By La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) informó este jueves que se negará a publicar el decreto de prórroga de sesiones ordinarias del Congreso Nacional si el documento no cuenta con la firma del presidente del Legislativo, Luis Redondo, y la verificación correspondiente de la Secretaría de la Presidencia.
El rechazo de ENAG surge luego de que diputados de la oposición aprobaran, en una sesión autoconvocada, un decreto que amplía el periodo de sesiones ordinarias del Congreso del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026. Según el director de ENAG, Amílcar Valdés, ese órgano solo puede recibir documentos emitidos bajo el filtro oficial y con la firma del presidente del Congreso.
La situación refleja la profundización de la crisis legislativa en Honduras: por un lado, la oposición acusa al oficialismo de paralizar las sesiones para imponer una Comisión Permanente; por otro, la directiva del Congreso, encabezada por Redondo, no ha convocado a plenaria desde hace más de dos meses.
La ENAG dejó en claro que no publicará el decreto si no se cumplen los protocolos establecidos, agregando que no tiene instrucciones para recibir documentación presentada únicamente por partidos o bancadas sin respaldo institucional. La decisión pone en entredicho la validez del decreto aprobado por la oposición, ya que la publicación oficial es un requisito para su vigencia.
Analistas coinciden en que este enfrentamiento institucional podría tener implicaciones directas en la gobernabilidad, pues de no publicarse el decreto o convocarse a sesiones, el Congreso podría entrar en receso y delegar funciones a una Comisión Permanente, lo que limitaría el pleno legislativo.
En este contexto, la oposición ha adoptado una postura de autoconvocatoria y ha señalado que la inacción del Legislativo responde a una estrategia del oficialismo para debilitar la separación de poderes y controlar la agenda política de cara a las elecciones de 2025.
La tensión no solo se centra en el documento de prórroga, sino que también pone de manifiesto el conflicto por la legitimidad del presidente del Legislativo, la legalidad de las sesiones autoconvocadas y el papel de la impresión oficial como mecanismo de validación legal de los decretos.
