By La designada presidencial María Antonieta Mejía denunció que la exministra de Salud, Carla Paredes, habría aprobado un incremento salarial de 70 mil lempiras durante su gestión, un ajuste que calificó como una “grosería” y que generó indignación por el contexto económico y social del país.
Según Mejía, el salario base de la Secretaría de Salud es de aproximadamente 30 mil lempiras, por lo que con el aumento aprobado, la exfuncionaria habría percibido cerca de 90 mil lempiras mensuales. Este ajuste se habría otorgado sin justificación pública ni aprobación por instancias superiores, lo que, según la designada, refleja una falta de transparencia en el manejo de recursos estatales.
“No hizo su mejor trabajo, simple y sencillamente se va y aún así se autoriza un aumento de esta magnitud. Esto es una grosería y no le genera beneficio alguno al pueblo hondureño”, afirmó Mejía durante una entrevista reciente.
La denuncia se produce en un momento en el que el gobierno actual ha anunciado la eliminación de 38 instituciones públicas como parte de un plan de austeridad y racionalización del gasto estatal. La designada presidencial subrayó que decisiones como la de Paredes contradicen los esfuerzos por optimizar los recursos del Estado y garantizar que los fondos públicos se utilicen para programas prioritarios como salud, educación e infraestructura.
Mejía también criticó la gestión de la exministra, indicando que los resultados en el sistema sanitario durante su administración no justifican un incremento de este tipo. Señaló que los ciudadanos enfrentan diariamente problemas de acceso a servicios médicos, falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales públicos, mientras que la exfuncionaria habría autorizado un aumento significativo a su salario.
El caso ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, que consideran que este tipo de acciones refleja prácticas poco transparentes en la administración pública y enfatizan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de salarios y beneficios de los funcionarios.
Diversos analistas y representantes de organizaciones civiles han señalado que situaciones como esta pueden afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y ponen de relieve la urgencia de implementar reformas en la gestión de recursos humanos y financieros del sector público.
La designada presidencial concluyó señalando que este tipo de decisiones no serán toleradas bajo la nueva administración y reafirmó su compromiso de garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente, priorizando siempre el bienestar de los hondureños.
