La propuesta impulsada por el diputado del Antonio Rivera Callejas ante el Congreso Nacional de Honduras busca reformar el Código Penal de Honduras para endurecer significativamente las sanciones por delitos de violación y abuso sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad o cuando el agresor tiene una relación de autoridad o familiar con la víctima.
Según la iniciativa presentada, las penas actuales por violación, que en algunos casos rondan los 11 años de prisión, serían reemplazadas por sanciones mucho más severas que incluyen prisión de entre 30 y 40 años o incluso cadena perpetua en situaciones agravadas. Esto significa que, de ser aprobada la reforma, los jueces tendrían la facultad de imponer condenas que podrían durar toda la vida del agresor sin posibilidad de liberación anticipada.
Además, la ley propone la incorporación de la castración química obligatoria como medida complementaria en ciertos casos, tales como cuando la víctima sea menor de edad, el agresor sea reincidente o tenga una relación de confianza o autoridad sobre la víctima. La castración química consiste en administrar fármacos que reducen los niveles de testosterona y, con ello, la libido y la actividad sexual del agresor, con el objetivo de disminuir la probabilidad de reincidencia.
Rivera Callejas ha defendido la propuesta argumentando que las sanciones actuales no reflejan la gravedad de estos delitos y que las víctimas enfrentan secuelas permanentes. Sin embargo, reconoció que la medida podría generar un debate en materia de derechos humanos y que organismos de defensa de derechos humanos podrían cuestionarla.
En el Congreso Nacional, la iniciativa debe ser turnada a comisiones para su análisis técnico y jurídico antes de ser discutida y votada por los legisladores, y su aprobación final requeriría mayoría simple de los diputados presentes.
