By Por: Juan Carlos Jara
A lo largo de la historia, los regímenes socialistas autoritarios han tenido una característica en común:
el temor profundo y visceral a la fe. Donde hay conciencia espiritual, hay pensamiento libre; y donde
hay pensamiento libre, hay resistencia a la imposición ideológica. Por ello, no es casualidad que en
países sometidos al modelo del Socialismo del Siglo XXI, las iglesias —ya sean católicas, evangélicas
u otras confesiones cristianas— hayan sido objeto de persecución, desprecio y ataques sistemáticos.
Honduras, lamentablemente, no es la excepción. Lo que hoy presenciamos bajo el régimen
Castro-Zelayista es una reproducción casi calcada del patrón cubano y venezolano: control de la
institucionalidad democrática, infiltración de las organizaciones sociales y, por supuesto, el
hostigamiento a las iglesias como último bastión moral de la ciudadanía.
El reciente irrespeto a la
solicitud de las iglesias católicas y evangélicas de abstenerse de manifestaciones políticas durante la
caminata de oración programada para el sábado 16 de agosto, confirma que el oficialismo no solo
desoye, sino que desafía deliberadamente la voluntad espiritual del pueblo hondureño.
Este hecho es
grave. No se trata de un desacuerdo ideológico. Se trata de una violación abierta al derecho
constitucional de libertad religiosa y de reunión pacífica. Al instrumentalizar políticamente estos
espacios, el oficialismo busca deslegitimar, contaminar y finalmente desmovilizar a las iglesias. ¿Por
qué tanto miedo a una caminata de oración? Porque en la oración hay unidad, y en la unidad hay
amenaza para el poder ilegítimo.
Recordemos que en Nicaragua, bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo,
el proceso fue similar: primero se infiltró el discurso religioso, luego se cerraron emisoras cristianas, y
más tarde se encarceló a sacerdotes y obispos. En Venezuela, se intentó subordinar a la Iglesia
Católica mediante chantajes fiscales y presión mediática.
En Cuba, la represión a las comunidades
religiosas ha sido permanente desde 1959. El caso hondureño debe ser denunciado antes de que
lleguemos a esos extremos. Por ello, llamo a los ciudadanos, a las organizaciones de derechos
humanos, y a la comunidad internacional a estar vigilantes. No se puede permitir que la fe del pueblo
hondureño sea pisoteada por un proyecto político que ve en Dios un rival y no una guía. Honduras es
un país profundamente creyente. Si el régimen de turno insiste en confrontar a la iglesia, será el
pueblo, desde su espiritualidad, el que le exija cuentas y justicia. La historia nos enseña que ningún
imperio, por poderoso que se crea, ha podido silenciar la fe.
