By El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, denunció un presunto uso indebido de recursos del Estado durante la gestión del exprocurador Manuel Díaz Galeas, quien habría autorizado el pago de una defensa legal privada con fondos públicos para enfrentar una demanda civil en Estados Unidos.
De acuerdo con Aspra, el 26 de enero, cuando Díaz Galeas aún ejercía funciones, se firmó un contrato con un bufete estadounidense por un monto de 310 mil dólares, el cual fue cancelado de forma anticipada con recursos de la Procuraduría General de la República (PGR).
El contrato tenía como propósito presentar una moción para desestimar una demanda interpuesta por un ciudadano estadounidense o, alternativamente, solicitar que el proceso fuera trasladado a la ciudad de Washington.
Sin embargo, el actual Procurador explicó que la acción legal no estaba dirigida contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal, entre ellos el propio exprocurador, el fiscal general de la República y otros exfuncionarios del gabinete del gobierno anterior.
“Se utilizaron recursos públicos para cubrir una defensa estrictamente personal. Eso representa un abuso grave del erario”, manifestó Aspra, al calificar el hecho como una posible violación a la ley.
La situación, según explicó, se complica aún más debido a que el Ministerio Público no puede conocer el caso, ya que el fiscal general figura como uno de los demandados y habría sido beneficiario de la defensa financiada con fondos estatales.
Ante este escenario, la Procuraduría analiza qué instancia nacional o internacional podría asumir la investigación para deducir responsabilidades penales y administrativas.
Aspra también advirtió que existen indicios de sobrevaloración en los honorarios del bufete contratado, ya que el monto pagado resultaría excesivo en relación con las gestiones realizadas.
“De manera preliminar, los valores parecen inflados. Estamos verificando en Estados Unidos cuáles son los costos reales de este tipo de servicios legales”, señaló.
El funcionario no descartó solicitar el apoyo de agencias estadounidenses para rastrear el destino del dinero y determinar si hubo otras irregularidades en la transacción.
“Estamos evaluando mecanismos de cooperación internacional para seguir la ruta de los fondos y esclarecer completamente este caso”, concluyó.
El señalamiento se perfila como uno de los más delicados sobre presunto uso indebido de recursos públicos relacionados con la administración pasada y ha generado nuevas exigencias de rendición de cuentas desde distintos sectores.
