesan internamente en el castromelismo.
En Honduras, se ha caído en un círculo vicioso en el que la realidad contradice la retórica de los socialistas refundacionales. La verdad, es que no hay la capacidad técnica para emprender reformas estructurales, ni condiciones políticas para posibilitar la participación ciudadana, porque imperan aún prácticas reaccionarias.
Política fiscal obstinada y promovida con finalidad política ventajista
De todo lo que no han hecho los castromelistas en el campo económico, es la política fiscal lo que encierra el mayor interés de los políticos democráticos y socialistas.
La manipulación progresiva o recesiva de los impuestos, pone sobre la mesa de discusión, la ruptura real del enfoque de crecimiento económico neoliberal. Pareciera, que la instauración del proceso fiscal progresivo, eficiente y redistributivo, conlleva implícitamente el ventajismo político y clientelar, porque detrás del manejo fiscal, lo que realmente importa, es manipular los recursos públicos o botín de Estado para destinarlo a propósitos políticos.
Es por esto, que aprobar una nueva política fiscal trasciende el simple aspecto técnico de la recaudación y la convierten en una batalla ideológica. Al hablar de “justicia tributaria” los castromelistas ponen al descubierto intenciones políticas que los demócratas (liberales, nacionalistas, socialcristianos e instancias de la sociedad civil) no aceptan.
En consecuencia, surge una controvertida discusión sobre fundamentos estructurales, políticos y doctrinarios que están ocultos al tomar partido a favor de un proceso fiscal progresivo, ideológicamente distributivo, o mantener una postura de política fiscal regresiva. En otras palabras, el asunto tributario si bien resulta ser una realidad que amerita un cambio, los castromelistas lo llevan al campo populista propio de la demagogia izquierdista. Al día de hoy, la presidente Xiomara Castro sostiene que se debe dar un giro hacia una tributación ecuánime y propone la eliminación de exoneraciones a grandes empresas, el control sobre los grandes contribuyentes y la ampliación de la base tributaria sin cargar a los sectores vulnerables. Sin embargo, el gobierno en vez de ir implementando reformas tributarias progresivas, mantiene un esquema de impuestos regresivos al sostener el impuesto del 15 por ciento sobre ventas, que es regresivo.
Por otra parte, los opositores democráticos (economistas, académicos, empresarios medianos y organizaciones sociales no oficialistas), cuestionan la ambivalencia de la gobernanza castromelista, pues, indican que plantean una postura política fiscal progresiva, pero sustentan su gobernanza aplicando una fiscalidad altamente regresiva.
Por ejemplo, al depender excesivamente de impuestos indirectos, puesto que, el impuesto sobre ventas (ISV) que aplican a los bienes de consumo masivo, dañan más el ingreso disponible de los hogares pobres que al de los ricos. Asimismo, evidencian poca transparencia en el gasto público, no obstante que la recaudación aumenta, continuamente realizan acciones clientelares y turbias al manejar el erario público, apartando los procesos necesarios de rendición de cuentas. Igualmente, ejercen coerción tributaria selectiva al dar razones duras en contra de grandes empresas, pero simultáneamente, aprueban condonaciones fiscales y apañamientos administrativos que perpetúan privilegios a aliados económicos.
La realidad es que, en Honduras, la gobernanza castromelista está alejada del propósito de realizar un cambio tributario integral que implique, imponer impuestos a las personas físicas y a las empresas independientemente de donde se encuentren o realicen negocios, impuestos a grandes fortunas y la revisión integral de exoneraciones con criterios técnicos y no políticos. La raíz de la disputa entre opositores democráticos y los castromelistas no es técnica, es política.
El trasfondo político e ideológico de la controversia sobre la tributación
Hay una lucha política por hacer prevalecer una pauta de tributación en función de un “Estado repartidor” con intencionada visión política, y otra, que plantea una modernización tributaria basada en normas institucionales consistentes y con reglas claras y consenso nacional.
El gobierno castromelista busca aprovechar la polémica que genera la instauración de una nueva política tributaria, para acaparar segmentos sociales pobres en contra de los “afortunados adinerados explotadores”, acentuando la división ideológica entre los que favorecen una tributación que beneficia a los ricos o la que apoya a los pobres oprimidos.
Mientras que los gobernantes socialistas quieren imponer una política tributaria controlada por el poder ejecutivo, con falta de imparcialidad o sano juicio, los demócratas demandan el establecimiento de una tributación cimentada, sobre bases que den sostenibilidad al proceso tributario, en el que los ciudadanos, tienen voz y voto sobre cómo recaudar y gastar el dinero público, ya sea directamente o a través de sus representantes electos y haya la obligación ética de garantizarle a las generaciones futuras una tributación con las mismas oportunidades tributarias.
La lucha política que se desarrolla en torno al cambio de la política de tributación repercute desfavorablemente en la sociedad y la ciudanía en general. Crea un clima de incertidumbre para atraer inversiones. En tanto se genere la ambigüedad fiscal, los sectores productivos, dudan para realizar procesos que puedan crear empleos.
La informalidad aumenta al no establecerse incentivos claros, ni tampoco una simplificación de las normas tributarias; lo cual, hace que los emprendedores y pequeños negocios prefieran quedarse fuera del sistema, porque la desconfianza entre los tributantes crece debido a la percepción que se crea sobre la falta de transparencia del gasto, y la ausencia de voluntad política, para bajar los altos grados de corrupción.
En conclusión, la controversia entre castromelistas y demócratas sobre la justicia tributaria, no gira en torno a desacuerdos técnicos, pero evidencia la ausencia de una perspectiva consensuada sobre la función del Estado, del dominio político y de un convenio social. En tanto el castromelismo aproveche la discusión sobre el cambio fiscal como herramienta política, la oposición democrática tiene la responsabilidad de responder con propuestas propositivas, solidas, incluyentes y técnicamente viables. La política fiscal progresiva no es conveniente que nazca de la improvisación. Debe ser legitima, coherente y con capacidad institucional. Una política fiscal para el bien de todos.
Poder oligárquico familiar socialista insolente
La historia política de Honduras deja ver que las confrontaciones entre los partidos políticos, siempre tienden a favorecer, el interés de oligarquías o grupos minoritarios que controlan el poder político. Aunque proclaman representar los intereses de los segmentos sociales vulnerables económicamente, la narrativa historiográfica demuestra que, son sistemas de dominación oligárquicos que privilegian la acumulación capitalista.
En la actualidad, bajo el régimen de dominación socialista, la oligarquía familiar Zelaya-Castro, es la favorecida por el Partido Libre. Han creado un “clan político” integrado por un grupo de lideres, con lazos familiares o de otro tipo, unidos para ejercer control en el sistema de poder o su jerarquía. Sin precedente alguno,
influyen en las decisiones políticas, colocan burócratas y protegen los beneficios económicos que obtiene la cúpula del Partido Libre y su coordinador político.
La oligarquía familiar Zelaya-Castro, a diferencia de las oligarquías políticas que dominaron en los regímenes nacionalistas y liberales, ejerce un control más enérgico sobre los aparatos del Estado, principalmente en las instituciones gubernamentales o de la administración pública, en el Congreso Nacional, a través de la presidencia de su junta directiva y hasta en los miembros del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Han logrado obtener dicho poder, mediante intensivas campañas ideológicas mediáticas, o a través de sobornos, disfrazados de subsidios del gobierno. Tienen el control del tesoro público o los suficientes recursos económicos para ejecutar acciones sociales y culturales que le facilitan sustentar el poder. Asimismo, inciden en la opinión ciudadana moldeando la información y la narrativa para aumentar el respaldo popular.
No cabe duda que, el triunfo electoral de Xiomara Castro, funciona para empoderar a Manuel Zelaya como el caudillo oligárquico que opera la refundación despótica en Honduras. No es la presidente quien dicta la pauta gubernativa sino su esposo. Los ministros le reportan a Mel, no a Xiomara” (dicho, por un funcionario destituido de la secretaria de Finanzas).
Mel, convierte la refundación en una postura política vana que es usada para inducir marchas callejeras, defender mandatos y proteger el clan político castromelista. Este caudillo oligárquico y su clan político, en nombre del pueblo, imponen una armazón de poder para gozar de privilegios, inmunidades selectivas y un extremado acopio de recursos económicos que les enriquece.
Poder oligárquico familiar con nepotismo e impunidad
Nosotros sabíamos cómo funcionaba el clientelismo antes. Ahora es igual,
pero con otra bandera. El problema no es la ideología, es la impunidad
(Exalcalde del occidente de Honduras, 2023)
La oligarquía familiar Zelaya-Castro comienza a vertebrarse al colocar a Héctor Manuel Zelaya Castro, el hijo mayor del matrimonio presidencial, como secretario privado de la presidente y, a su primo hermano, José Manuel Zelaya de ministro de Defensa, hijo del hermano de Mel. Con estos familiares es que el caudillo, inicia la instauración del nepotismo oligárquico familiar y la organización del clan político melista para urdir el plan de control de las relaciones con los actores empresariales, los embajadores, las instancias de la sociedad y el manejo del gabinete de gobierno.
Demostrando mucha viveza criolla o astucia política, ingenio y habilidad, para lograr consolidar a la oligarquía familiar Zelaya-Castro y estructurar el clan político, conjuntamente con el Partido Libre, de modo tal, que logran manipular situaciones gubernativas y entidades estatales. Usando procesos cuestionables que favorecen el enriquecimiento ilícito, fomentan el soborno y la imposición de un sistema de dominación política corrupto, opresivo y represivo.
El clan castromelista no solo le da continuidad al Estado botín, sino que lo expande a niveles inferiores de la jerarquía burocrático administrativa, mezclando ideología y parentesco, para desarrollar formas inéditas de saqueo, amparados en mandatos de necesidad política o de justicia partidarista. De ahí, las disposiciones políticas para que el clan político manipule a la contraloría, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público y aseguran la impunidad de actores políticos melistas. Asimismo, actúan con oportunismo abusivo y ambicioso al utilizar los programas sociales para ganar el favor de segmentos populares pobres y apoyo electoral al Partido Libre, cayendo en una opacidad que, se destaca por evitar la transparencia al momento de adjudicar contratos, sin hacer licitaciones o realizar compras directas con fondos de fideicomisos.
Sumado a esto, se atreve a instrumentalizan un discurso anti oligárquico y promover ataques políticos a cúpulas empresariales, como fachada para hacer negocios con bancos, constructoras y lograr respuestas favorables en el ámbito energético. Vociferan contra “el imperialismo gringo” y, simultáneamente, apelan a instancias norteamericanas para gestionar deuda externa siguiendo la pauta neoliberal.
La oligarquía familiar Zelaya-Castro ha logrado controlar las instituciones estatales con autoritarismo agudo, perspicaz e ingenioso. Al presidente del Congreso Nacional lo tienen en sus manos y hacen con él, jugadas legislativas que los opositores democráticos difícilmente las pueden evitar. Y cuando las negociaciones en que incurren, se ponen duras, apelan a la parálisis legislativa prolongada e intencionada, hasta lograr someter a los opositores a su directriz política.
Están aplicando un autoritarismo progresivo que les abre el camino para obtener ciertas reformas como el caso de la Ley de Defensa y Seguridad, intentando también, intervenir en instituciones autónomas como la Universidad Nacional, demostrando una estrategia autoritaria gradual, permanente y paulatina que enmascaran con propósitos de interés nacional.
Contrarrestando las críticas opositoras con difamaciones políticas, que prenden hacer ver a los críticos opositores democráticos de la sociedad civil, intelectuales y académicos o periodistas y medios de comunicación, como indignos “neofascistas”. Logrando efectivamente crear una situación política polarizada que achica el espacio democrático y convierte la refundación en una propuesta política separatista, que deja por fuera o rechaza a los políticos y ciudadanos que no apoyan el proceso político socialista corrupto y demagógico.
Oligarquía familiar opresiva y represiva
La salida forzada de Manuel Zelaya Rosales (Mel) en 2009 sin haber terminado su periodo presidencial, le ocasionó un trauma que le hace ser vengativo, porque no logra superar la humillación que sufrió. En su actitud autoritaria, existe odio y rechazo hacia las elites de los partidos liberal, nacionalista y de las Fuerzas Armadas que participaron en su expulsión. La ciudadanía hondureña carga el trauma político y las consecuencias psicológicas y sociales que derivan de la sustitución del expresidente liberal. Y los efectos se evidencian claramente en el comportamiento del Partido Libre al ganar la presidencia de la república Xiomara Castro. No más asumió su esposa la presidencia de la república en enero de 2022 y Mel se auto designó como asesor personal y directo de la mandataria y el Partido Libre lo eligió coordinador del Partido Libre.
De ahí sobreviene el poder político del castromelismo, no solamente para incidir directamente a lo interno del partido Libre, sino también, para tomar el control del poder de Estado que tiene su esposa. Y, es a partir de esas dos funciones políticas, que comienzan a establecer el régimen autoritario bajo el ropaje popular que les brindan las bases del Partido Libre.
Aprovechan las demagógicas consignas políticas lanzadas durante la campaña electoral que proclamaron la realización de un nuevo acuerdo político de justicia social y organización de la sociedad democrática, para estructurar alrededor la oligarquía familiar Zelaya Castro, la dominación política castromelista y aplicar las acciones opresivas y represivas. A fin de imponer el control social, la persecución política y el rechazo sistemático de líderes opositores democráticos, alejándose por completo del espíritu socialista democrático que permitiría la pluralidad política. De tal manera que, al día de hoy, ejecutan acciones tiránicas disfrazadas con una máscara popularista que saben cómo aplicarla.
Son lideres fundadores y leales al Partido Libre, muchos de ellos, miembros del partido comunista, que también denotan un acentuado rencor y odio político, los que inducen las acciones tiránicas, tal como si estuviesen cobrando las persecuciones políticas que sufrieran en tiempos de las oligarquías liberal y nacionalista, asimismo, participan miembros del gabinete de gobierno y del Congreso Nacional de reciente cuna socialista, inclinados hacia el socialismo del siglo XXI, constituyendo la base intelectual orgánica castromelista que, hace más fuerte, el sistema de dominación oligárquico familiar Zelaya-Castro.
Juntos la oligarquía Zelaya-Castro y el clan político castromelista ejercen el poder con insidiosa actitud vengativa. Utilizando la narrativa refundacional como un arma defensiva para contraatacar a los opositores democráticos. Intensifican las campañas mediáticas y las acciones de campo haciendo promesas de cambio y asegurando que van a realizar procesos orientados a eliminar modos de obrar o proceder injustos para el desarrollo del país. Pero, lo que hacen efectivamente, es desensamblar el equilibrio institucional democrático, manipulando el poder judicial y criminalizando la crítica opositora.
Al usar los argumentos refundacionales pretenden defender las embestidas políticas que realizan para controlar las instituciones autónomas como el Ministerio Público, la Corte Suprema, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas, cooptando actores a favor del partido o filtrando miembros de la oligarquía familiar Zelata-Castro. De este modo debilita la democracia y ejecutan las acciones de persecución en contra de opositores que denuncian estos movimientos o manejos que hace la oligarquía familiar a través del clan político castromelista.
Al respecto, se pueden dar dos ejemplos emblemáticos sobre las persecuciones que realizan: el caso de la periodista Cesia Mejía en 2023, cuando fue objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales oficiales y partidarias, al denunciar prácticas de nepotismo y corrupción en el gobierno y el caso del General retirado Romeo Vásquez Velásquez en 2024, al que le acusan sin pruebas de un asesinato que no cometió, porque es un patriota opositor que les critica fuertemente, los actos de corrupción que cometen.
La sociedad hondureña es objeto de hostigamiento judicial y la institucionalización de la venganza política. El sistema judicial lo manipulan para reprimir judicialmente a los opositores críticos. El Comité por la Libre Expresión, fundado en 2001, en sus informes sobre Libertad de Expresión (ILE), señala que en Honduras se está produciendo “el deterioro en las condiciones para el ejercicio periodístico en un momento político clave, e insta a detener discursos estigmatizantes contra comunicadores y defensores de derechos humanos (Informe sobre Libertad de Expresión (ILE), periodo 2023-2024, presentado el 19 de noviembre de 2024). Esta organización de la Sociedad Civil tiene el registro de muchas acciones opresivas en contra de periodistas que cubren audiencias judiciales en San Pedro Sula (ILE, 2024)
Igualmente, están criminalizando la protesta y las manifestaciones ciudadanas de los sectores estudiantiles, sindicales y comunales, las que son objeto de represión estatal, en cambio, se hacen de la “vista gorda” o cómplices cuando se trata de colectivos violentos que apadrina el Partido Libre. En octubre de 2023, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realizaron una movilización en señal de protesta por los recortes presupuestarios en educación y el desvió de fondos hacia ONG’s vinculadas al Partido Libre. La Policía Nacional, en vez de vigilar y resguardarlos, los dispersó con gas lacrimógenos y detuvieron a varios estudiantes durante 24 horas sin cargos formales. Asimismo, se ha documentado la continua violencia que ejercen contra campesinos, en el Aguan, en donde el Estado oligárquico familiar Zelaya-Castro, no da señales de desarticular a los grupos armados que responden a intereses locales aliados al clan castromelista, evidenciando la doble moral que tienen en materia de derechos humanos.
Otra manera diferente de generar la represión que ha establecido la gobernanza socialista refundacional, es a través de la cultura del miedo. Desde que asumieron el poder de Estado, el temor, la intranquilidad y la sospecha, se han convertido en elementos centrales de la sociedad hondureña. El silencio político predomina en la vida institucional pública, las universidades y en las ONG’s y, el cuestionamiento al oficialismo castromelista, se paga caro, con la destitución, la obstrucción de proyectos y la calumnia pública. Al que haga cualquier comentario crítico de la oligarquía Zelaya-Castro, se le marca como “conspirador” o a favor de los opositores golpistas.
En conclusión, la dupla oligarquía familiar Zelaya-Castro y el Partido Libre, ejercen la opresión y la represión fingiendo tener una convicción democrática y popular, empero realmente, lo que han instaurado, es un sistema de dominación tozudo, controlador y dogmático que impone leyes manipuladas, fiscales y magistrados sumisos, una propaganda dinámica de intimidación velada y la aplican de una opresión frívola, no menos perjudicial que la violencia directa.
Oligarquía familiar con seguridad en aprietos y derechos humanos amenazados
La oligarquía Zelaya-Castro tiene un enfoque de seguridad de mala calidad y un plan de acciones tácticas insatisfactorio que oscila entre un vulgar acecho opresivo a un temerario autoritarismo represivo revestido de emergencia. El poder ilegal de las maras y pandillas, que está muy bien enraizado, genera una militarización que no logra bajar los altos niveles de violencia. Y Asumen que con imponer los estados de excepción continuos van a eliminar el poder ilícito que han estructurado.
El enfoque de seguridad adoptado no demuestra que están quebrando el poder que tienen los criminales organizados en maras y en grupos de narcotraficantes locales. Por tanto, el miedo sigue en pie y la vulneración de los derechos humanos se ahonda, lo cual, debilita todavía más el Estado de derecho y exponen a la policía nacional y a la policía militar al fracaso.
Justifican la aplicación de la política represiva y la militarización amparándose en la lucha que sostienen en contra del crimen organizado anidado en las maras MS 13 y el Barrio 18 y en el narcotráfico que es `controlado por carteles internacionales.
A pesar de la leve disminución de homicidios entre 2022 y 2024 (Observatorio de la Violencia de la UNAH); los delitos tales como la extorsión, el secuestro exprés, desapariciones forzadas y cobros ilegales se mantienen e incluso tienden a incrementarse en los barrios urbanos pobres y marginados.
Fallan al ejecutar el enfoque de seguridad, porque la estrategia operativa que tienen no se centra en atacar la estructura de poder ilícito que han organizado, en la que participan, actores que poseen recursos económicos y políticos. Es una realidad que ni la oligarquía familiar Zelaya-Castro, ni el clan político castromelista, ni las FF.AA., ni el Partido Libre se atreven a desmantelarla. La militarización de la seguridad ataca el problema sin tener un enfoque coordinado de seguridad integral y una fiscalización que pueda prevenir violaciones a los derechos humanos. Entre 2022 y 2024, se registraron numerosas denuncias de allanamientos ilegales, uso desmedido de la fuerza y arrestos ilegales sin fundamentos legales o causas justificadas en barrios de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma (COFADE).
Al mantener el Estado de excepción están normalizando el autoritarismo. Por más de un año, los estados de excepción parciales bajo el argumento de combatir la extorción, alteran garantías constitucionales como la libertad de circulación, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la defensa. Con el agravante que la Corte Suprema de Justicia, controlada por la oligarquía Zelaya-Casto y su clan político castromelista, ha caído en un mutismo seguramente impuesto.
Es tanta la “excepcionalidad permanente” que hasta los Organismos Internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, le han advertido al Estado hondureño que, se está produciendo el debilitamiento institucional y afectando las libertades civiles, en particular de las juventudes que conviven en barrios señalados como de alto riego criminal.
Los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, opositores políticos democráticos y periodistas críticos son objetos de amenazas, vigilancia y persecución política, pero el castromelismo que defiende al gobierno oligárquico familiar, argumenta que mantener el estado de excepcionalidad es necesario porque protege al pueblo.
Para una muestra un botón: En 2023, fue asesinado el líder garífuna Tomas Zúñiga en la Ceiba, bajo circunstancia aun no aclaradas, este crimen generó protestas que fueron reprimidas violentamente por elementos de la PMOP. La reacción del gobierno oligárquico familiar no solo fue retardada, pero buscaron frivolizar la gravedad de lo sucedido.
A todo lo anterior que se ha descrito, se suma el riesgo democrático que implica la politización de las Fuerzas Armadas. La creciente manipulación de este aparato estatal con fines políticos, es uno de los componentes más riesgosos del actual enfoque de seguridad que tenemos en Honduras. Bajo el gobierno oligárquico familiar Zelaya-Castro, se promueve el dominio directo de la estructura militar, no solo para operaciones de seguridad, sino también para labores administrativas (aduanas, salud, transporte) y hasta de propaganda.
Claramente, se observa que están siguiendo la pauta venezolana al tratar de asociar el aparato militar al poder político. Lo cual significa un revés espantoso para la democracia hondureña. El sometimiento de las FF.AA. al poder de la oligarquía familiar Zelaya-Castro y del clan político castromelista (Partido Libre), y no al Estado constitucional, destapa o pone al descubierto, la intención política de aplicar prácticas de represión metódicas que suprimen cualquier responsabilidad de dar recuentos contables.
Concluyendo, en materia de política de seguridad la oligarquía Zelaya-Castro y el castromelismo, tienen al país “manos arriba” ante el paredón de fusilamiento: hay más represión, tenemos menos derechos, y no se ven soluciones estructurales. Y, persisten, los gérmenes que originan el poder ilícito del crimen organizado, es decir, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la corrupción institucional, pues, continúan intactas. Empero, se ejecutan acciones de presión que causan un miedo creciente y la desconfianza generalizada. Han caído en un error al asumir que la seguridad se puede lograr creando temor y anulando derechos fundamentales.
Gobernanza catromelista sin política de seguridad integral
La política de seguridad ciudadana emprendida por la gobernanza familiar Zelaya-Castro es frágil y no logra solucionar la lamentable situación que crea en la sociedad hondureña, el poder ilícito que tienen el crimen organizado.
Mientras no se aplique una política de seguridad integral, entendida como el enfoque multisectorial, preventivo, centrado en derechos humanos y sostenido institucionalmente más allá de los ciclos políticos, en el país, prevalecerán las condiciones que permiten la violencia común y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de asegurar el orden.
La gobernanza castromelista insiste en sostener un abordaje fragmentado de la seguridad. Se han encerrado en un círculo de respuestas reactivas y represivas caracterizadas por la militarización de la seguridad pública, estados de excepción, operativos focalizados, y promesas demagógico populistas con mano dura.
Este modo de actuar, solo demuestra que no tienen un plan coherente de largo plazo, ni diagnósticos técnicos, sino un puro interés político de vista corta, que responde a fines electorales y distracciones que alejen la atención de los ciudadanos de los escándalos de corrupción. Sin resolver los factores que originan y alimentan la violencia, como el desempleo, la ausencia de políticas de desarrollo cultural para los jóvenes, favorecer la impunidad judicial, caer en la indiferencia ante la corrupción policial y la falta de oportunidades; la inseguridad ciudadana, es un proceso irremediable y la institucionalidad civil una estructura subvalorada, en consecuencia, los procesos preventivos no tienen cabida.
La ausencia de una política de seguridad integral conduce al debilitamiento sistemático de las instituciones encargadas de diseñar y ejecutar dicha política institucional y a la politización de la policía tanto civil como militar. Lo cual implica, darle un papel funcional al Ministerio de Seguridad, sin autonomía técnica y presupuesto suficiente para liderar un cambio estructural.
Y toda esta situación, bajo un sistema de justicia, fiscal, tribunal y de defensoría pública, inoperantes que tienden a prolongar la aguda crisis de confianza y eficiencia, más el acentuamiento de la desarticulación interinstitucional operativa entre seguridad, salud, desarrollo social, cultura, juventud y la ausencia de una plataforma común de trabajo preventivo en la que se le dé una verdadera participación a la ciudadanía: la construcción de la seguridad integral es imposible.
Las consecuencias sociales de una seguridad fragmentada, son sostener a la sociedad hondureña atrapada entre el miedo y la impunidad, seguir con tasas de homicidio arriba del promedio latinoamericano y vivir intimidados bajo el sistema de dominación paralelo ilícito que tienen las estructuras criminales y, que les permite, aplicar “impuestos mareros” o de extorción que ahogan a los microempresarios y desplazan el comercio informal, ocasionando migraciones forzadas irregulares y la ruptura del tejido social.
Igualmente, al darle preferencia a los estados de excepción y el abuso de autoridad, se producen violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y el oprobio a jóvenes pobres. En otros términos, le dan prioridad al enfoque punitivo, desigual y clasista que reproduce el rechazo social que anuncian combatir, en vez de desarrollar una política de seguridad integral.
La gobernanza castromelista no toma en consideración ciertos elementos indispensables para establecer una política de seguridad integral: se opone a la desmilitarización de la seguridad pública y es indiferente al fortalecimiento profesional de a la policía nacional en todos sus niveles, con controles civiles, una formación ética y una dotación adecuada de equipo pertinente; reducen la inversión en prevención social de la violencia, a través de programas dirigidos a niñez y juventud, recuperando espacios públicos, promoviendo el arte, el deporte y la empleabilidad juvenil; en vez de fortalecer el sistema de justicia con autonomía, independencia y combate frontal a la impunidad, más bien lo politizan; evaden la promoción de la cohesión social, al no involucrar a las iglesias, las universidades, medios de comunicación, sectores privados y organizaciones comunitarias en un pacto nacional por la paz; finalmente, no ejecutan el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, con diagnósticos periódicos, indicadores de impacto y transparencia en el uso de recursos.
En conclusión, la política de seguridad integral es necesaria para contrarrestar los altos índices de violencia y el deterioro agudo de la convivencia democrática. Se necesita aplicar una inteligencia estratégica de seguridad integral, mayor coordinación institucional, más justicia social y más ciudadanía activa. Con fuerza bruta y sin desarrollo humano, la gobernanza castromelista izquierdista continuará manteniendo a Honduras atrapada en un círculo vicioso de violencia opresiva y represión. Solo con un enfoque de seguridad integral es posible conducir a Honduras por el camino de una verdadera paz con sostenibilidad.
En vez de refundación hay militarización subordinada
El gobierno oligárquico familiar castromelista empezó mal la gobernanza, porque no más iniciaron el período presidencial y conforme avanzan, van instaurando un sistema de dominación refundacional demagógico o popularista, embarrullado en contradicciones que demuestran, más pronto que tarde, que en la tal era socialista, no se producirá cambio alguno, que marque diferencias con el pasado gubernativo corrupto que con mucha saña criticaron.
La politización de los militares para controlar el territorio bajo la bandera refundacional ha cobrado inusual prioridad partidarista. Probablemente, debido a la incidencia que ejercen los asesores cubanos y venezolanos que, deambulan alrededor de la oligarquía Zelaya-Castro, gracias a gestiones realizadas por militantes orgánicos del Partido Libre con el dictador venezolano Maduro y otros jerarcas miembros del Foro de Sao Paulo.
El protagonismo de ciertos militares de la cúpula militar en sendas posiciones claves del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha escalado niveles significativos en el sistema de dominación política que impone el clan político castromelista. Les dotan de recursos materiales y presupuesto al margen de una fiscalización transparente, sobre la ejecución de medidas políticas de seguridad interna, protección civil y gestión de crisis, porque responden a objetivos que les indica el Partido Libre. Al General Roosevelt Hernández jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, lo acusannde haber perdido su rol constitucional al manifestar posturas políticas cercanas al partido de Gobierno (CONTEXTO, julio 2, 2025)”.
Las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas en funciones subordinadas al poder político del clan castromelista y, asimismo, la exponen como una entidad afín al Partido Libre, con el fin de demostrarle a las instituciones civiles, que la seguridad, el orden público y el desarrollo comunitario, deben igualmente someterse, al mando centralizado, vertical y autoritario, que dirige la oligarquía familiar Zelaya-Castro.
La secretaría de seguridad, la tienen completamente alineada a la pauta política que sigue el coordinador del Partido Libre, quien instruye la aplicación de medidas coercitivas y represivas, a través de la presidente. O sea, la Policía Nacional, ya no es una institución con doctrina democrática y respeto a los derechos humanos, sino un aparato de intimidación o de persecución al servicio del coordinador del Partido Libre.
En consecuencia, ha sido debilitada y sufre purgas internas, nombramientos por lealtad política, y le han anulado la autonomía operativa, lo que le impide, realizar cualquier reforma real que conduzca al establecimiento de un enfoque de seguridad ciudadana integral.
La socióloga Miriam Pineda catedrática universitaria señala lo siguiente: “La refundación era una oportunidad para fortalecer las instituciones, pero las destruyeron desde adentro y pusieron a los militares como salvadores”. En otras palabras, la gobernanza castromelista impone la militarización al normalizar el estado de excepción. Convirtiendo dicha medida, supuestamente temporal para frenar la extorción, en un artificio permanente de control que, se renueva por decreto mes a mes. Lo cual significa, suspender parcialmente las garantías ciudadanas y la extensión del poder militar en barrios pobres, con poca o ninguna supervisión judicial.
En 2022, las estadísticas demuestran que no obstante el estado de excepción que se ha impuesto, 226,262 hogares reportaron ser víctimas de extorsión. En 2023, la cifra creció a 286,553 hogares (un aumento del 26.7%). En 2024, llego a 304,338 hogares, lo que representa un 11.6% de todos los hogares, frente al 9% en 2022. Se aprecia entonces, que la extorsión continúa creciendo en incidencia aun cuando se impone la política de estado de excepción de modo permanente. Estos datos son respaldados por estudios de la ASJ, encuestas nacionales y cifras oficiales (Fiscalía, CONADEH, recogidos y analizados por medios como Contracorriente, Swissinfo, Hondumedia, VoxPopulli y Centroamerica360).
El coordinador del Partido Libre es quien impulsa la militarización desde la penumbra; entre la luz y la oscuridad, instruye sobre la política de seguridad y entrelaza alianzas con sectores militares que, en tiempos políticos anteriores, criticaba duramente. Con un autoritarismo demagógico, busca obtener el control de la fuerza militar a fin de mantenerse en el poder. No es la instauración de una estrategia de seguridad integral democratizadora, pero sí, la centralización del poder bajo su liderazgo lo que construye. Es claro que, para Manuel Zelaya Rosales, la militarización es necesaria, porque solo así puede asegurar el cumplimiento de decisiones internas, dominar la protesta social y gobernar el miedo como táctica de control político.
El costo social de la militarización refundacional tiene consecuencias dañinas no solamente institucionales, también en los sectores pobres del país; esta política pública, más que protección a la ciudadanía, desarrolla la sospecha, la intimidación y el desamparo, puesto que el presupuesto que podría ser destinado al desarrollo humano, es utilizado para militarizar la seguridad y convertir a los jóvenes pobres en objetivos blancos.
La débil democracia que existe en el país está siendo deteriorada poco a poco y, en su lugar, establecen un sistema de dominación política que prioriza el militarismo politizado, subordina a las fuerzas armadas, debilita el poder judicial y ejecuta acciones de persecución focalizadas políticamente.
A casi cuatro años de gobernanza refundacional castromelista la tal refundación de Honduras, no es más que, la instauración del miedo para poder gobernar sin oposición alguna. Han establecido un autoritarismo que tiende a militarizar el país, para subordinar el pueblo territorialmente, lo cual evidencia, no solamente la pérdida de un tiempo valioso para elevar la calidad de vida de los hondureños, sino también, un desarrollo truncado, falto de valores éticos y capacidad para realizar el cambio estructural que necesita Honduras. En lugar de desarrollar una refundación constructiva y ejemplar, a Honduras, la han militarizado y subordinado a la oligarquía Zelaya-Castro que, a través del clan político castromelista, conducen a Hondura por el camino de una dictadura antidemocrática futura.
Programas sociales utilizados para lograr control político
En Honduras, el desarrollo social no ha sido acertado, más bien, defectuoso y politizado. Los programas sociales se utilizan con fines políticos y control electoral. Es a través de los proyectos de asistencia social que el Partido Libre, se acerca a los segmentos sociales pobres con mayor celeridad y efectividad. Aprovechando las transferencias para crear dependencia política y difundir las consignas políticas partidarista que plantean la ruptura con los nacionalistas y los liberales a los que tildan de conservadores reaccionarios.
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El Partido Libre, utiliza la base de datos que tienen los programas asistenciales para focalizar los beneficios de forma arbitraria y sectaria. Por ejemplo, el Bono Tecnológico Productivo un programa social asociado a la Red Solidaria, cuyo objetivo es mejorar la productividad agrícola, repartiendo insumos agrícolas los distribuyen en zonas territoriales en donde el Partido Libre tiene prioridad política electoral. Tales como comunidades en Lempira, Colón y Olancho, en cuyas comunidades, entregan beneficios condicionados a obtener a cambio, apoyo en concentraciones políticas o aceptar afiliarse al partido.
El desarrollo de los programas sociales se realiza de manera centralizada y deshonesta, en vez de generar solidaridad, organizan un clientelismo institucionalizado bajo la supervisión de la secretaria de Desarrollo Solidario (SEDESOL), siguiendo la pauta política castromelista que facilita el uso del presupuesto público sin una auditoría externa necesaria, y causando la concentración de recursos con fines ilícitos.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en su informe de 2024, indica “la falta de transparencia en la ejecución de estos programas” que superan en más de 4,000 millones de lempiras invertidos, “sin información detallada de los beneficiarios, criterios de selección ni resultados medibles”. Lo que es congruente políticamente, con la militarización territorial que implementan con las fuerzas armadas. A las familias no les exigen compromisos con la educación o la salud, sino lealtad partidaria. Utilizan los programas sociales en función de intercambios políticos encubiertos y no como derechos asegurados.
Los programas sociales han dejado de ser favorecedores de derechos y, ahora los han convertido, en procesos oportunistas embaucadores a favor de la ideología tiránica refundacional socialista. Convierten la hambruna en papeleta electoral y la falta de recursos económicos en obediencia. Es decir, la pobreza es el activo político ideal para mantenerse en el poder. Es por esta razón que mantienen el índice de la pobreza multidimensional, prácticamente invariable. Controlan las comunidades pobres para cimentar el control clientelar centralizado, oscuro y electoralista con el fin mediato de perpetuarse en el poder. Para nada pretenden eliminar vicios del pasado, ni tener un enfoque de derechos con participación ciudadana y transparencia, menos con el propósito de construir un Estado democrático y solidario.
Promesas rotas: Decepciones en Salud y Educación
En 2024, el estado del sistema de salud es deprimente, más del 50% de los hospitales sufren desabastecimiento crónico de medicamentos básicos. El Hospital Escuela en la capital de Honduras (Tegucigalpa), el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, y los hospitales regionales en Gracias, Santa Rosa de Copan y Juticalpa, operan precariamente. A los pacientes les advierten llevar gasas, jeringas, y hasta analgésicos. Los 2000 millones de lempiras anunciados para fortalecer y mejorar la infraestructura hospitalaria, se esfumaron y las obras quedaron inconclusas o tuvieron un propósito publicitario. Por ejemplo, el caso del Hospital Modular de Santa Barbara, prometido en cadena nacional, ha quedado como símbolo de incumplimiento: aún en este año 2025 no opera. A la ciudadanía santabarbarense les prometieron un hospital digno al habérselos cerrado, pero lo que se observa es un logo del gobierno y una foto de Xiomara ostentoso.
En 2025, los paros del personal médico y de enfermería se ven a la luz del día y la inconformidad de los ciudadanos, ante un sistema de salud que se deteriora progresivamente va en aumento. Además, la corrupción invade la administración de este sistema público, que es vital para el bienestar de la ciudadanía en general. Se producen contrataciones irregulares y sobrevaloración de medicamentos (2023-2024).
En un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de 2023, se revela que la secretaria de Salud adjudicó contratos directos sin licitación a empresas sin experiencia, algunas creadas poco tiempo antes de las contrataciones. Por ejemplo: el caso de una empresa proveedora de alcohol gel y mascarillas quirúrgicas que, vendió estos productos, con precios tres veces más altos que el promedio regional, resultó ser una empresa constituida en marzo de 2022 que recibió contratos por más de 50 millones de lempiras.
Las organizaciones de sociedad civil han denunciado que en el Ministerio de Salud, se producen contrataciones o nombramientos de familiares, militantes del Partido Libre y personas sin perfil técnico en puestos claves del ministerio y en los hospitales. En el Hospital Escuela, existe documentación de nombramientos de al menos 25 activistas sin formación en administración hospitalaria en puestos de dirección o coordinación. Varios de ellos recibiendo salarios de hasta 60 mil lempiras mensuales.
Por otra parte, la educación no tiene rumbo, pero las escuelas las convierten en espacios de adoctrinamiento y los maestros en su mayoría, combinan la guía formal educativa con pautas doctrinales establecidas por el clan político castromelista. El civismo tradicional lo sustituyen frecuentemente por una instrucción sobre la refundación socialista.
Sin embargo, las escuelas carecen de agua porque aducen que no hay presupuesto. En muchas escuelas el techo lo tienen dañado o colapsado, en el caso de la José Trinidad Reyes en el Paraíso, el techo durante una lluvia; el maestro tuvo que llevar tres niños heridos en su motocicleta. Pero, aun así, aplican un adoctrinamiento encubierto sin libros. Con manuales que incluyen citas de Manuel Zelaya (Mel).
Han prohibido la crítica al oficialismo y promueven un discurso que asocia lo bueno al castromelismo y lo mal a los nacionalistas y liberales. O sea, practican el maniqueísmo en las aulas, es decir, un enfoque pedagógico que explica la realidad de Honduras dividida en dos partes opuestas, los conservadores reaccionarios que representan lo malo y los refundacionales socialistas que representen lo bueno. Asimismo, contratan a maestros supervisores irrespetando los estatutos que rigen en el gremio magisterial y colocan afiliados al Partido Libre que no cuentan con méritos pedagógicos.
Le han dado al aparato educativo un sentido ideológico socialista que demerita los principios democráticos del del libre mercado. A los maestros les mandan decirles a los niños que con Xiomara Castro viven en libertad y, que antes durante los gobiernos nacionalistas, vivían en una dictadura (Maestra rural, Lempira).
En donde la pobreza gruñe, la refundación llega a las escuelas con caridad política y subsidios que, los dan para subordinar a los padres de estos niños pobres y volverlo dependientes del Estado socialista oligárquico familiar y del clan político castromelista, controlándoles territorialmente con la presencia de militares de las fuerzas armadas.
Lucha silenciada: desmantelamiento sindical y ausencia de políticas sostenibles
A primera vista el ascenso al poder del Partido Libre da la impresión que apoyan la lucha sindical y el liderazgo gremial. Empero, han desmotado la protesta sindical y enmudecimiento el liderazgo gremial. De tal forma, que las acciones y las estrategias para defender los derechos laborales e intereses de los trabajadores y criticar las descaradas acciones de corrupción, violación de derechos humanos y persecuciones políticas que realiza el gobierno oligárquico familiar Zelaya-Castro y su clan político castromelista, han caído en una complicidad que levanta muchas dudas, porque en tiempos de dominación liberal y nacionalista, con frecuencia apoyaban procesos de oposición ante los abusos que cometía el gobierno y las empresa privadas.
La cúpula del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), aliado esencial del castromelismo, defiende el enfoque gubernativo del Partido Libre y, por consiguiente, adoptan una actitud de sumisión ante el mandato oligárquico familiar Zelaya-Castro. Lo cual, se refleja, en la alta tolerancia que tienen al consentir la continuidad del Estado botín, permitir el enriquecimiento ilícito de lideres del Partido Libre y compartir la estrategia de empobrecimiento general de la ciudadanía por fines políticos.
El hecho de que el Partido Libre se haya convertido en el poder detrás del engranaje sindical, afecta el proceso de sindicalización actual. En 2024, la tasa de afiliación sindical en Honduras fue el 2.57% de la fuerza laboral total que asciende a 4.3 millones de personas mayores de 15 años que están empleadas o buscan empleo, aproximadamente 113,000 empleos (World Bank).
Sumamente baja comparada con promedios históricos que indicaban 15-20% en los años noventa, mostrando una fuerte caída. En otras palabras, el panorama sindical y gremial se ve nublado y su dinámica de crecimiento débil con tendencia al decaimiento organizativo.
Los dirigentes del FNRP son en gran parte responsables directos del establecimiento de la estrategia sutil y sistemática de silenciamiento y debilitamiento de la organización gremial independiente. La cúpula de dirigentes del FNRP han caído en un oportunismo político vivaracho y aprovechan la oligarquía familiar Zelaya-Castro, para imponer el abuso de poder, la persecución política, la violación de derechos humanos y la ejecución de acciones corruptivas que favorecen a funcionarios públicos del Partido Libre.
Asimismo, están a favor de la manipulación de las políticas públicas para que contribuyan al desarrollo social y laboral con fines proselitistas. Igualmente, fomentan la división en las organizaciones sindicales como el COLPROSUMA, el COPEMH, el STENEE, y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, al respaldar sobornos que, el gobierno realiza con líderes gremiales al ofrecer contratos y favores políticos, a través del Ministerio del Trabajo Publico, cuyo fin es que guarden sosiego o den respaldo institucional al gobierno castromelista (Testimonio de un dirigente sindical docente, Comayagua, abril 2024). No obstante que el gobierno castromelista reprime las protestas laborales con fuerza y desconsideración, como si fuesen enemigos políticos, como en el sector salud, la ENEE y a los decentes por exigir pagos atrasados o mejores condiciones laborales; el FNRP, no reacciona favorablemente. Sino que continúan defendiendo la narrativa demagógica y de dominación oligárquico caudillista corrupta que promueve el gobierno.
A las enfermeras auxiliares, los trabajadores tercerizados del SANAA y del IHSS, los amenazaron con despidos y los intimidaron con campañas de difamación, desde cuentas asociadas al oficialismo. El gobierno los acusó de querer sabotear la refundación al exigir derechos laborales. La ausencia de políticas sostenibles o de decisiones, acciones y regulaciones diseñadas para crear valor público equilibrado en los ámbitos económico, social y ambiental, es evidente. No resuelven problemas prioritarios que aseguren el bienestar de las generaciones futuras o creen marcos normativos sólidos aplicando una estrategia con seguimiento riguroso y mecanismos participativos.
Lo que existe, es un vacío de procesos que promuevan el intercambio abierto de opiniones entre las personas y los grupos con diferentes intereses políticos partidaristas o gremialistas, con el fin de lograr mayor entendimiento y respeto mutuo. La refundación no propicia una cultura del dialogo político. Lo que hacen es atrapar adeptos para el Partido Libre o ejecutar medidas de silenciamiento e intimidación sindical o gremial.
En la práctica gubernativa, la realidad demuestra la carencia de procesos sostenibles en materia laboral, educativa y de servicios públicos. No ejecutan y menos desarrollan, planes estructurales bajo una perspectiva política de largo plazo ni se crean modalidades permanentes de diálogos entre el Estado, los empresarios y los trabajadores.
La realidad descrita anteriormente, evidencia que a los sindicatos y a los gremios los han apartado de la lucha por conquistar procesos sociales que mejoren la calidad de vida de los hondureños.
La gobernanza castromelista improvisa, utiliza políticamente los gremios, no tienen una planificación técnica y han minado las posibilidades de lograr avances reales. Centran la política pública en destacar comunicados presidenciales, promover propaganda oficial y ejecutar una represión blanda mediante la censura, la división social y la sumisión. Intensifican procesos de deslegitimación pública a dirigentes críticos, les niegan plazas o beneficios a empleados sindicalizados no afines, obstaculizan medios locales que den voz a las protestas y utilizan redes sociales para atacar manifestaciones laborales. Es con esta estrategia que han logrado desalentar a las bases sindicales, quebrantar procesos de oposición democrática históricos y aumentar el control político sobre las instituciones gremiales, desalentando el fortalecimiento y el avance de la dinámica sindical. Han logrado debilitar efectivamente las protestas sociales que lucha a favor de la democracia al causar intimidación institucional.
Los sindicatos ya no son fuertes y no logran crear un contrapeso al poder político castromelista, en consecuencia, se dificultan las posibilidades para establecer políticas de desarrollo democráticas sostenibles y los servicios públicos se vuelven engañosos.
Los trabajadores en general sobreviven en la precariedad, los campesinos sin una política crediticia favorable, los jóvenes deambulan por falta de empleos dignos, y la institucionalidad laboral ha caído en un círculo viciosos de demagógica propaganda. A los trabajadores los tienen controlados y los sindicatos ya no son efectivos propulsores del cambio democrático, porque se han convertido en participantes del engranaje de la maquinaria castromelista. La sociedad hondureña está bajo el control de una gobernanza que no escucha, pero reprime sin rifles.
Regresión institucional y fuga de talentos: la tragedia callada
La sociedad hondureña enfrenta un momento histórico dramático al vivir una gobernanza que causa una tragedia callada, abismal y persistente, es decir, la regresión institucional y la fuga continua de talentos. Dos efectos estructurales negativos, uno que nace en la estrategia de desarrollo que sigue el Estado, y el otro, que nace en el seno mismo de la sociedad.
La gobernanza castromelista y su promesa de refundación del Estado no solamente se quedó enraizada en una narrativa demagógica, pero, asimismo, ha precipitado el caos institucional y menoscabado el capital humano calificado. En vez de lograr el desarrollo humano favorable, la sociedad hondureña vive un proceso de desarrollo decadente, una gobernabilidad que concentra el poder y que no favorece al dar acceso a las posiciones públicas, sino que es el autoritarismo del sistema oligárquico familiar Zelaya-Castro que privilegia, la lealtad política, el clientelismo, y la discriminación, lo que esta predominando.
En lugar de estimular la capacidad y el esfuerzo individual, la dominación castromelista favorece a individuos militantes del partido libre y a familiares de la oligarquía en el poder, sin considerar razones de merecimiento profesional. La regresión institucional se evidencia en diversas prácticas gubernativas. Primero, en la toma política de las instituciones públicas, donde el control político del aparato estatal, ha sustituido el principio de independencia de poderes. Se impulsan nombramientos de funcionarios afines al melismo, sin competencia técnica, debilitando los organismos claves como el Ministerio Publico, el Tribunal Superior de Cuentas o el Servicio Civil.
Han minimizado el carácter profesional en áreas burocráticas y el clientelismo sustituye al mérito. Los datos del Observatorio de Política Pública de la UNAH (2024), indican que más del 65% de los nuevos nombramientos en cargos medios y altos no cumplen con los requisitos profesionales establecidos por ley. Lo cual, crean la desconfianza ciudadana y, además, ocasiona condiciones hostiles para el desempeño profesional competente.
Existe un menosprecio agudo a la institucionalidad que se observar en los ataques políticos o el sometimiento que hacen en contra del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y las tensiones que provocaron en la elección de los magistrados. En vez de fortalecer la transparencia, se promueve la opacidad. Ante tal actitud gubernativa reaccionaria instaurada por el gobierno de la presidente Xiomara Castro, una gran cantidad de profesionales están optando por migar hacia países en donde pueden encontrar mejores oportunidades laborales.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre 2022 y 2024, más de 42,000 profesionales universitarios emigraron, principalmente hacia Estados Unidos, España y Canadá. Médicos, ingenieros, abogados, académicos y científicos migran por razones económicas y por la frustración que sienten ante el entorno en el que su capacidad no encuentra cabida. El sectarismo político ha inundado a Honduras y causa que el recurso humano preparado se vaya del país. Han condenado a Honduras al empobrecimiento cívico y ético. La desconfianza en las instituciones y los escasos cuadros técnicos calificados que laboran en ellas, hacen irrealizable la ejecución de políticas públicas positivas.
Y la improvisación, la vulgarización política de los órganos del Estado, la falta de controles y la oferta de servicios públicos ordinarios, suscitan una oferta de servicios públicos poco confiable, una educación sin rumbo, una salud colapsada y una seguridad falaz que se apoya más en discursos que en una convincente estrategia. Es así que la desdichada conjugación de regresión institucional y fuga de cerebros hacen duraderos patrones perjudiciales para el desarrollo de Honduras. En la medida que los servicios públicos no son eficientes, la transparencia es débil, la participación ciudadana deficiente, la integridad dudosa y se instaura el sectarismo político: la refundación del país es inalcanzable y, por tanto, se convierte en una promesa incumplible. El Estado bajo la dominación política del castromelismo instaura en el país lealtades partidarias que le hacen amodorrarse bajo las sombras del desencanto.
TERCERA PARTE
EL PODER COMO FAMILIA Y DOCTRINA
Dominación populista, caudillista, clientelista y poder concentrado
La dominación populista castromelista se ejecuta a través de un clan político o grupo de personas, algunos emparentados, que ocupan posicionamientos políticos clave, desde los cuales, ejercen incidencia ideológica y ejecutan decisiones que, les instruye el coordinador del Partido Libre y avaladas por la presidente de la república. Tales como: congresistas, alcaldes y funcionarios en cargos públicos.
El interés político común que les une, es la pauta doctrinaria de dominación que buscan implantar. Es decir, la política centrada en apoyar a la oligarquía familiar Zelaya-Castro a controlar y ejercer mandatos sobre el Estado y la sociedad con el fin de mantener y ampliar el poder que ya conquistaron. Dicho de otra manera, el clan político castromelista es la instancia que analiza los mecanismos y procesos que pueden implementarse para dominar el Estado, la sociedad y a los opositores democráticos, evitando la caída de la dominación que ejercen en la vida política, social y económica, asimismo, protegiendo el liderazgo del caudillo Manuel Zelaya Rosales Mel).
La dominación que ejerce el Partido Libre a través del caudillo Manuel Zelaya Rosales, se basa en relaciones sociales reciprocas y disparejas de dar órdenes y brindar obediencia, a través de las cuales, el caudillo y su clan político, obligan a otros (temporalmente) a obedecer.
Tratan de mantener la regularidad y el éxito del sistema de dominación, al impulsar una narrativa populista que los identifica con el pueblo y que demuestra la oposición en contra de las elites empresariales y los políticos que se opone a la construcción del proyecto refundacional que plantean es de origen popular. Con esta postura intentan construir un liderazgo carismático, una movilización con el apoyo de colectivos guiados por el Partido Libre, utilizando un discurso y unos símbolos que, levanten sentimientos de rabia o resentimiento contra los opositores. Y para ser congruentes con este discurso populista, intensifican sentimientos de soberanía popular y la defensa de los intereses del pueblo pobre, ante las críticas anti socialistas internas y externas.
Bajo el sistema de dominación castromelista la identificación con el pueblo es crucial y, por esta razón, ejecutan campañas mediáticas que los presentan como los genuinos representantes del pueblo, difamando a las cúpulas democráticas como corruptas o alejadas de los intereses populares. A Mel, le crean una imagen carismática y personalista y lo promueven como el “liberador” del pueblo hondureño. Dada la naturaleza populista que tiene la postura refundacional, la movilización de algunos sectores de la población es permanente y, a través de estas manifestaciones, exponen discursos emocionalmente ofensivos e insignias que apelan a la identidad comunal. Exponen un populismo crítico y atacan a las cúpulas políticas, económicas e intelectuales opositoras, acusándolas de enemigas del pueblo. Suelen adoptar posturas de soberanía nacional y critican las posiciones globalistas imperialistas de Estados Unidos. Hablan de redistribuir la riqueza o favorecer a los grupos sociales pobres y dicen defender sus intereses. Son emocionales y tienden a manifestar la rabia, el odio, el resentimiento y un amoldado orgullo nacional, en vez de dar argumentos racionales o basados en evidencias. Demuestran un antiliberalismo feroz y critican las instituciones liberales y los valores asociados a ellas (separación de poderes, derechos individuales y la libertad de expresión) y construyen enemigos. El caudillismo que facilita la presidente Xiomara Castro hace que la toma de decisiones sea singularizada, turbia y limitada institucionalmente. La Asociación para una sociedad más justa en 2024 expuso un informo que indica que: “el 70% de las decisiones clave del Poder Ejecutivo están influenciadas directa o indirectamente por Zelaya Rosales”. Lo cual, ocasiona ambigüedades o confusiones en el gabinete de gobierno y la subordinación de hecho del Consejo de ministros al liderazgo no institucionalizado del expresidente.
Han atrapado la Corte Suprema de Justicia desde 2023 al colocar magistrados obedientes a la oligarquía familiar Zelaya-Castro, disminuyendo la independencia judicial. Igualmente, colocaron en el Ministerio Público a un fiscal general nombrado sin la aprobación consensuada de la mayoría de congresistas, al que manipulan para que ejecute acciones de persecución política específicas e indiferencia calculada, al realizar la lucha contra la corrupción. La Junta Directiva del Congreso la controlan al tener bajo subordinación al presidente de dicha instancia, quien hace o busca aprobar leyes que, le instruyen sin suficiente deliberación ni consulta pública.
Tanto el CNA como Transparencia Internacional, han denunciado el deterioro del Estado de derecho y la politización de las instituciones con fines partidarios.
En materia clientelar, el programa Bono Esperanza y otras transferencias directas han sido denunciadas como incentivos de integración política: “más del 40% de los beneficiarios de bonos sociales han sido identificados como militantes o activistas de LIBRE” (CNA, 2023).
Las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público, son usadas como brazo de control político y social, especialmente a través de los estados de excepción que son aprobados desde diciembre 2022. En fin, la gobernanza castromelista busca subordinar los movimientos sociales, cohibir los sindicatos, los patronatos y las plataformas ciudadanas mediante financiamiento, nombramiento o represión selectiva.
Las secuelas que producen sobre la democracia y la institucionalidad son condenables, porque hacen retroceder la frágil democracia hondureña. El Índice de Democracia de The Economist (2024) depreció la calificación de Honduras al rebajarle su posicionamiento y etiquetar su gobernanza como un sutil régimen autoritario, aludiendo procesos inconsistentes que causan daño, tales como, el detrimento en la independencia de poderes y la falta de transparencia. Igualmente, el World Justicie Project situó a Honduras en el puesto 125 de 142 países en su índice de Estado de Derecho (2023), evidenciando las ásperas acciones orientadas a ejercer controles al poder ejecutivo, evitar una justicia ecuánime y aumentar la corrupción por la vía del sistema de Estado botín.
La gobernanza refundacional lo que ha logrado es la instauración de una oligarquía familiar operando a través de un clan político que, centraliza el poder, en un personaje no institucionalizado. Quien instruye incorporar las instituciones a su órbita de mando, para hacer uso de los recursos públicos, en función de objetivos políticos que no se destinan al fortalecimiento progresivo del Estado de derecho. La gobernanza castromelista no es democrática y realiza acciones que perjudican a la sociedad, usando un disfraz narrativo de cambio social.
De persistir este patrón gubernativo el futuro político de Honduras se ve amenazado por la inminente perdida de libertad política, la autonomía individual, los contrapesos democráticos y los derechos a una cultura política sin caudillistas y oligarquías patrimonialistas
El poder real de MEL
José Manuel Zelaya Rosales es un autócrata que ha logrado establecer un clan político subordinado a su gusto y, a la vez, como militante orgánico del Partido Libre, lo coordina y le apoya económicamente para sostenerse en el poder. Y, demás, aprovecha ser el esposo de la presidente Xiomara Castro, a quien manipula evidentemente, para conducir las políticas de Estado.
Con una gran pericia sustenta su poder en redes familiares y de amigos que los coloca en posiciones públicas, desde las cuales, ejerce un mando político autoritario con distintos fines personales y partidaristas e influye directamente en la cúpula del Partido Libre, porque tiene el soporte de asesorías policías externas (Venezuela y Cuba principalmente). Su poder de dominación, se basa en la autoridad que ejerce la esposa como presidente de la república.
Ha logrado un reposicionamiento político mucho más contundente que el que tenía cuando era presidente, porque ahora, tiene al Partido Libre de su lado, a través del cual, mantiene una relación directa con las fuerzas izquierdistas y, a su esposa, que impone su autoridad constitucional, sobre las FF.AA. y los aparatos del Estado, lo que le convierte en un caudillo político con extraordinario poder personal.
Propone y aprueba desde la sombra, a ministros, diplomáticos, directores de entes autónomos, altos mandos de seguridad y a altos jerarcas militares de su confianza que, ostentan posiciones de mando decisivas, para tener también de su lado el respaldo de esta institución o aparato militar.
Incide en las decisiones del Poder Legislativo, al tener bajo su subordinación, al presidente de la Junta Directiva, de este poder del Estado. Asimismo, influye directamente en los procesos de negociación parlamentarias o estrategias de alianzas coyunturales con otros partidos. No hay ninguna decisión de peso que la presidente tome, sin el consentimiento de Mel. Y es indudable que las pretensiones de quebrar el sistema de dominación liberal, obedecen a la base de poder que ha construido a su alrededor, al fortalecer redes clientelares, tener el control de la narrativa mediática alternativa, subordinar redes sociales afines y manipular plataformas digitales. Ha implantado un enfoque de dominación que debilita la institucionalidad democrática, diluye la división de poderes y controla las decisiones de la presidente cuando requiere hacerlo.
Empero, el poder que ha adquirido MEL, tras casi cuatro años transcurridos de gobernanza del castromelismo, da señales que indican contradicciones fuertes al seno del Partido Libre y entre sus asociados. A primera vista, se perciben pugnas internas relacionadas con varios actores claves afines al Partid Libre (alcaldes, diputados y algunos movimientos populares), que manifiestan contrariedades agudas por la manipulación desmedida que tienen Mel y que afectan el equilibrio político dentro de este partido y los aliados estratégicos. La creciente centralización del poder en el circulo reducido que rodea a la familia Zelaya-Castro crea conflictos internos.
El poder real de MEL, revela los límites que tiene la institucionalidad democrática en Honduras y muestra un problema crucial: ¿puede haber en Honduras un proceso refundacional democrático con un poder ejercido desde la oscuridad, sin control constitucional y sin rotación?
Muchos hondureños necesitan reconocer esa realidad planteada anteriormente para repensar un régimen político más nivelado, asociativo e impersonal, donde el poder no se concentre en apellidos ni en liderazgos mesiánicos, sino en instituciones sólidas y ciudadanías consciente
El mandato presidencial de Xiomara Castro decepciona
No obstante, el paso históricamente trascendental que da Honduras al elegir por primera vez a una mujer como presidente de la república, su mandato presidencial evidencia un fiasco gubernamental. La ciudadanía hondureña, la eligió porque anhelaba un cambio que reconstruyera el Estado de derecho, desarrollara una institucionalidad que garantizara la transparencia y la participación ciudadana, la eficiente división de poderes y el respeto a los derechos fundamentales. Los ciudadanos en su mayoría dieron su voto a favor del Partido Libre, porque creyeron en la promesa que hicieron de refundar el Estado hondureño y en la narrativa populista de justicia social y transformación que con convicción le plantean al pueblo. Ilusionándoles con la promesa de instaurar un proceso de desarrollo cualitativamente mejor al promovido en el pasado. Pero, por el contrario, ya casi al final del periodo presidencial, se puede constatar, una gobernanza refundacional sumamente discrepante con la realidad concreta que tiene Honduras.
La gobernanza de Xiomara Castro, lo que ha hecho no es solamente reproducir conocidas maneras de hacer políticas pervertidas, sino que ha depositado el poder en manos de su esposo Manuel Zelaya Rosales y, este vengativo político, genera procesos para aplicar la pauta política que le adiestran aliados internacionales izquierdistas.
En gran parte, el fracaso del gobierno refundacional socialista de la presidente Castro, surge desde el momento que instauran una camarilla familiar y un clan político subordinado a sus directrices, con intereses alejados de un plan político, orientado al cumplimiento de las acciones adecuadas para solucionar las demandas populares.
La refundación “de la patria”, es una confabulación política entre familias aliadas a la oligarquía familiar Zelaya-Castro y líderes políticos socialistas organizados en el clan político castromelista, que siguen una ruta de enriquecimiento rápido desde el poder público. El sociólogo Eugenio Sosa, reputado militante socialista, en 2023 afirmó que “la refundición ha quedado en el discurso; no hay ni correlación política ni voluntad real para reconfigurar el sistema político desde sus bases.” (Entrevista en Radio Progreso, 3, marzo 2023).
El no poseer la capacidad de formar una idea o proyecto de reforma constitucional tendiente a emprender procesos de refundación prometidos, es la primera señal de inhabilidad que demuestra la presidente Xiomara Castro. Es la razón básica que origina la parsimonia de los diputados del Partido Libre en el Congreso. No tiene una perspectiva política para establecer leyes orientadas a la reestructuración del sistema político, económico, social y cultural del país.
Lo cual, es también una falta de responsabilidad que recae en el Partido Libre, porque en vez de incidir para que se produzcan reformas legislativas refundacionales, determinan secundar acciones legislativas de corto plazo, centradas en la concentración del poder y la manipulación del engranaje estatal, siguiendo la directriz externa izquierdista que les instruye implantar el abuso de autoridad, la arbitrariedad, el atropello, el despotismo, la opresión, la tiranía, la corrupción y el acoso de poder.
De ahí que la refundación que plantea Xiomara Castro, es una máscara ideológica que usa con el propósito de proteger una oligarquía político familiar y mantener la lógica de corrupción estructural heredada desde tiempos pretéritos. Lo que pone en evidencia que la estrategia de desarrollo refundacional es un engaño.
Otra evidencia del gobierno ineficaz que encabeza Xiomara Castro, pero dirigido por MEL, es la tenaz conducta que demuestran al proseguir tácticamente con procesos clientelares, la militarización de la sociedad y la corrupción. De tal manera que la gobernanza de la presidente Xiomara Castro va en declive.
Según el XIV Sondeo de Opinión Pública del equipo ERIC-SJ (enviado por EFE y otros medios) realizado del 17 al 28 de marzo de 2025, evidencia que la popularidad de la presidente ha caído sostenidamente: en 2022 obtuvo 6 (inicio de mandato); en 2023, 4,45; en 2024, 4,23 y en 2025, 4,13. Lo que ilustra un descenso acumulado de 1,87 puntos en tres años, una señal clara del desgaste creciente de la gestión de Xiomara Castro y una erosión de la popularidad de Xiomara Castro en lo que va de su mandato..
El nepotismo también afecta la gestión de la presidente Xiomara Castro. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), demuestra que no menos de 14 familiares cercanos a la presidente están ocupando cargos en la administración pública, incluyendo al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la mandataria, que lo han involucrado en hechos relacionados con el tráfico de cocaína, tanto en periódicos europeos (El País y Le Monde), como por la DEA.
Igualmente, la militarización de la sociedad es otra inadecuada decisión que demuestra una negativa gestión del gobierno. Con la excusa de combatir la extorsión y el crimen organizado, imponen estados de excepción continuos a lo largo del periodo presidencial desde diciembre de 2022.
El Comité de Familiares de Detenidos desaparecidos en Honduras (COFADEH) demuestra con documentos más de 50 denuncias de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Asimismo, es una deficiencia del gobierno hacer un uso ilícito del presupuesto público, con fines políticos proselitistas o de enriquecimiento de familias aliadas a la presidente. Ha asumido una política anti corruptiva del diente al labio, porque no impide ni castigan a altos personajes del Partido Libre y funcionarios de confianza que integran su equipo de gobierno. Al respecto, el Consejo Nacional Anticorrupción informo en su informe anual que “el ejecutivo ha obstaculizado la independencia del Ministerio Publico y con pactos en el Congreso han bloqueado leyes claves como la Ley de Colaboración Eficaz”.
Sumado a lo anterior, a la presidente Castro, le pesa bastante la carga de promesas sociales incumplidas. En el campo del empleo, se precipitaron a derogar la Ley de Empleo por Hora, sin concretar una estrategia alternativa que abriera oportunidades de trabajo formal especialmente para los jóvenes. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el desempleo juvenil alcanzo un 12.5%, el más alto en una década. Por otra parte, la Asociación para una Sociedad más Justa, indica que 1.2 millones de niños y jóvenes quedaron fuera del sistema educativo en 2023 por falta de cupos, infraestructura y docentes y el 75% de los centros escolares carecen de agua potable. Los niños iban a clases sin contar con servicio sanitario, sin tener pupitres y reciben sus lecciones en escuelas que no cuentan con techos y los maestros carecen de materiales (Testimonio dado por una madre de familia, Escuela Saul Bueso, Yoro, junio 2023).
En relación con la salud, si bien incrementaron el presupuesto para este sector, el 60% de los hospitales públicos carecen de medicamentos esenciales, según el Observatorio del Derecho a la Salud (2024). Y como si esto fuera poco, contratan personal sin realizar el concurso correspondiente, provocando la protesta social en contra de la politización del sistema sanitario.
Asimismo, ha hecho muy poco para superar estructuralmente la pobreza generalizada, lo que parece responder, a una pauta política izquierdista que le han indicado seguir. Según el Banco Mundial el 73% de los hondureños viven en pobreza y el 54% en pobreza extrema. Como lo dijo el politólogo Victo Meza (QEPD) en 2023: “La presidencia de Xiomara Castro carece de autonomía. La figura de Mel lo eclipsa todo, no hay un gobierno institucional sino una conducción paralela desde el poder informal.”
Dicho de otra manera, la mandataria presidencial no decide por sí misma, sino que obedece a la autoridad política del coordinador del Partido Libre, su esposo. En definitiva, es el causante directo del incumplimiento de las promesas refundacionales.
El Partido Libre y la consolidación de un Estado oligárquico familiar corrupto
Es vergonzoso enrolarse en un partido que anuncia ser socialista y demuestra en el accionar práctico, el ejercicio de una política partidarista tan corrupta o más que la de los partidos que tradicionalmente, han ejercido la dominación política en Honduras. El Partido Libre, se ha convertido en un mecanismo político partidarista que defiende la consolidación del Estado oligárquico familiar corrupto, dirigido por Manuel Zelaya Rosales, en el que tienen cabida, lideres del Partido Libre.
La cúpula dirigente o instancia política superior del Partido Libre (PLR), es igual o más ambiciosa que las cúpulas políticas liberales y nacionalistas. Abrazan el Estado botín y lo sostienen con mayor cuidado, porque lo utilizan para el enriquecimiento personal y el fortalecimiento económico del partido.
La integración de Manuel Zelaya en el Partido Libre como figura central, hace que su influencia sea crucial para los intereses partidarista y, sobre todo, en la facilitación del enriquecimiento personal de ciertos lideres muy cercanos a MEL. Lo cual, contribuye a instaurar el nepotismo a lo interno de las estructuras gubernamentales. El politólogo Marco Rosales, señala que: “La familia Castro ha logrado tejer una red de poder político que va más allá del gobierno, controlando no solo las instituciones clave, sino también las decisiones económicas más importantes del país”.
Es la cúpula del Partido Libre que coordina MEl la que promueve la manipulación del sistema judicial y las Fuerzas Armadas. Son los responsables políticos que inciden directamente en la creciente dependencia y politización de los órganos superiores judiciales y de seguridad. De ahí que, la permanencia de los estados de excepción sea continuos y justificados con el argumento de combatir la violencia, aunque en realidad, es una estratagema política con el fin de lograr mayor control autoritario sobre la sociedad y facilitar la corrupción al interior del sistema judicial, con jueces y fiscales que, benefician a figuras del partido y de la oligarquía familiar Zelaya-Castro.
Los dirigentes socialistas son los aliados principales que apoyan la influencia que ejerce la oligarquía Zelaya-Castro en la economía. Al contribuir, a consolidar el sistema de dominación oligárquico familiar, logran que ciertas empresas y grupos empresariales relevantes monopolicen sectores estratégicos de la economía. Una estrategia contraria al propósito de lograr la redistribución económica y justicia social que no favorece la democratización de las estructuras de poder, sino que perpetúan la desigualdad histórica existente en Honduras.
Al respecto, coincido con el comentario del economista Luis Rivera al sostener que “LIBRE ha contribuido a la consolidación de una economía de mercado que beneficia principalmente a los grupos familiares en el poder, mientras que las grandes mayorías siguen atrapadas en la pobreza”. La refundación y las promesas de transformar el modelo económico del país, son patrañas urdidas por el Partido Libre, para perpetuarse en el poder arrimados al dominio económico de la elite oligárquica familiar Zelaya-Castro.
El Partido Libre ha dejado de ser una alternativa progresista para el pueblo hondureño. Mas bien, al favorecer el nepotismo, lo aprovechan para satisfacer una rápida acumulación capitalista entre familias socialistas cercanas al poder oligárquico familiar Zelaya-Castro. De manera tal, que Hondura, continúe hundido en la disparidad social, la dependencia y sobreviviendo en una inestabilidad social que le empobrece cada día más.
Las otras formas de dominación socialista
Además de la dominación institucional que ejercen y del control político de los recursos públicos que han instaurado, la gobernanza castromelista, dispone de un conjunto de herramientas ideológicas operando en lo oculto: manipulan con habilidad momentos cruciales o sucesos importantes que marcan su hegemonía política, usan las creencias populares para demostrar que retoman la sabiduría popular, aplican el victimismo revolucionario para disfrazar consciente o inconscientemente agresiones inexistentes y responsabilizar erróneamente a los opositores democráticos, impulsan narrativas de liberación revolucionaria y hacen un uso sistemático de medios, púlpitos y redes para fijar la dominación cultural favorable a los oficialistas castromelistas.
La refundación es el símbolo principal del desarrollo nacional, aunque no implica la realización de cambios estructurales, sino la validación de un sistema de dominación política oligárquico familiar. Manipulan el lenguaje refundacional para hacer creer que están logrando un cambio trascendental en el proceso de desarrollo del país, pero realmente, están ocultando una gobernanza retrograda que continúa dando cabida a los vicios gubernativos del pasado como el clientelismo, la corrupción organizada y la acumulación de poder.
La refundación es la nueva modalidad de dominación con la que buscan personalizar el liderazgo de Manuel Zelaya, como si fuese el caudillo divino de la liberación nacional. Lo victimizan y lo hacen un capital político. Y es por esa razón, que convierten su expulsión del país en 2009, en una fuente de validez moral y política. De tal manera, que cuando los opositores democráticos cuestionan al régimen castromelista, le recuerdan a la ciudadanía, lo que dicen, fue un golpe de Estado para victimizarlo.
Son tan frecuentes e intensivas las referencias que hacen sobre la forzada salida del expresidente Zelaya Rosales, que utilizan ese hecho, como un “evento traumático” para refrenar a los críticos opositores. La socióloga Leticia Salomón (2023), comentó que “el castromelismo convirtió el recuerdo del golpe en una coraza política. Toda critica es deslealtad, toda protesta es conspiración”.
En otras palabras, la remembranza es instrumentalizada para acallar reclamaciones concurrentes. Y con ello, demuestran que la gobernanza oligárquica familiar Zelaya-Castro, tiene un manejo de los medios de comunicación significativa. Han instaurado una estructura gubernamental mediática, a través de empresas allegadas al poder, para reforzar la demagogia refundacional del Partido Libre y del clan político castromelista. Utilizando las entrevistas en televisión, las cadenas nacionales y otras plataformas digitales, para reproducir de forma metódica y regular, mensajes y escenarios discursivos sobre defensa de la soberanía, la traición de los opositores y la valentía de la presidenta. A
los medios sociales de comunicación los han convertido en frentes de batalla digital.
Según un informe de Reporteros de Investigación (2023), existen al menos 150 cuentas desinformadoras coordinadas para contrarrestar actividades digitales vinculadas al Partido LIBRE, con el objetivo de crear inclinaciones ficticias y estigmatizar periodistas independientes. Existe una dominación política que instrumentaliza símbolos, emociones y discursos mediáticos, apelando al pasado para desprestigiar la oposición democrática, de forma tal que, conforman un andamiaje de poder para dar la impresión de una dominación blanda.
En Honduras, existe un régimen de dominación que busca ser venerado y justificado, incluso frente a sus fracasos. Como decía Pierre Bourdieu, “la violencia simbólica es aquella que se ejerce con el consentimiento de los dominados”. El castromelismo, le pone más énfasis a la persuasión y menos a la imposición, sin dejar de aplicarla. Y en esa persuasión riesgosa, reside una de las mayores amenazas para la democracia hondureña.
CUARTA PARTE
SOCIEDAD, OPOSICIÓN Y RESISTENCIA
División ideológica y lucha política
La sociedad hondureña se encuentra rodeada por posturas ideológico políticas, intereses opuestos y una dominación caudillista autoritaria. El país vive una realidad política fracturada debido a la imposición de una gobernanza que intenta alterar el tejido social, es decir, al conjunto de individuos y grupos que articulan la estructura de la sociedad hondureña (Diccionario de la Real Academia Española).
La conducción gubernativa y las decisiones de Estado castromelistas lesionan el tejido social, desunen las comunidades e impiden los procesos democráticos positivos. En Honduras, se ha producido una división que va más allá de la clásica controversia entre izquierdistas y derechistas, ya que engloba una polémica desagradable entre proyectos de país: uno que promueve el continuismo clientelar desde el poder, disfrazado de discurso refundacional, y otro, desintegrado, que soporta sin consistencia doctrinaria efectiva. Esta lucha origina un enfrentamiento simbólico, cultural y político por el ánima de la nación. La sociedad hondureña sufre actualmente las consecuencias de una historia bipartidista liberal-nacionalista llena de vicios políticos que, alejaron el desarrollo de Honduras, de un proceso social, político, económico y cultural liberal, apropiadamente progresista para salir del atraso. Al entrar en crisis el enfoque neoliberal a finales del siglo XX y la llegada de la izquierda populista latinoamericana, facilitaron el surgimiento de corrientes ideológicas alternativas.
Con la llegada de Manuel Zelaya a la presidencia en 2006, se produce un punto de giro, cuando este mandatario decide establecer una alianza con Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y formar parte de la Alianza Bolivariana (ALBA), asumiendo el discurso antiimperialista que le cae como “balde de agua fría” a la flor y nata de las cúpulas políticas conservadoras del país. Una controversial conducta política que causó la salida forzada del presidente MEL, aprobada por el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia en 2009.
A raíz de este suceso, se altera el marco constitucional y se ahondan las fisuras doctrinarias. Al surgir el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se instaura una dominación alusiva a una transición política de corte socialista que, Manuel Zelaya difunde, utilizando una fraseología refundacional orientada principalmente a los grupos sociales abandonados. Es una posición ideológica que, a la larga, repercute en la organización de un clan político subordinado a la autoridad de la oligarquía familiar Zelaya-Castro, con el objetivo central de replicar costumbres en las que, la oligarquía familiar manipula los asuntos y recursos del Estado como propios.
La gobernanza castromelista, impone una estrategia de lucha política basada en un enfoque dualista que consiste en crear posturas opuestas: los pobres contra los ricos, la refundación contra el conservadurismo o la independencia nacional contra la injerencia gringa. Esta dialéctica, más que contribuir a instituir el dialogo, anima el enfrentamiento político, penaliza a la oposición y contribuye a fomentar el victimismo con el fin de justificar la inoperancia y las actitudes autoritarias ocultas.
El proceso ofensivo que ha puesto en ejecución el Partido Libre conjuntamente con el gobierno oligárquico familiar y el clan político castromelista, encuentran a una derecha fraccionada: a un Partido Nacional activo, pero acallado y debilitado, por escándalos de corrupción cometidos a lo largo de su periodo de dominación política que, dan pie a las críticas que le hacen los socialistas y crean escepticismo político en la ciudadanía independiente y en algunos segmentos internos y, a un Partido Liberal, animado por un liderazgo que genera dudas e incertidumbre en las bases liberales, igualmente, a pequeños partidos con poca bases militantes y a grupos de la sociedad civil independientes con poca voluntad para participar y manifestar su fortaleza en manifestaciones pacíficas. Entre los cuales, los jóvenes tienen una actitud vacilante, esperando poder optar a favor de una alternativa electoral.
Da la impresión que la derecha enfrenta un vacío ideológico por la falta de una visión de país congruente para lograr desarrollar democráticamente a Honduras. Ni siquiera han logrado demostrar en el Congreso Nacional, una postura legislativa que, lejos de responder a cuotas de poder, responda a una visualización prospectiva del país. Es decir, a una idea común del futuro científico, tecnológico, económico y social, viable para lograr un nivel más alto de rendimientos provechosos para los hondureños. En lugar de anhelos comunes positivos, al Congreso lo han convertido en un terreno de contiendas de vetos, chantajes y arreglos de conveniencia. Y, en consecuencia, se ha caído en la judicialización de la política y la politización de la justicia. O sea, en un enviciamiento que coloca al país en una posición peor a la que hemos tenido.
Es tal el rechazo al sistema político que tienen los hondureños, que cuando les aplican encuestas para conocer la opinión que tienen sobre vivir en democracia, los indicadores de confianza son preocupantes. En 2023, el Latinobarómetro hizo un estudio de opinión en Honduras y obtuvo resultados penosos: solo 34% de los hondureños dijo preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno, mientras que el 52% no confía en los partidos políticos. Esta apreciación demuestra, en cierto modo, una de las razones subjetivas que nutren la migración, la abstención electoral y el desinterés ciudadano.
El Partido Libre y su proyecto refundacional cayó en una lucha política mezquina, limitada y llena de locuacidad mentirosa. Que revela la incapacidad para construir consenso amplio y, por tanto, el desarrollo de una institucionalidad inclusiva. Por el contrario, la refundación es un enfoque ideológico funcional para legitimar la permanencia del castromelismo en el poder.
En Honduras, no existe la confrontación de ideas democráticas, sino una pugna desde trincheras donde socialistas y demócratas, justifican sus acciones cuestionables en nombre de una causa política disque sublime. Escrito de otra manera, la democracia ha sido bloqueada al causarle una fragilidad institucional y una ciudadanía impotente.
La reestructuración de la discusión política, que supere la dialéctica estéril y se convoque a un dialogo nacional autentico, es impostergable. La heterogeneidad ideológica no debería ser un problema, sino una riqueza democrática.
Sin embargo, mientras la oligarquía familiar Zelaya-Castro, el Partido Libre y el clan político castromelista perpetúen sus intereses y profundicen la confrontación, Honduras seguirá avanzando en una espiral de decadencia política, pauperización estructural y emigración obligada.
La fragmentación ideológica, más que un indicio fuerte de controversias por ideas políticas, se ha vuelto el instrumento de dominación del Partido Libre. Y la lucha política, más que impulsora de cambios, se ha convertido en un show circense, a través del cual, se ejerce la manipulación y se paralizan los procesos transformadores.
Oposición democrática sin integración estratégica es débil para luchar políticamente
Las fuerzas democráticas hondureñas organizadas en una variada gama de organizaciones que participan en el campo de la lucha política, desde partidos tradicionales hasta instancias de la sociedad civil, sean ONG o gremios de profesionales y ciertos sindicatos de empleados públicos, enfrentan un poder político autoritario que opera en cuatro planos de ofensiva estratégica: el plano que encabeza la dupla Zelaya-Castro y es propiamente integrado por familiares directos y cabezas de familias vinculadas a ellos por lazos de lealtad y amistad, el plano del Partido Libre dirigido por una cúpula de dirigentes que, han subordinado sus decisiones a MEL, al designarlo coordinador del nivel superior de este partido, el plano del clan político castromelista, la instancia que pone en práctica las acciones táctico estratégicas que decide el partido y el plano de los colectivos, que constituyen la fuerza de choque que utilizan a la hora de realizar movilizaciones callejeras u operativos políticos de coerción partidaristas.
Este modo de organizarse para la lucha política que tienen los socialistas refundacionales sigue una línea vertical, unificada y muy bien establecida al nivel territorial. Lo que, en el contexto político actual, la oposición democrática no tiene. Las fuerzas democráticas han desplegado una organización política dispersa, que refleja la desprevención política para llevar a cabo una ofensiva integrada que evite la derrota electoral o, en caso súbito, la imposición de una asamblea constituyente manipulada por el Partido Libre.
Mientras que las fuerzas de izquierda actúan de manera integrada, las fuerzas democráticas no tienden a fortalecer sus capacidades de resistencia frente al caudillismo oligárquico familiar autoritario, sino que mantiene reducido su poder de oposición y de lucha ciudadana. No obstante que aumenta el malestar popular ante el gobierno refundacional debido a la ineficiente política de seguridad, el deterioro económico generalizado, la descarada corrupción pública y la utilización política de la instituciones estatales; las principales organizaciones de oposición democrática, tales como: el Partido Nacional, el Partido Liberal, el PINU, la Democracia Cristiana y los movimientos ciudadanos opuestos al autoritarismo socialista refundacional, permanecen desarticulados, entretenidos en solucionar discordancias internas, que contribuyen a alejarlos de la finalidad esencial de dar la lucha de oposición democrática unificada bajo una pauta política de integración horizontal. Es decir, siguiendo una estrategia que combine operaciones políticas. Es decir, combinar esfuerzos partidaristas en función de metas comunes, que contribuyan a vencer las ventajas que tiene el Partido Libre en su lucha política para mantener el poder que ostenta.
Desde un punto de vista electoral, el dilema es cómo lograr aglutinar el voto y evitar la desbandada electoral que beneficia al Partido Libre, sin debilitar el posicionamiento político que tienen los partidos opositores al oficialismo que ya están participando en la contienda electoral. Se deben lograr puntos de convergencia alrededor de una coordinación conveniente para la defensa del proceso electoral (observación, actas, movilización) y el fortalecimiento de una narrativa política coherente y compartida, que logre conectar al electorado con las posturas que plantean la democratización del Estado y la sociedad hondureña. Al establecer y ejecutar una estrategia de integración política, los opositores democráticos pueden lograr que les den mayor apoyo internacional por parte de la comunidad democrática global y les fortalezcan la ruta consensuada para la transición democrática.
La acción opositora se puede realizar con mayor éxito, unificando la acción política alrededor de compromisos de justicia, institucionalidad y bienestar que coadyuven a debilitar o vencer a la ofensiva refundacional del castromelismo. En ese sentido, los opositores democráticos están obligados a superar la desconfianza histórica que existe actualmente entre los partidos opositores, y menguar de manera consciente las aspiraciones personales codiciosas, que emergen al tener poder político. Se necesita, tener una visión de desarrollo nacional compartida y demostrar que la lucha gira alrededor de un proyecto común, que hace uso del dialogo para identificar acciones propositivas de transformación del estatus y las condiciones que propician la concentración de la riqueza en un reducido grupo de empresarios, conciliando intereses para impulsar la redistribución de la riqueza y, finalmente, la superación los procesos de estigmatización mutua entre opositores que causan el descrito o la deshonra pública.
Mientras que el liderazgo oficialista del socialismo refundacional continuamente sostiene el dialogo político con sus distintas instancias organizativas internas y externas, los líderes opositores democráticos, lo hacen con ligero interés, sin establecer un proceso que viabilice el desarrollo de una interlocución sistemática entre los múltiples liderazgos para oponerse con acciones tácticas de lucha política juntos.
La oposición democrática necesita concretar un acuerdo inicial viable que defina y establezca límites y valores, para lograr la ofensiva democrática común, que sea efectiva, aceptada y conocida por el liderazgo total de las fuerzas opositoras anti- socialista castromelista. Se necesita compartir una pauta común para evitar unas elecciones fraudulentas, una justicia electoral independiente, la lucha efectiva contra la manipulación corrupta de las elecciones generales y el respeto a derechos humanos. A estas alturas del proceso político que vive la sociedad hondureña, es contraproducente la agresión entre los líderes opositores y mantener protagonismos destructivos. Asimismo, hay que incluir en la lucha política a organizaciones de la sociedad civil, gremios, juventud y movimientos territoriales, a fin de consolidar una coalición con raíces sociales.
A la ciudadanía apartidista o independiente hay que demostrarle con hechos que se puede confiar en los partidos opositores que luchan por la sociedad democrática y en contra de la imposición de la gobernanza autoritaria corrupta castromelista. Todavía existen oportunidades para ganar la confianza ciudadana, con una estrategia de oposición integrada que demuestre posturas políticas reformadas, puesto que, la mayoría de ciudadanos rechaza el castromelismo corrupto y autoritario que gobierna a Honduras.
La existencia de una ruta opositora democrática que cuente con una instancia de diálogo permanente en la que estén integrados lideres importantes de los partidos y de la sociedad civil, es una manera de ganar la confianza política de la ciudadanía independiente. Igualmente elaborar lineamientos para definir un plan de gobierno general centrado en la institucionalidad, la transparencia, el empleo, la seguridad y la salud.
También sería un hecho efectivo para ganar la confianza ciudadana, la selección y una propuesta del equipo de gobierno, basado en encuestas o mecanismos de consultas ciudadanas. De igual manera, la realización de movilizaciones ciudadanas pacíficas, que denuncien los abusos del oficialismo y se planteen alternativas. Y el establecimiento de una vigilancia conjunta, con observadores nacionales y alianzas internacionales.
Definitivamente, una oposición dividida es favorable al Partido Libre. Y la mejor manera de vencerlo, es ofreciendo una alternativa política distinta al modelo opresivo y represivo que impulsa este partido. Más que ganar las elecciones, se trata de salvar la democracia, mediante la puesta en marcha de una estrategia integral para tener un futuro mejor para la nación.
Socialistas en medio de una narrativa de cambio falsa y una dominación despótica
El dilema del Partido Libre es cambiar el poder de dominación gubernativa que ha instaurado la oligarquía familiar Zelaya-Castro por tirano y deshonesto o continuar apoyándolo. Se percibe y constata claramente, la contradicción central que marca el proceso refundacional socialista actualmente.
El planteamiento teórico que propagan se traduce en una práctica política opuesta que desdice el propósito ideológico de instaurar el socialismo democrático. El castromelismo, ha desvirtuado completamente el enfoque transformador de la refundación que prometieron y, en vez de transformar el patrón de desarrollo político, social, económico y cultural, lo que han establecido es una dominación peor a las que criticaron y critican con cinismo e hipocresía.
Los dirigentes que integran la cúpula del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y que dieron origen al Partido Libre, han traicionado el proyecto político refundacional del Estado que prometieron, porque al día de hoy, se han convertido en cómplices solapados del deterioro institucional en el que se encuentra la administración pública.
El debilitamiento de la lucha contra la corrupción, la politización del aparato judicial, la persecución política, la violación de los derechos humanos, el menoscabo de la soberanía nacional y el abuso de poder que comete la oligarquía familiar Zelaya-Castro, al hacer un uso indebido de su autoridad o dominación para obtener provechos personales, dañar a otros o ejercer control injusto sobre los ciudadanos que les sea útil políticamente, les hace caer en un error histórico que los lleva al retroceso político.
Copiar el modelo izquierdista de Venezuela, seguir lineamientos políticos cubanos e imitar la narrativa izquierdista que promueve el Foro de Sao Paulo, más la divinización de la figura de Manuel Zelaya como el caudillo de una refundación que se ha tergiversado completamente, es la falla letal de la gobernanza de Xiomara Castro.
La complacencia del Partido Libre y del FNRP con el implante el proceso nepotista y la concentración del poder en la oligarquía familiar Zelaya-Castro y las familias aliadas, entre la cuales, se pueden identificar cabezas de familias de miembros del Partido Libre, les conduce a la tergiversación de los principios del socialismo y a la adopción de principios neoliberales capitalistas que se supone quieren superar.
El modelo socialista oligárquico familiar caudillista al instrumentalizar el nepotismo político corrupto para fortalecer la base partidaria de Libre, a través de programas sociales y contrataciones públicas (ASJ, 2024) y, al intensificar la militarización y la represión de las protestas sociales, cometiendo violaciones en materia de derechos humanos (Human Rights Watch, 2023), contradice el planteamiento progresista ideado en el plan refundacional.
Los socialistas castromelistas enfrentan una contradicción moral y política, al proclamar en su locuacidad ideológica que la refundación, es la alternativa al modelo neoliberal y excluyente, pero en la realidad, continúan y repiten los mismos vicios del sistema de dominación neoliberal e instauran y aumentan, acciones antidemocráticas, tiranas y ambiciosas que protegen el enriquecimiento o la acumulación de capitales mal habidos.
Al no resolver la paradoja que pesa en la conciencia de los socialistas refundacionales, causan varios impactos políticos. En primer lugar, pierden autenticidad y aumentan la decepción, la incredulidad en la ciudadanía y deterioran el sostén ideologico del proyecto refundacional.
En segundo lugar, apagan la variedad de pensamientos críticos dentro de la izquierda: Las voces dentro del castromelismo son acalladas o marginadas, favoreciendo una estructura oligárquica vertical e inflexible, contraria a la democracia participativa que se pregonaba. Y, en tercer lugar, dan la oportunidad política para que las fuerzas democráticas reconquisten el poder al capitalizar el malestar social y proponer un proyecto distinto, superado y progresista.
En fin, el socialismo castromelista, es la expresión oscura de la izquierda hondureña, atrapada entre la predica progresista y la práctica despótica. El dilema de la izquierda es ético: tratan de ejercer el poder por el poder mismo y no obtenerlo para transformar.
Resistencia democrática desde adentro: clamores, contiendas e ilusiones
La historia política de Honduras demuestra una ruta desfavorable para la democracia puesto que, en su acaecer, se imponen procesos que obstaculizan su fortalecimiento y consolidación. La oligarquización del control estatal, el nepotismo, el despotismo, la corrupción y, entrado el siglo XX, el narcotráfico y la compra de conciencias son obstáculos que perjudican el Estado de derecho y la sociedad democrática. En otras palabras, ha predominado un dominio político opresor que afecta la democracia e impide el desarrollo de procesos económicos, sociales y culturales que la consoliden progresivamente. El retroceso democrático está presente en Honduras. El autoritarismo tirano es impuesto por Manuel Zelaya, al concentrar el poder, politizar las Fuerzas Armadas, reprimir las protestas, excluir a los opositores, incluyendo disidentes del propio Partido Libre y aumentar la perversión en las instituciones del Estado.
Según el XIV Sondeo de Opinión Pública del EIC-SJ (2025), el 69% de los ciudadanos cree que hay limitada transparencia en el actual gobierno, y el 76,8% duda del Consejo Nacional Electoral, órgano clave en la garantía de los procesos democráticos.
Dicha percepción ciudadana, deja entrever que se puede producir la manipulación a del Partido Libre en las elecciones generales de noviembre 2025. Lo cual, pone en jaque, a los sectores opositores y les obliga a organizarse para contener la muy probable adulteración de los resultados que van a intentar realizar desde el gobierno, los del Partido Libre.
Bajo este contexto de dominación política que asoma en torno a las inminentes elecciones generales, los actores de la resistencia democrática, tienen que desempeñar un papel primordial en la lucha para enfrentar el abuso de poder, la corrupción y la opacidad estatal que están implementando los socialistas oficialistas. Usando las palabras de Carlos Hernández, director de ASJ, “la lucha por la transparencia es hoy una forma de resistencia democrática en un sistema cada vez más cerrado.” (ASJ, Informe Estado de País 2025).
El periodismo independiente y las redes ciudadanas como Criterio hn, Revistado, Pasos de Animal Grande y Contracorriente, tienen la responsabilidad patriótica de documentar sistemáticamente el abuso de poder y levantar la voz de los sectores silenciados educándoles en ciudadanía critica. Estos espacios hay que defenderlos ante las amenazas de censura y acoso digital que caen sobre ellos con el objetivo de detener su labor. La labor de estos periodistas sin duda alguna contribuye a defender la libertad de expresión.
De igual manera, los miembros de los gremios magisteriales, médicos, enfermeras, colegios profesionales, sindicatos, trabajadores públicos, ambientalistas y estudiantes que valoran los principios democráticos, son claves para enfrentar la dominación que ejerce la oligarquía Zelaya-Castro y amenaza con implantar una dictadura socialista con un disfraz progresista, tolerante y fingido. No es grato vivir en una sociedad en la que las protestas por derechos laborales, territoriales y ambientalistas sean criminalizadas. Tal como sucedió, en el caso de Guapinol, donde ocho defensores del rio, fueron encarcelados durante meses por oponerse a intereses políticos y defender el interés comunitario.
La desobediencia civil y las protestas pacíficas hay que mantenerlas activas y con encadenamiento táctico. La lucha contra los toques de queda, los abusos policiales, el estado de excepción y la politización del sistema judicial que han encabezados grupos juveniles, feministas y organizaciones de defensa de los derechos humanos, no deben ceder ante los señalamientos negativos como los son la infamia, la difamación y la deshonra. Que son injustas y prejuiciosas. Por el contrario, es preciso que levanten su clamor como un derecho democrático sustancial. Asimismo, la incidencia política desde la comunidad fortalece la democracia participativa.
En Reitoca, Santa Elena y Gualaco, han logrado frenar proyectos extractivos, a través de, cabildos abiertos y consultas ciudadanas. Estas acciones, aunque son desatendidas, fortalecen la democracia participativa desde ámbitos municipales rurales. La organización de la observación electoral independiente por parte de universidades, iglesias, asociaciones y ONG,s, es otra forma de rechazo, que busca renovar la confianza en los procesos democráticos.
Asimismo, candidaturas ciudadanas ajenas a los partidos establecidos, al emerger localmente, aunque enfrenten obstáculos legales y económicos, también vigorizan el proceso de participación ciudadana. Los límites y desafíos que enfrentan las formas de resistencia democrática y los actores que las respaldan, van desde la fragmentación opositora inducida, la atracción de sectores sociales por el castromelismo, la violencia estructural y el miedo a represalia, la judicialización de la protesta y el uso de la ley para silenciar a los críticos. Son amenazas para desequilibrar la desobediencia ciudadana o cívica y crear apatía.
Según Latinobarómetro en 2023, apenas el 38% de los hondureños creen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, uno de los índices más bajos en América Latina. La resistencia democrática en Honduras no se evidencia solo realizando grandes alzamientos o cambios partidarios, también en el habitual esfuerzo de miles de ciudadanos por defender la verdad, la justicia y la dignidad como testigos de un sistema de dominación que amenaza con acabar los espacios de participación. Desde el periodismo valiente hasta las comunidades indígenas, pasando por los estudiantes, gremios y organizaciones civiles, la democracia se defiende desde lo interno del sistema político, desde la base social ciudadana y desde lo corriente. Apostar por esa resistencia es apostar por un futuro más moderado, menos torcido y más equitativo.
QUINTA PARTE
APRECIACIÓN
Realidad estructural inalterada
A Casi cuatro años de gobernanza refundacional y de dominación castromelista, lo que se percibe, es un gobierno desvergonzado. El hecho de establecer una oligarquía familiar, dirigida por un caudillo autoritario y antidemocrático que, es apoyado por el Partido Libre, genera una indecencia organizada que, niega por completo, los ofrecimientos de cambios estructurales prometidos a la ciudadanía. Haber votado por Xiomara Castro en noviembre 2021, no ha sido favorable para el desarrollo de Honduras.
El desarrollo nacional sigue estancado y los factores de producción, tierra, capital, trabajo y empresarial: han sido desatendidos. Sin embargo, embaucan al pueblo hondureño en una trama de falsedades sobre el progreso económico, la eliminación de las desigualdades, la eliminación del narcotráfico y el fortalecimiento institucional, sin haber logrado avances significativos en ninguno de dichos aspectos de la realidad hondureña.
Lo que efectivamente han hecho, es redistribuir el poder y concentrarlo en familias aliadas a la oligarquía familiar Zelaya-Castro, en las que se incluyen, a ciertos grandes empresarios capitalistas, con quienes establecen tratos económicos que favorecen el sistema de dominación castromelista.
Las relaciones económicas, sociales y políticas que perpetúan la exclusión, continúan prevaleciendo. No se ve desarrollo agrícola, ni fiscalidad progresiva, tampoco reestructuración judicial, educativa y sanitaria de fondo.
Pero, mantienen el crecimiento económico, siguiendo una pauta política subordinada a objetivos e intereses externos que, privilegian el asistencialismo como herramienta de control político. No han cambiado en nada la falta de moral preexistente, pero más bien, hacen crecer la corrupción pública. Tampoco atienden con capacidad innovadora el desarrollo de actividades productivas para sacar de la pobreza a los ciudadanos que la sufren permanentemente, sino que ejercen la manipulación, al aplicar el asistencialismo espurio. Y, en vez de rescatar la institucionalidad republicana, crean el caos institucional al subordinar el poder legislativo y judicial al mandato político de la oligarquía familiar, politizando las funciones constitucionales. De modo tal, que la gobernabilidad refundacional va a pasar, como una etapa histórica fallida del desarrollo político nacional, en la que el nepotismo y la invasión de las instituciones por militantes del Partido Libre, sin formación ni merito alguno, reproducen una ineficiencia enrevesada. Es decir, intricada o difícil de aceptar.
Se puede comprobar que no se han producido cambios estructurales significativo para desarrollar el país. Pero sí, la ejecución de acciones demagógicas, para halagar a los pobres. Y realizan acercamientos internacionales con países del bloque comunista, para obtener respaldo político.
Maquillan el país al implantar programas de apoyo a sectores vulnerables como el Bono de la Esperanza, el subsidio a la energía eléctrica, combustible para los consumidores pobres y aumentos del salario mínimo por encima de la inflación anual en varios sectores (SEPLAN, 2023), por otra parte, establecen relaciones con China, con Venezuela y Cuba, rompiendo la pauta diplomática sostenida por gobiernos anteriores con la justificación de buscar una soberanía regional más amplia.
La verdad en Honduras, se ve en la migración masiva, dramática y alarmante que está ocurriendo, la galopante informalidad laboral y la desvergonzada impunidad que imperan como síntomas de la dominación que trastoca y desmoraliza a la sociedad. Desde que se inició el gobierno refundacional, hay señales que indican la imposición de una autoridad política que afecta la independencia de poderes, es decir, la aplicación de n un trato gubernativo abusivo que tiende a desequilibrar el Estado de derecho.
No hay balance de poderes. La oligarquía Zelaya-Castro ha subordinado políticamente a la directiva del Congreso Nacional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la fiscalía general y, ejerce dominación efectiva, en miembros decisivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, los poderes del Estado han sido instrumentalizados políticamente, lo que, coadyuva a la concentración del poder y el liderazgo desde la sombra. Asimismo, se produce el socavamiento de la credibilidad del discurso refundacional y un fortalecimiento de la supremacía masculina en la conducción política del Estado. O sea, como lo califican diversos analistas existe un “neopatriarcado político” (Calix, 2024).
La Indecencia destella día a día
Es innegable que bajo la dominación de los socialistas refundacionales, la deshonestidad y la turbiedad en el accionar gubernativo, crece progresivamente. Las denuncias por corrupción publica aumentan de 305 casos en el 2021 a 416 casos en 2023. El valor económico estimado pasa de 846 millones de lempiras a 1,453 millones. Un aumento que casi se duplica (CNA, informes 2022, 2023, 2024).
Igualmente, el Índice de Percepción de la Corrupción-Transparencia Internacional, indica que Honduras se mantiene entre los países más corruptos del mundo, a pesar del discurso refundacional de lucha contra la corrupción (Índice de Percepción de la Corrupción-Transparencia Internacional). La turbiedad en la administración pública, se observa claramente en los casos de Hospitales móviles II al desaparecerse los fondos de la secretaria de Salud, en la realización de contratos directos sin licitación y en el uso de fideicomisos de Infraestructura Vial (Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ, 2025)). Según esta entidad privada, más del 70% de las compras estatales 2020-2024 fueron sin concurso público.
La presidente Xiomara Castro, ha estancado la lucha contra la deshonestidad publica y ha colocado el país en la posición 154 de 180 países, según el Índice de percepción de corrupción, el más bajo de la historia. Y, el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), indica un promedio de cumplimiento de 1 de 10 en la lucha anticorrupción.
En la actualidad la gobernanza castromelista le ha quitado independencia al poder judicial y ha contribuido a aumentar su opacidad, al permitir el financiamiento político, sin rendición de cuentas y cometiendo violaciones a la ley de transparencia pública. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) alertó la caída histórica en la evaluación internacional y reveló procedimientos de selección del poder judicial oscuros y que favorecen el tráfico de influencias, permitiendo acceso a presupuestos públicos sin transparencia que tienden a reducir fondos destinados para educación y salud.
La politización del sistema judicial, es evidente y la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, difícilmente se va a materializar sin un mandato efectivo. En otras palabras, no hay independencia judicial, tampoco garantías de una investigación real y verdadera sobre casos de violencia de género, persecución política y de grupos vulnerable, pero sí, aumentan la militarización de la seguridad pública.
Se ha agudizado la crisis política y legislativa. Hoy por hoy, en el Congreso el bloque izquierdista usurpa funciones y enfrenta directamente a los opositores para imponer mandatos políticos del coordinador del Partido Libre, cuya incidencia directa, no solo provoca la paralización legislativa, sino que la ineficiencia en la aprobación de proyectos de ley. En 2024, solo 72 de 367 proyectos de ley se aprobaron, porque el Congreso apenas sesionó 43 días de 103, y la Comisión Permanente fue designada de forma irregular. El portal de transparencia permaneció inaccesible durante más de 60 días, y las fiscalías anticorrupción, tuvieron efectividad de solo 0.67%. O sea, el oficialismo castromelista tiene el control político sobre las instituciones esenciales, debilitando a la oposición y suscitando el riesgo de ruptura constitucional durante las inminentes elecciones de noviembre.
No se sabe con exactitud el grado de infiltración que el narcotráfico ha alcanzado a lo largo de la gobernanza castromelista, pero en 2024, se filtró el video en el que Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya, aparece con “capos del narcotráfico de Honduras”, según medios periodísticos, haciendo tratos mercantiles que favorecen el proceso político electoral en tiempos en el que Mel, tenía la “cacerola por el mango” al ser el candidato presidencial.
El video significó un bombazo mediático que despertó la acuciosidad periodística y dio origen a una rica “sopa de comentarios y fotos”, sobre las amistades de la oligarquía familiar Zelaya-Castro con actores emblemáticos del narcotráfico en Honduras. Y, es a partir de este circo mediático que se produce, que comienza a disminuir el transporte de droga por la vía aérea y aumenta el tráfico vía marítima. Objetivamente, continúa el tráfico de la droga, pero cambian la modalidad del transporte. Es decir, las relaciones con el cartel de los soles siguen operando y la oligarquía familiar Zelaya-Castro continúa manteniendo la vinculación política con el gobierno venezolano. El que se hayan reducido los vuelos de cocaína en 2023 gracias a la cooperación internacional (radar, intercambio de inteligencia, destrucción de pistas), no sígnica que el gobierno castromelista ha fracturado su relación con el castel de los soles.
Al día de hoy, el tráfico de cocaína continua, pero ha adquirido modalidades de operación de manera menos voluminosas. No hay certeza de que la vinculación orgánica con el cartel de los soles se haya cortado de raíz.
Los hondureños enfrentamos una crisis de gobernabilidad porque la gobernanza castromelista no ha sido capaz de llevar un gobierno equitativo y afrontar la sobrecarga de demandas sociales. Han intensificado el deterioro de la institucionalidad, porque en vez de atacar la corrupción conviven con ella permanentemente, crean la crisis legislativa, suscitan la desconfianza ciudadana y sutilmente permiten la influencia del narcotráfico en la política nacional, poniendo en precario las cercanas elecciones generales de noviembre 2025 para realizar un fraude electoral.
Van construyendo poco apoco la manipulación del voto el día de las elecciones, desde el diseño de la plataforma digital y la narrativa pertinente, hasta el control del Consejo Nacional Electoral (CNE), el padrón electoral, el reclutamiento clientelista y la represión judicial de los adversarios. Que es la imposición de la pauta autoritaria que sigue la oligarquía familiar Zelaya-Castro; la cual, erosiona la democracia.
La Seguridad pública es ineficiente
El fracaso en la lucha contra la criminalidad también abona al acrecentamiento de la decepción ciudadana, porque ven irresuelta la extorsión y el crimen organizado, aun cuando, apelan continuamente a los estados de excepción. Los homicidios se reducen poco y las denuncias por abusos policiales y detenciones arbitraria aumentan (OV-UNAH, 2025).
Ciertamente, la política de seguridad ciudadana emprendida por la oligarquía familiar Zelaya-Castro es frágil y no logra solucionar, la lamentable situación de inseguridad que vive la sociedad hondureña. No han logrado establecer una política de seguridad integral, entendida como un enfoque multisectorial preventivo, centrado en derechos humanos y que pueda ser sostenida más allá de los ciclos políticos, en consecuencia, en el país prevalecen las condiciones que permiten la violencia común y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de asegurar el orden. La gobernanza castromelista sostiene obstinadamente el abordaje fragmentado de la seguridad pública. Está encerrada en un círculo de respuestas reactivas y represivas significativamente militarizadas. Imponiendo estados de excepción continuos, operativos de persecución política focalizados y obediencia ciudadana con mano dura.
Demostrando con este modo de actuación que no tienen un plan coherente de largo plazo, ni diagnósticos técnicos, sino un puro interés político de vista corta, que responde a fines de dominación autoritarios y controles ciudadanos, para evitar reacciones ante los escándalos de corrupción que se cometen.
Han intensificado la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, mantienen los estados de excepción y suspenden las garantías constitucionales en territorios de alta criminalidad, pero no resuelven los factores que originan y alimentan la violencia, tales como el desempleo, la ausencia de desarrollo cultural para los jóvenes, el favorecimiento de la impunidad judicial y la indiferencia ante la corrupción policial, en otras palabras, no le dan cabida a los procesos preventivos.
Ausencia de una política económica integral
El gobierno castromelista no ha podido ejecutar una política económica integral con un rumbo definido claramente para desarrollar Honduras. Actúan sin cohesión ideológica y emprenden acciones públicas que, reflejan ignorancia y contradicciones, al pretender abordar cambios estructurales. Carecen del mínimo conocimiento sobre cómo articular con coherencia las medidas fiscales, monetarias, laborales, sociales, productivas y comerciales para alcanzar propósitos de crecimiento sostenible, equitativos y estables. En lugar de crear un marco de planificación a corto, mediano y largo plazo, con metas cuantificables, mecanismos de evaluación y sostenibilidad instituciona, operan al día, siguiendo las instrucciones que dicta el coordinador del Partido Libre, de acuerdo a prioridades, destinadas a fortalecer el proceso de dominación política que han instaurado.
Los objetivos de cambio económico son secundarios, porque lo que realmente les importa, es consolidarse políticamente en el corto plazo, es por esa razón que aplican el populismo asistencialista, aumentando el gasto público en acciones partidaristas y manteniendo fortalecida la narrativa anti empresarial, sin considerar una pauta económica claramente visualizada.
El enfoque refundacional de LIBRE privilegia una lógica susceptible para atraer a los pobres, centrada en programas de ayuda social (bonos, subsidios, transferencias condicionadas) sin articularla con políticas de empleo, inversión productiva o innovación. Se han centrado en medidas que mitiguen la pobreza a corto plazo, pero sin generar procesos que den capacidades estructurales para el desarrollo económico.
Xiomara Castro asumió la presidencia con un Plan de Refundación, cuyo capítulo económico, no tiene metas macroeconómicas precisas. Se quedaron cortos en relación al cómo hacer para diversificar la economía más allá de los cultivos tradicionales o las remesas, que en 2024, representaron más del 27% del PIB (Banco Central de Honduras). Tampoco pensaron en establecer una política industrial, ni estímulos amplios para desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan más del 70% del empleo en el país, según CONAMIPYME. Se han embrollado en ejecutar una política fiscal progresiva politizando la reforma, al pretender instrumentalizar el aumento de la carga impositiva, en los empresarios con grandes empresas que obtienen los mayores ingresos, pero tomando a la ligera el impacto que esta acción tendría, en las personas de menores ingresos, que tienden al empobrecimiento general, por la ausencia de una reforma económica que, propicie la diversificación productiva del país y la generación de mayor empleabilidad.
En otras palabras, debido al prejuicio ideológico político, focalizan la progresión fiscal, en los ingresos de las grandes empresas capitalistas, sin tomar en consideración, otras políticas económicas necesarias para elevar la capacidad económica del país y su bienestar general. Quieren que los empresarios con mayores ingresos paguen un porcentaje más alto de sus ingresos en impuestos, mientras que las personas con ingresos más bajos, que no generan empleos y tienden a empobrecerse, paguen menos impuestos que a la larga serán escasos, porque la economía en vez de mejorar los empobrece y, esa situación estructural que viven, limita los beneficios que pueda darles la reforma fiscal. En consecuencia, el financiamiento con enfoque politizado que pretenden obtener con la reforma fiscal progresiva, no garantiza la creación de empleos nuevos, ni la transparencia en el destino del gasto. Tal como está la situación socioeconómica de Honduras, la carga impositiva aplicada a las grandes empresas, no necesariamente mejoraría el crecimiento económico del país.
Evidentemente, hay ausencia de una política integral fiscal y progresiva porque prevalece una voluntad política que no sabe qué hacer para romper las estructuras de privilegio económico, en las que, la oligarquía familiar Zelaya-Castro ahora forma parte. La reforma tributaria continuará postergada debido a las presiones internas y la falta de consensos, que solapadamente son aceptadas por la gobernanza castromelista. Por lo tanto, seguirá prevaleciendo intacto el sistema fiscal regresivo, en el que el IVA, incide más en los sectores de bajos ingresos, mientras a los que tienen grandes ingresos, las tasas fiscales les favorecen (ICEFI,2023).
Por otra parte, aumentan el endeudamiento descomedidamente sin contar con un plan estructurado para mejorar los ingresos fiscales ni para reorientar el gasto hacia inversión productiva. El Banco Centra de Honduras indica que la deuda pública pasó de L 381mil millones en 2021 a más de L448 mil millones en 2024, (BCH, Boletines Trimestrales 2022-2024). Sin embargo, el crecimiento del PIB se mantiene bajo, apenas si alcanza el 3% anual, sin generar empleos sostenibles (BCH, 2025). No obstante, que la retórica castromelista enfatiza en la postura antineoliberal, siguen dependiendo del financiamiento externo y de remesas, que en 2023 representaron más del 28% del PIB (Banco Mundial).
En Honduras, la gobernanza castromelista tiene al país, sin una política industrial o agro productiva para dinamizar la economía nacional. Aun cuando, es una de las promesas contenidas en el Plan de Gobierno 2022-2026, en el presupuesto 2024, asignan menos del 2% al sector agrícola y no se ejecutan planes significativos para tecnificar la producción, crear cadenas de valor o dar acceso a créditos que impulsen el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (SEFIN, Proyecto de Presupuesto 2024). Lo cual, es una clara evidencia de la falta de visión estratégica y, que explica en cierto modo, el por qué el crecimiento económico se mantiene bajo, apenas 3.3% en 2023, según el FMI (FMI,2024) y sin conseguir resultados relevantes que, demuestren un aumento del bienestar social en los segmentos sociales pobres que constituyen la mayoría de la población. El gobierno de Xiomara Castro, no ha sido capaz de construir una política económica integral, ni técnica, ni política. No hay rumbo económico claro.
Legado reprobado de la refundación prometida por Xiomara Castro
La ascensión de Xiomara Castro al poder de Estado en enero de 2022, se hizo ceñida a una proclama de esperanza, propuestas de desconexión con lo corrompido, y el compromiso de refundar el país. El triunfo lo celebraron como un hecho histórico, porque por primera vez una mujer conseguía conquistar el poder Ejecutivo y, más aún, lo hicieron con una narrativa ideológica disconforme con el orden político social establecido y prometían combatir la corrupción, renovar el Estado de derecho y asegurar la justicia social. Casi cuatro años después, ya cerca del final de su gobernanza, el saldo de su mandato no solo es decepcionante, sino que evidencia el fracaso en la edificación de un nuevo andamiaje alternativo al Estado deshonesto existente.
En vez de refundación imponen el despotismo. El proceso refundacional, que pretendía superar al modelo neoliberal, es absorbido velozmente por las dinámicas del añoso régimen gubernativo, degenerándolo mucho más. En lugar de romper con las practicas nepotistas, el gobierno castromelista profundiza el despotismo y la opresión estatal. Distribuyendo de manera partidaria los cargos públicos, los contratos y beneficios que recuerdan las peores practicas del bipartidismo. El poder legislativo, lejos de actuar como un contrapeso republicano, lo han convertido en un aparato de imposición, al servicio de los intereses de la oligarquía familiar Zelaya-Castro y el Partido Libre. Han postergado las reformas planteadas en el plan de refundación, distorsionadas otras o utilizadas como cortinas de humo para encubrir la reconfiguración del poder oligárquico y el abuso de poder. Igualmente, controlan políticamente la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico y las Fuerzas Armadas.
La economía la conduce sin una dirección que guie la transformación de la base económica. En consecuencia, persiste el desempleo abierto que afecta a más del 10% de la población, mientras el subempleo y la informalidad superan el 70% del empleo total, según el INE 2024.
El FOSDEH señaló en su informe de Análisis Macroeconómico 2023 que “no hay estrategia clara de desarrollo productivo ni un plan estructurado de inversión pública”, hecho que, causa intranquilidad entre los sectores productivos y aminora la atracción de inversión nacional y extranjera. Asimismo, la falta de créditos para reactivar la producción, hace que muchos productores tiendan a abandonar el campo, porque no hay incentivos para producir. Ante lo cual, el poco desarrollo económico que se ve, resulta insuficiente para detener la migración. Y las remesas destinadas al campo agrícola apenas ajustan para sobrevivir.
Otro legado de la gobernanza castromelista, es la intensificación de la militarización, que la justifican, porque aducen que están combatiendo la extorsión y el crimen organizado, una patraña, para imponer la dominación despótica que ejercen. Por más de doce meses, los hondureños, viven en un Estado de excepción que extenúa los derechos fundamentales al normalizar la presencia de militares en barrios y colonias. Las detenciones arbitrarias y los tratos degradantes resplandecen en la sociedad hondureña. La red COIPRODEN y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) tienen documentados más de 300 casos de detenciones arbitrarias y humillantes que se originan bajo el cerco del régimen de excepción. Implantan la lógica del garrote en vez de establecer una política preventiva e integral de seguridad ciudadana.
Han convertido en legado la “narrativa de la victimización”, porque utilizan un relato que manipula las emociones y el pensamiento del ciudadano, al recordar el supuesto golpe de Estado dado a Mel en el 2009, con el fin de obtener apoyo político o popular. Difunden argumentos simplistas, que apelan a prejuicios y emociones básicas, pero omitiendo dar información relevante o compleja.
Criticar es traicionar la política refundacional. Prefieren mantener callado al pueblo y frustrar cualquier intento de resistencia democrática contrario a la dominación castromelista y del Partido Libre. El victimismo permanente lo utilizan como una acción táctica que busca justificar la persecución y el descredito de toda disidencia interna, al tiempo que premia el servilismo político con cargos y contratos (CNA).
La oligarquía familiar Zelaya-Castro y el Partido Libre quieren heredarnos un país más dividido, más empobrecido y más desconfiado. Dilapidan la oportunidad histórica que les dio el pueblo hondureño en instaurar una refundación antidemocrática, sin participación ciudadana y sin transformación del Estado, pero en establecer una dominación que favorece los intereses familiares de los Zelaya-Castro, el poder del Partido Libre y un control político concentrado en las manos del caudillo dictador Manuel Zelaya Rosales.
La presidente Xiomara Castro, que en su discurso inaugural prometió “no fallarle al pueblo”, nos va a dejar un país con las mismas estructuras de exclusión, represión y dependencia de siempre. Pero ahora, bajo la fachada de un discurso progresista, lo que hace más dolorosa y profunda la desilusión.
SEXTA PARTE
NO HAY CAMBIO REAL EN HONDURAS, SINO FRACASO, CONTINUIDAD Y UN POST-CASTROMELISMO TENEBROSO
La ilusión del cambio: Promesas vs. Realidades
El ascenso del Partido Libre al poder y de Xiomara Castro como presidente de Honduras en 2022, no ha generado cambio real alguno. Y las expectativas populares que generaron al anunciar el fin de la corrupción, una refundación institucional, la justicia social y la soberanía nacional, se convirtieron en charlatanería desvergonzada.
En términos estructurales, el cambió es lapidario. La pobreza multidimensional sigue afectando a más del 70% de la población según datos del PNUD (2024), y la informalidad laboral se mantiene por encima del 75% (INE, 2023).
El tan prometido viraje hacia el establecimiento de un proceso económico social y solidario, basado en el desarrollo de actividades económicas y empresariales con propósitos de priorizar el bienestar social, la cooperación y la solidaridad sobre la maximización del beneficio económico, quedó en el papel, porque al observar la realidad, a casi menos de 130 días para terminar el periodo gubernativo, se ve el predominio del caos institucional, la corrupción publica intensificada, la imposición de la persecución política, el deterioro económico y la amenaza de ejecutar un fraude electoral.
Indicadores clave del fracaso del enfoque político refundacional
A continuación, se presentan algunos datos ilustrativos del estancamiento o retroceso:
Índice de Percepción de Corrupción (Transparencia Internacional, 2024): Honduras cayó del puesto 157 en 2021 al 162 en 2023, señalando el deterioro en la lucha anticorrupción.
Fuga de capital humano: entre 2022 y 2024, más de 260,000 hondureños migraron irregularmente, la mayoría de ellos jóvenes profesionales o trabajadores precarios (OIM,2024).
Violencia y criminalidad: pese al Estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, la extorsión se mantiene en niveles alarmantes, afectando al 40% del comercio formal en zonas urbanas (ASJ, 2024).
Educación y salud: la inversión pública no supera el 5% del PIB en conjunto, con deterioro en infraestructura, falta de insumos y precarización del personal (UNESCO y OMS, 2023).
Déficit democrático: el control institucional ejercido por el ejecutivo, la captura del Ministerio Publico y el uso partidista de la Corte Suprema revelan un patrón de concentración de poder.
Estos indicadores reflejan el fracaso parcial del castromelismo: ni refundación ni transformación, sino la continuidad con políticos socialistas que promueven el despotismo encubierto.
Del castromelismo al post-castromelismo: horizonte dudoso
El castromelismo, como hecho político singular, muestra signos claros de agotamiento:
La pérdida de popularidad de Xiomara Castro ronda el 65% según CID Gallup (abril 2024)
Los conflictos internos en el Partido Libre, particularmente entre facciones juveniles, comunales y militares, revelan tensiones por la sucesión.
La fractura entre Mel Zelaya y otros liderazgos históricos como Jorge Calix, Edgardo Castro, Nelson Ávila, Wilfredo Méndez y otros diputados del Congreso Nacional es ya inocultable.
La base social que impulsó a LIBRE (sindicatos, feministas, campesinos) se ha distanciado al sentirse traicionada.
Todas estas señales sugieren que Honduras está transitando hacia un post-castromelismo incierto, sin claridad sobre si derivará en alternancia democrática o consolidación autoritaria.
Sucesión, reelección encubierta y riesgos autoritarios
Aunque la Constitución prohíbe la reelección presidencial directa, existe un diseño estratégico en marcha: El control del Tribunal Electoral y del Congreso podría facilitar el triunfo de la candidata Rixi Moncada escogida para heredar el poder bajo el control del Partido Libre y su coordinador, apelando al fraude electoral.
O bien, la continuación en el poder por la vía de la instauración de la Asamblea Constituyente.
Oportunidades para la oposición democrática
A pesar del control institucional del oficialismo, sí existen condiciones para una oposición con posibilidades reales, si sabe provecharlas:
Desgaste del gobierno por incumplimiento y corrupción.
Fragmentación interna del oficialismo, que debilita su hegemonía.
Apoyo internacional a una transición democrática, especialmente de la Unión Europea y EE.UU.
Emergencia de nuevos liderazgos civiles, juveniles y regionales.
Pero para consolidarse, esta oposición necesita construir una narrativa coherente, un frente amplio electoral y una propuesta social sólida que desmorone el clientelismo y recupere la institucionalidad.
¿Refundación o restructuración despótica?
Lo que el gobierno llamó refundación terminó siendo una reestructuración del viejo régimen bajo nuevas formas de despotismo:
En vez de democratizar, el Estado es controlado por el Partido Libre.
En vez de justicia, se repartieron cuotas entre familias aliadas a la oligarquía familiar Zelaya-Castro.
En vez de transparencia, se profundizó la corrupción selectiva y el nepotismo.
En vez de un nuevo pacto constitucional, se utilizó el discurso refundacional para justificar el control hegemónico del aparato estatal.
La “refundación” se convirtió en la práctica, en un relato legitimador del despotismo. Genera el desencanto y aprovecha la conquista del poder para establecer peores acciones políticas a las sufridas en el pasado, porque sigue una pauta gubernativa basada en un sistema de dominación perverso y corrupto.
El castromelismo se ha encerrado en un círculo vicioso en el que predominan las mentiras y agotan el tiempo para lograr la manipulación de la ciudadanía y continuar en el poder.
Lo que obliga a las fuerzas democráticas emprender la reconquista de la gobernabilidad por la vía electoral e instaurar una gobernabilidad ética y de unidad.
EPÍLOGO
EN PROSA MÁGICO REALISTA
En algún rincón de la geografía hondureña donde los zopilotes vuelan alrededor de pozos de malacate, los gallos cantan ante la bandera que ondea desgarrada por decreto y los chuchos ladran a la historia, un anciano con la memoria sometida por la política todavía repite, como si fuese plegaria o exorcismo, que una refundación había comenzado. Nadie le responde. Nadie le cree. Ni siquiera los nietos que, mientras huyen del país con sus mochilas de ilusiones partidas, apenas si lo escuchan murmurar los nombres de quienes prometieron reconstruir la patria con adobes de dignidad.
Así se extingue el castromelismo: no con el estruendo de una revolución, ni con la gloria de un pueblo iluminado por el cambio, sino con la mudez arisca de la traición. Quienes anduvieron descalzos por las calles en 2009 ahora caminan con zapatillas elegantes prestadas en otros continentes. Los discursos que juraron dignidad se hicieron decretos de excepción. Y la promesa de refundar el Estado se volvió un merengue alocado que solo bailan los que cobran por bailar.
El país es testigo de una gobernanza que grita “pueblo” desde los corredores de grandes casas, mientras tejen pactos entre sombras, y venden el alma institucional por una cuota en la Corte, un voto en el Congreso o el silencio en canales de televisión. El poder no se comparte: se hereda como finca de abolengo, se administra como empresa familiar y se defiende como fe dogmática.
En nombre del cambio se protege el sistema de dominación con perversidad, con nuevos ejecutores con otros rostros, pero con los mismos vicios más intensos a los imperantes en pasadas épocas de gobernabilidad.
Dicen que cada gobierno deja una escultura: unas de hierro, otras de lodo. El castromelismo dejará una vitrina rota, fotos envejecidas de promesas no cumplidas, y murales pintados con consignas que nadie va a leer. Las palabras “justicia social” son adornos para actos protocolarios; “participación popular” se usa para justificar el nepotismo, y “soberanía” es la máscara para ocultar la dependencia habitual que han instaurado con Venezuela, Cuba, China y otras naciones socialistas como la rusa o las árabes musulmanas.
Pero no todo es desdén. El las aldeas del sur, en las montañas del occidente, en los barrios aguerridos del norte, sobreviven voces que protestan. Campesinas, maestras, obreros y estudiantes que, entre el desengaño y la esperanza, han comenzado a escribir otras páginas, sin pedir permiso ni esperar milagros.
Pensando en lo que escribió García Márquez sobre Macondo, la historia del castromelismo es la de un poder condenado desde su origen a repetirse en espiral, hasta que un día, entre la bruma del desencanto, los demócratas decidan romper el hechizo y narrar el país no desde la nostalgia de la promesa, sino desde la fuerza de la verdad.
Este libro con lecturas políticas, no es una lápida ni una sentencia. Es apenas, una epístola escrita desde el corazón herido de la patria, para que otros la lean cuando ya no haya miedo, cuando el poder sea como debe ser: democrático.
ANEXOS
Cronología de los principales eventos del periodo 2022-2026
2022
27 de enero: Xiomara Castro asume la presidencia como primera mujer presidenta de Honduras.
6 de febrero: Positiviza COVID; solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández desde EE. UU.
15 y 28 de febrero: Detención y extradición de Juan Orlando Hernández a EE. UU. por narcotráfico.
Febrero–abril: Primeras medidas: liberación de presos, cancelación de ZEDEs, eliminación de la minería a cielo abierto y reorganización institucional (creación de Secretaría de la Mujer, Transparencia, Planificación).
8 de abril: Congreso aprueba presupuesto récord (~14.8 mil millones USD, +17%) incluyendo 134 % más para el Consejo Electoral.
24 de abril: Estado de excepción en Colón tras abuso de policías.
Mayo: Abolición de ZEDEs por decreto legislativo.
Junio–julio: Deportaciones suben un 84 %; incremento de operativos contra pandillas en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
2023
3 de diciembre de 2022 – todo 2023: Régimen de excepción prorrogado múltiples veces, con despliegue militar-policial y arrestos masivos (652 detenidos en febrero).
20 de junio: Motín en prisión de mujeres en Támara con 46 muertes; toma militar total del sistema penitenciario.
Julio – octubre: Reformas judiciales: abrogación de decretos que limitaban investigaciones anticorrupción; nueva nominación parcial de Corte Suprema con criterios de mérito, paridad de género y selección de primera jueza afrodescendiente.
Junio: Gabriela Castellanos, directora del CNA deja el país por amenazas tras denunciar nepotismo.
Marzo: Autorizada pastilla de emergencia (Plan B) y levantada la prohibición absoluta de anticonceptivos.
Internacionalmente: Xiomara Castro asume presidencia de CELAC en enero 2024, expresando discurso anti‑hegemonía neoliberal
2024
15 de junio: Anuncio del “mega prisión” para 20 000 reclusos y planificación de declarar pandilleros como terroristas.
26 de junio: Expresidente Juan Orlando Hernández condenado a 45 años de prisión en corte federal de EE. UU.
1 de agosto: Ex comandante de policía Juan Carlos Bonilla Valladares condenado a 19 años en EE. UU. por narcotráfico.
28 de agosto: Anuncio del fin del tratado de extradición con EE. UU. tras críticas diplomáticas.
Septiembre: Corte Suprema declara inconstitucional el marco legal de las ZEDEs; Honduras denuncia el tratado ICSID por litigio millonario de Prospera.
2025 (hasta julio)
Informe Human Rights Watch: persistencia de violencia contra defensores ambientales, desigualdad estructural, políticas de seguridad autoritarias, hacinamiento carcelario y derechos en retroceso.
Freedom House 2025: Poder ejecutivo consolidado, débil independencia judicial, uso extendido del estado de excepción sin supervisión legislativa, sospechas de nepotismo familiar en cargos claves .
Estadísticas económicas, sociales y de seguridad
Indicadores clave de la gobernanza castromelista (2022–2025)
Fuente: Banco Central de Honduras, INE, Observatorio de la Violencia UNAH, PNUD, CEPAL, Policía Nacional, Secretaría de Educación, UNODC.
- Indicadores Económicos (2021–2024)
Indicador 2021 (Precastromelismo) 2022 2023 2024 (Estimado)
Producto Interno Bruto (PIB real, % anual) 12.5 % (post-COVID) 4.0 % 3.5 % 3.0 %
Inflación (Índice de Precios al Consumidor, anual) 5.3 % 10.2 % 8.1 % 7.0 %
Déficit fiscal (% del PIB) -4.5 % -5.2 % -5.8 % -6.0 %
Deuda pública total (% del PIB) 53.0 % 56.4 % 58.1 % 60.3 %
Remesas familiares (% del PIB) 24.0 % 26.3 % 27.8 % 28.5 %
Inversión Extranjera Directa (USD) $620 millones $500 millones $460 millones $420 millones
Tasa de desempleo 9.3 % 8.5 % 8.8 % 9.0 %
- Indicadores Sociales
Indicador 2021 2022 2023 2024 (Estimado)
Pobreza general (% de la población) 73.6 % 74.2 % 73.1 % 72.9 %
Pobreza extrema (%) 53.7 % 54.9 % 54.2 % 53.8 %
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0.634 0.635 0.636 0.637
Cobertura en educación básica (%) 88.5 % 86.0 % 84.2 % 83.7 %
Tasa de deserción escolar (educación media) 16.2 % 17.5 % 18.9 % 19.3 %
Acceso efectivo a servicios de salud pública 52 % 49 % 47 % 46 %
III. Indicadores de Seguridad y Criminalidad
Indicador 2021 2022 2023 2024 (Estimado)
Tasa de homicidios (por cada 100 mil habitantes) 38.0 35.8 31.1 30.2
Denuncias registradas por extorsión 7,158 8,210 10,782 11,300
Casos de desplazamiento forzado (reportados) 11,800 12,400 13,200 13,900
Operativos bajo régimen de excepción — 7,530 9,870 10,100
Vuelos narco clandestinos detectados 6 11 18 20
Notas aclaratorias:
La inflación acumulada entre 2022 y 2024 supera el 25 %, afectando directamente el poder adquisitivo y el costo de vida de los sectores más vulnerables.
Aunque la tasa de homicidios muestra una tendencia a la baja, los delitos como extorsión, desplazamiento forzado y violencia contra mujeres siguen en aumento.
El déficit fiscal y la deuda pública alcanzan niveles que limitan el margen de maniobra para nuevas políticas sociales sostenibles.
La deserción escolar y la reducción del acceso al sistema de salud pública sugieren un deterioro progresivo de los servicios esenciales.
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- Cruz, J. M. (2021). Populismo autoritario en América Central. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales.
En este libro, se desmontan con rigurosidad crítica los pilares del proyecto “refundacional” del castromelismo en Honduras. A través de datos duros, testimonios y análisis político, se retratan cuatro años de demagogia, manipulación y centralización del poder, disfrazados bajo un discurso de cambio.
Desde adentro del sistema político y con la voz de quienes resisten, el autor traza una radiografía del colapso institucional, la represión simbólica, el clientelismo disfrazado de justicia social y la militarización de la vida pública. “Gobernanza Castromelista: Demagogia y Dominación” no es solo una crónica del desencanto, sino también una llamada urgente a la resistencia democrática en tiempos de autoritarismos con rostro progresista.
Marcio E. Sierra sociólogo, Master en Administración de Empresas y PhD en estudios del desarrollo,
analista crítico del régimen castromelista.
Revisión:
Augustin Alfonzo
Diagramación:
Natalia Wood
Portada:
Alejandra Monserrat Castro Sosa
Bibliografía:
Natalia Wood
