By El 1 de abril, el abogado Leonel Núñez presentó formalmente una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por un presunto manejo indebido de fondos públicos en el Instituto de la Propiedad (IP).
Los hechos se refieren a un viaje realizado por comisionados del IP a la Nación de Cuba, el cual, según la denuncia, estaría vinculado a actividades ajenas a las funciones oficiales de los funcionarios involucrados, generando dudas sobre el uso de recursos del Estado.
Según la denuncia, los comisionados Esdras Gutiérrez, presidente de la Comisión Interventora del IP; Jennifer Flores comisionada adjunta; y Lenín Flores, comisionado adjunto, viajaron a Cuba entre el 26 y el 28 de marzo con el propósito de asistir al XII° Encuentro Internacional de Abogados Laboristas y del Movimiento Sindical.
A este evento, también acudieron otros supuestos empleados del IP, como Patricia Antúnez y Eduardo Varela. Se ha señalado que, además de estos, viajo otra persona cuya identidad no ha sido confirmada, lo que añade un nivel de incertidumbre a la gestión de estos fondos.
El encuentro, según la información disponible, estuvo orientado a representantes de organismos sindicales interesados en reflexionar y profundizar sobre los cambios ocurridos en el continente y fortalecer el derecho al trabajo.
Sin embargo, se desconoce a qué sindicato representaron los comisionados y empleados del IP en este evento. En caso de que no se haya justificado adecuadamente este viaje, el togado exige el reembolso de los recursos utilizados y una revisión exhaustiva de si los fondos públicos fueron destinados a este propósito.
El abogado Núñez también cuestionó cuál fue el beneficio tangible que este viaje y su formación aportaran al país. Consideró que, dada la naturaleza del viaje, no está claro cómo este tipo de formación o encuentro contribuirá a mejorar los servicios del IP ni a cumplir con los objetivos para los cuales se constituyó la Junta Interventora.
El Decreto Ejecutivo PCM 14-2024, que establece la Junta Interventora del IP, señala que las funciones principales de los comisionados son la administración y el funcionamiento de la entidad, con especial atención a la investigación de actos de corrupción. En este sentido, el viaje a Cuba no solo parece estar fuera de lugar, sino que también levanta dudas sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos.
Finalmente, el abogado Núñez destacó la falta de transparencia, al no encontrar información pública sobre los informes de la intervención o sobre los objetivos específicos de este viaje en el portal de transparencia del IP. Exigió que se realice una investigación a fondo para aclarar la legalidad de estos gastos y, de ser necesario, tomar las acciones correspondientes.
