By Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
En Honduras el Estado no es garante del bien común, pero es un mecanismo a través del cual, se acumulan riquezas ilícitas por cúpulas políticas y burocráticas que, una vez dejan de controlar el poder, pasan a formar parte de las elites adineradas del país. En este sentido, sostenerse en el poder significa principalmente, alargar el tiempo para consolidar grandes fortunas. El poder público, se ha convertido en botín para quienes lo administran y la función de dar servicio la pervierten. En otras palabras, los partidos políticos son el vehículo que los políticos inescrupulosos utilizan para tomar el poder y realizar sus fechorías. Y, esto es precisamente, lo que hace el Partido Libre a lo largo de su gobernanza, pero critican al Partido Nacional y al Partido Liberal, por permitir la corrupción pública. Hoy por hoy, con el poder en sus manos, actúan con mayor traición, perfidia o felonía. Escondiéndose bajo el disfraz de “revolucionarios socialistas” que luchan contra los malévolos opositores pro capitalistas; contrariamente, instauran un sistema de dominación mucho más corrupto que los vividos en tiempos pasados. El Partido Libre, es dirigido por una cúpula de políticos amorales e irreverentes que han causado que la desconfianza ciudadana hacia los políticos aumente, que el deterioro institucional haga retroceder el desarrollo nacional y que la pobreza estructural marque al país. La tal refundación, no es más que una corrupción pública a gran escala o generalizada.
Ha llegado el momento de poner fin a este ciclo perjudicial que hunde a Honduras. La ciudadanía democrática, que constituye la mayoría de hondureños, tiene la responsabilidad histórica de conquistar el poder y asegurar que el partido democrático que gane, fortalezca una institucionalidad independiente. Un Ministerio Público con autonomía real, tribunales de cuenta con instrumentos afilados, y entes contralores blindados de presiones políticas, convirtiéndoles en pilares indispensables con capacidad de investigar, sancionar y combatir la corrupción como un delito de alto costo.
Es necesario eliminar la influencia partidista, cerrar los espacios de opacidad, profesionalizar y tecnificar la gestión pública, ofreciendo los servicios al ciudadano de manera imparcial y objetiva. La gobernanza socialista refundacional es turbia y asumen esta actitud como un derecho político que han ganado, fomentando el saqueo como conquista ganada.
Asimismo, la despolitización de la administración pública debe establecerse inaplazablemente e instaurar procesos que eviten dar los puestos gubernativos como favores partidarios; el Estado hondureño, no puede seguir siendo una agencia de empleos para clientes políticos. Este modo de proceder hay que cambiarlo y, en su lugar, crear nuevas fuentes de trabajo productivos que impulsen el crecimiento económico y no la empleabilidad burocrática improductiva. En un Estado clientelar como el que tiene Honduras actualmente, no se puede pensar en la profesionalización del servicio civil como condición necesaria para que el mérito sustituya al compadrazgo. En la gobernanza socialista refundacional, el rol del servicio civil queda supeditado a las directrices y mandatos del Partido Libre.
En los tiempos de dominación nacionalista y liberal también tuvieron hábitos similares, aunque con mayor apertura laboral, lo que no se posibilita con los socialistas. La responsabilidad penal y patrimonial efectiva para los funcionarios socialistas no es requerida. El que roba al Estado lo protegen y no lo meten a la cárcel, tampoco le tocan el patrimonio. Sin embargo, si se trata de funcionarios del Partido Nacional, los oprimen hasta llevarlos a prisión si es posible. Con los castromelistas en el poder la ley de extinción de dominio patrimonial solo es aplicable en los casos de opositores con la excusa de frenar el enriquecimiento ilícito.
En conclusión, tenemos un Estado botín sin contrapesos externos que lo hace presa fácil de la corrupción. Los demócratas al ganar las elecciones tienen que instaurar una infraestructura institucional sólida, con transparencia radical, profesionalización del aparato público y una sociedad que no tolere la impunidad.
