By La situación económica de Honduras enfrenta fallas estructurales que están impactando directamente la estabilidad democrática del país, debido a la persistencia de desigualdades regionales, altos niveles de informalidad laboral y una institucionalidad débil, según expone el más reciente análisis del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).
En su documento Economía para la Democracia: estrategias de desarrollo inclusivo y territorial, el organismo sostiene que la democracia no puede consolidarse sin un modelo económico que garantice inclusión y oportunidades equitativas. El informe señala que más de siete de cada diez personas ocupadas trabajan en condiciones de informalidad, lo que limita el crecimiento económico, reduce los ingresos fiscales y perpetúa la exclusión social.
El estudio también advierte que la estructura productiva nacional continúa dependiendo de importaciones y actividades de bajo valor agregado, con escasa capacidad para generar empleo formal, especialmente en zonas rurales y en la región del Caribe hondureño.
FOSDEH subraya que la falta de inversión pública en infraestructura clave —como carreteras secundarias, sistemas de riego, energía, conectividad digital y servicios básicos— amplía las brechas territoriales, incrementa los costos productivos y debilita la competitividad del país.
El análisis relaciona además el bajo dinamismo económico con el avance de la violencia, la corrupción y las economías ilícitas. La débil presencia del Estado en amplias regiones ha facilitado la expansión del crimen organizado, la extorsión y prácticas clientelares, generando desconfianza ciudadana y frenando la inversión.
“La exclusión territorial, la precariedad económica y la captura institucional se alimentan mutuamente, provocando migración forzada, informalidad persistente y deterioro democrático”, advierte el informe.
El documento destaca que jóvenes y mujeres figuran entre los sectores más afectados. El desempleo juvenil es identificado como una amenaza creciente para la estabilidad social, mientras que las mujeres enfrentan barreras estructurales como brechas salariales, sobrecarga de cuidados y limitada inserción productiva.
Asimismo, FOSDEH alerta sobre el impacto de la degradación ambiental, la deforestación y la vulnerabilidad climática, factores que golpean especialmente a comunidades rurales y a las MIPYMES agrícolas sin acceso a financiamiento ni mecanismos de protección.
Ante este escenario, el organismo propone una hoja de ruta basada en siete pilares, entre ellos la inversión productiva con enfoque territorial, el fortalecimiento de las MIPYMES, políticas de empleo digno, transparencia institucional, sostenibilidad ambiental, mejora de servicios públicos y mayor participación económica de mujeres y jóvenes.
El informe concluye que el reto central de Honduras es transformar un modelo económico concentrado y excluyente en uno que promueva equidad regional, empleo de calidad e instituciones sólidas. “La democracia se construye también desde la economía, cuando esta genera oportunidades reales para todos los territorios”, enfatiza FOSDEH, advirtiendo que sin reformas estructurales la distancia entre el Estado y la ciudadanía continuará ampliándose.
