El nuevo arancel global del 15% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor este martes como una medida temporal luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara parte de su esquema previo de gravámenes.
El mandatario anunció inicialmente una tasa del 10%, pero un día después la elevó al 15%, argumentando que se trataba de una de sus “poderosas alternativas” tras el revés judicial que dejó sin efecto los llamados aranceles “recíprocos” adoptados bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.
La nueva tarifa fue aplicada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y comenzó a regir desde la medianoche de este martes. Tendrá una vigencia aproximada de 150 días, hasta el 23 de julio, y solo podrá extenderse con la aprobación del Congreso.
De acuerdo con la Casa Blanca, el arancel excluye productos agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos, minerales críticos, metales destinados a la acuñación de monedas, ciertos bienes energéticos y aeroespaciales, así como donaciones y equipaje relacionado.
Tampoco se verán afectados los sectores que ya estaban sujetos a gravámenes fuera del marco de la IEEPA, entre ellos el acero y el aluminio —gravados con un 50%— ni los productos contemplados en el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
El fallo del Supremo también anuló aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al combate del fentanilo, así como incrementos de hasta el 50% a Brasil e India. Sin embargo, en una orden ejecutiva separada, Trump mantuvo suspendida la exención “de minimis”, que impacta principalmente al comercio electrónico y a plataformas extranjeras.
La decisión ha generado incertidumbre entre socios comerciales de Estados Unidos y abrió un nuevo frente político en el Congreso. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que su partido bloqueará cualquier intento de extender los aranceles cuando expiren en verano, al considerar que encarecen los precios para los consumidores.
Con esta medida, la administración Trump busca mantener presión comercial mientras se define el alcance definitivo de su política arancelaria tras el pronunciamiento del máximo tribunal.
